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Juicio

Rodríguez Ponga asegura que Hacienda conocía las tarjetas ‘black’

El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga ha declarado que las visas no eran opacas aunque ni él tenía control de sus gastos ni el consejo del de los consejeros

Juande Portillo

Ha habido que esperar a la quinta sesión del juicio a los 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia, que cargaron más de 12 millones de euros en gastos personales sin justificar a las tarjetas black, para escuchar dentro de la sala esta denominación a las visas opacas o escuchar el relato de algunos de los gastos concretos de los acusados, lo que ha convertido la sesión de este miércoles en la que más murmullos e indignación ha despertado entre los procesados.

El primero en prestar declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional, en la sede de San Fernando de Henares, ha sido Estanislao Rodríguez Ponga, que trabajó en la asesoría fiscal de Caja Madrid desde 1999, pasó a luego ser la mano derecha de Cristobal Montoro como secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, para ser nombrado luego consejero de la caja.

Rodríguez Ponga, que cargó 255.372 euros a su visa opaca, ha sostenido que como responsable de la asesoría fiscal de Caja Madrid nunca tuvo conocimiento de estas tarjetas porque el departamento funcionaba a requerimiento y en ningún caso se les pidió que valoraran estas visas.

“Pero hemos visto en la causa actas de inspección de Hacienda de 2003 y de 2006 del impuesto de sociedades donde se demuestra que la inspección de Hacienda conocía la cuenta de las tarjetas y por tanto la existencia de las tarjetas”, ha aseverado.

“La inspección de Hacienda conocía esa cuenta y los libros mayores con la anotación de los gastos de visa de los consejeros. Esas actas, firmadas por Bankia, son de un año antes del informe de la auditoría interna de Bankia del 25 de junio de 2014 que luego se eleva a la fiscalía diciendo que las tarjetas eran opacas a Hacienda”, ha dicho, negando la mayor, el hecho de que las tarjetas fuera black.

“Un año antes, Bankia sabía que la inspección de Hacienda conocía la existencia de las tarjetas”, ha remachado exponiendo que sus declaraciones fueron objeto de una inspección de la Agencia Tributaria que ha quedado suspendida, a lo que el fiscal ha matizado que solo se ha paralizado al abrirse la causa judicial.

Rodríguez Ponga ha declarado que la tarjeta se la dio el secretario del consejo Enrique de la Torre en junio de 2006, que en una reunión en su despacho le explicó que ser consejero llevaba asociada una retribución variable, en forma de dietas fijas por cada reunión del consejo a la que se asistía, más una fija de 25.000 euros al año, en forma de unos 2.000 euros al mes “en una tarjeta para gastos de representación” de la que “no tenía que justificar los gastos”.

“Le dije que en comidas no gastaría tanto y me dijo, no, este dinero es tuyo y podrás disponer de él”, ha dicho que le dijo, y que le entregó el PIN de la tarjeta dándole permiso para sacar dinero de los cajeros.

“Entendí que era remuneración en concepto de gastos de representación puesto que era una cuantía fija sin necesidad de justificar”, ha dicho aclarando que la ley distingue entre dos tipos de gastos de representación, unos como remuneración, que serían los asociados a la tarjeta, y otros que sí hay que justificar, “asignaciones exentas porque no son remuenraciones del que las percibe”.

“Quiero aclarar que una cuestión es la remuneración y otra cosa la movilización de la remuneración, cómo se dispone de ella. Cuando una remuneración se satisface en una cuenta corriente, uno puede movilizar la totalidad de la cuenta en un solo día. En las tarjetas de crédito, por seguridad se impone un límite. Pero estos límites son siempre cuando la tarjeta tuviera saldo. Si en tres meses no hacía disposiciones el saldo era de 6.000 euros”, ha ilustrado.

Preguntado por el fiscal sobre por qué no agotó el saldo todos los años si este era su remuneración, Rodríguez Ponga ha dicho que no da por buenas las hojas de Excel aportadas por Bankia con los gastos de los acusados, si bien luego ha aseverado a su abogado que “cada año, a final de año, preguntaba el saldo para poder agotarlo porque si no lo agotaba lo perdía”.

Entonces, por primera vez en lo que va de juicio, el fiscal Alejandro Luzón ha comenzado a relatar los gastos que aparecen en la hoja para ver si reconoce alguno (restaurantes, gasolineras, el Parque Warner, tiendas de deporte, hoteles en Lanzarote, en San Sebastián, Viajes El Corte Inglés o 1.700 euros el día antes de Nochebuena de 2007 en el Hipercor de San Chinarro), lo que ha despertado murmullos de preocupación entre os 59 acusados que restaban por ocupar la silla del acusado.

“No sé si esos gastos se han producido o no porque he dicho que ese listado tiene grandes errores y no se sabe quién lo ha emitido”, ha dicho señalando que la hoja contiene “gastos duplicados, triplicados, en sitios diferentes, imposibles de realizar al ser fuera del horario comercial, y con un último cargo de 18.000 euros del que no viene justificación”.

