Así es la subida fiscal en el impuesto sobre sociedades
El Gobierno recupera un tipo mínimo en los pagos fraccionados del 23% para recaudar 8.000 millones adicionales La medida se publicará hoy en el BOE y estará vigente como mínimo hasta 2018.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el decreto-ley que recupera un tipo mínimo en los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, una figura fiscal que el Gobierno suprimió este año y que ha generado un notable agujero fiscal. Entre 2012 y 2015, el gravamen mínimo era del 12% del resultado contable y afectaba a empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones.
Ahora, el tipo mínimo será del 23% y se aplicará a empresas que facturan más de 10 millones de euros. Ello ha generado un gran malestar entre las empresas porque el Gobierno en ningún momento había planteado bajar el umbral. Hacienda había estimado en un primer momento que la subida fiscal afectaría a unas 4.500 empresas y, finalmente, serán 9.000 sociedades las que verán aumentada su factura fiscal. En el caso de los bancos y las petroleras, el gravamen mínimo será del 25%.
La intención del Gobierno es que el incremento de los pagos fraccionados se aplique ya este mes y, por ello, el decreto-ley se publicó el viernes en un BOE extraordinario. La norma deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días. En cualquier caso, su aplicación es inmediata. En el caso de que no se obtuviera el visto bueno del Parlamento, el decreto-ley desaparecería del ordenamiento. Por lo tanto, si el Congreso no lo convalida, la medida no se aplicaría en el pago fraccionado de diciembre.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en la idea de que no se trata de una subida fiscal, sino que simplemente es un anticipo. Así, las empresas abonan más dinero en los pagos fraccionados y, cuando presenten la declaración anual el próximo año deberán asumir una cuota tributaria menor o tendrán derecho a una devolución. Sin embargo, el tipo mínimo se mantendrá varios años y ello provoca que la medida del Gobierno equivalga a efectos prácticos a una subida fiscal.
CEOE emitió un comunicado criticando la medida y señaló que elevar los anticipos implica que “las empresas financiarán al Estado a un tipo cero”. La patronal denunció que el dinero que se adelante a la Agencia Tributaria no “podrá ser dedicado a la inversión” y tendrá un impacto negativo sobre el empleo.
Montoro señaló que el gravamen mínimo en los pagos fraccionados estará vigente hasta que el déficit baje del 3% del PIB, un hecho que no se producirá como mínimo hasta 2018. La experiencia indica que este tipo de medidas suelen prolongarse.
Por otra parte, Hacienda también ha modificado la fórmula de cálculo del pago fraccionado a las empresas que facturan más de diez millones. Hasta ahora, abonaban un 17% de su base imponible y, a partir de ahora, pagarán el 24%. El tipo mínimo entrará en vigor si el resultado de esta operación da una cuota a pagar que es inferior al 23% del resultado contable.
Iniciativa para reformar la Ley de Estabilidad
El Partido Popular presentó el viernes una proposición de ley orgánica para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012. La iniciativa pretende que se permita a un Gobierno en funciones revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria cuando una decisión de la Unión Europea así lo aconseje. Esta es la situación en la que se encuentra España. Actualmente, el objetivo de estabilidad autonómico aprobado por el Congreso y publicado en el BOE se sitúa en el 0,3% del PIB. Ante la mala situación de las cuentas públicas, Hacienda fijó una nueva senda de consolidación fiscal a inicios del ejercicio y elevó al 0,7% el límite de déficit autonómico, una cifra que se incorporó en el Programa de Estabilidad remitido y fue aceptado por Bruselas. Sin embargo, la parálisis política ha impedido que se aprobara oficialmente el nuevo objetivo. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que si la iniciativa del PPsale adelante, el Gobierno podrá establecer oficialmente el límite de déficit autonómico en el 0,7% y suavizar también los umbrales de los próximos años. Ello permitirá liberar 4.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).En cualquier caso, el objetivo regional del 0,7% se estableció antes de que la Comisión Europea planteara en julio una senda de consolidación fiscal más suave y que supuso elevar del 3,6%al 4,6% del PIB el límite de déficit del conjunto de la Administración Pública. Sin embargo, el Gobierno no plantea compartir este año con las comunidades ese mayor margen fiscal. La flexibilidad de Bruselas beneficiará a la Administración central y, especialmente, a la Seguridad Social.