Rodríguez Ponga ha defendido que es la entidad quien tiene que demostrar que los gastos se han hecho y no él, y que se les deben aportar los recibos con su firma para darlos por bueno, asegurando que él firmó siempre, cuestionado por el fiscal si lo hacía, por lo que no da por buenos los gastos que se le imputan.

El fiscal le ha preguntado cómo controlaba sus gastos y Rodríguez Ponga ha asegurado que no tenía control ninguno pues nunca le enviaron extractos de movimientos ni podía revisar sus gastos de forma alguna.

“¿No pudo saber si le metían 8.000 euros de gastos en Hipercor que usted no había realizado y que iban contra su propio patrimonio? ¿Es forma razonable de gestionar su remuneración, no llevar un control de gastos?”, le ha interrogado el fiscal.

“Cuando yo llego al consejo en 2006 el sistema de las tarjetas llevaba establecido 18 años y funcionaba así, yo lo admití como una cosa que venía funcionando de esta manera y que lo más que podía saber uno era su saldo y nada más”, ha contestado el acusado tras una pausa, matizando que “el extracto iba al titular”, que eran Caja Madrid, “y no al beneficiario”, que sería él.

Rodríguez Ponga ha admitido que no tenía control ninguno sobre gastos indebidos realizados por su tarjeta y que confiaba en que Caja Madrid los hubiera detectado de haberse producido. “Ellos sabrán cómo los detectan. Es una entidad financiera”, ha dicho cuando el fiscal le ha preguntado cómo podría saber la tarjeta qué gastos no ha hecho si él no denunciaba cargos irregulares.

El exsecretario de Hacienda ha declarado que la ampliación del límite de gasto se hacía “según avanzaba el año” para poder gastar el límite anual que le habían concedido. “En algún momento se subió, no recuerdo si en 2008 o en 2009. Tenía 2.000 euros al mes y luego se duplicó a 4.000 y pico al mes”, ha dicho.

Preguntado sobre si el gasto con las tarjetas se incluía en los informes anuales de remuneraciones, Rodríguez Ponga ha dicho que era “lógico” que sí, pero repreguntado sobre si efectivamente lo era, ha matizado que el informe lo elaboraba la secretaría general, y que a ellos se les presentaba un borrador con “las líneas generales” para su aprobación.

En su opinión, sin embargo, al estar los datos sin desagregar “era difícil comprobar, no se pude” saber si se incluía el gasto con las tarjetas porque las cifras dependían de las dietas de asistencia y ni él “llevaba control de las asistencias” que llevó a cabo ni se tenían control de las del resto.

A este respecto, Antonio Romero Lázaro (que gastó 252.009 euros), que formó parte de la comisión de retribuciones de 2006 a 2009, se ha mostrado incapaz de aseverar si los gastos de las visas opacas eran incluidos en el informe corporativo.

Romero Lázaro ha asegurado que la comisión no tomaba decisiones sobre estas tarjetas, que eran una cuestión manejada por presidencia. “Se nos daba por hecho”, ha dicho, señalando que no hay referencia en las actas a estas visas porque nunca tomaron decisiones sobre ellas, pero que da por sentado que la información la incluía la secretaría en los informes anuales y corporativos.

El fiscal le ha dado una muestra entonces en la que aparece un cuadro con todos los conceptos desagregados, incluyendo dietas, pero en la que no se encuentran detallado el gasto en tarjetas, y le ha preguntado si la cifra agregada final incluía el gasto con visas opacas. “No lo sé con sinceridad”, ha declarado el acusado.

El fiscal ha subrayado que obviamente no aparecen, “por una cuestión matemática” al sumar los importes facturados cada año con las “tarjetas 'black” un término que no había sido pronunciado como tal en lo que va de juicio y que ha despertado un murmullo reprobatorio entre los acusados, que Luzón se ha quejado le impedía continuar con el interrogatorio. El fiscal se ha disculpado tras el receso por usar un término que, ha dicho, no es suyo.

Enfado en la bancada de acusados

La indignación que ha comenzado a correr por la bancada de acusados cobró carne en la figura de Ignacio Navasqües (que cargó a su tarjeta 194.886 euros), quién aseveró que los usuarios de las tarjetas han sido “objeto de un escarnio público” solo por el hecho de que tras la debacle de Bankia “se buscó en el consejo a ver qué se podía encontrar” que fuera escandaloso.

“Hoy he venido aquí humilde pero la vez que fui al juzgado [durante la instrucción de la causa] fui humilde y humillado”, se ha quejado visiblemente emocionado José Manuel Fernández Norniella (que gastó 185.666 euros), exconsejero y exvicepresidente de Caja Madrid.

“En 18 años nadie jamás me llamó la atención”, remachó con enfado también el popular Ricardo Romero de Tejada defendiendo el uso de su tarjeta, con la que gastó 212.216 euros.

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