Hacienda limita la revisión de la amnistía fiscal que impulsa C's

Hacienda realizará comprobaciones, pero rechaza exigir el tipo del 10% a rentas afloradas de períodos prescritos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

El Congreso de los Diputados aprobó el martes a instancias de Ciudadanos y con el apoyo parcial del Partido Popular, revisar la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Se trata de una proposición no de ley que pretende que los contribuyentes que se acogieron al perdón fiscal tributen efectivamente al gravamen del 10% que se estableció en el polémico proceso. El argumento de fondo, que el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre lleva años defendiendo, sostiene que Hacienda suavizó todavía más la amnistía fiscal a través de una interpretación de la Dirección General de Tributos que estableció que el tipo del 10% se aplicase no sobre el conjunto de la renta defraudada, sino solo sobre los anteriores cuatro ejercicios no prescritos. De la Torre recordó que la amnistía fiscal aportó una recaudación de 1.193 millones, aunque se afloraron –según estimaciones de Hacienda– unos 40.000 millones. Ello supone un tipo efectivo del 3% y, por lo tanto, Ciudadanos reclama que se exija a los amnistiados que abonen el 10% sobre el total de los 40.000 millones, incluyendo los ejercicios prescritos. Ello supondría el pago de 2.800 millones adicionales.

Ni el Partido Popular ni el Gobierno asumen esta tesis, a pesar de que han avalado parte de la proposición no de ley. En concreto, el partido de Mariano Rajoy votó a favor del siguiente punto: “Realizar con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012 de 30 de marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria”.

Sin embargo, ese párrafo no significa lo mismo para Hacienda y Ciudadanos. La Administración interpreta que se trata simplemente de revisar que se abonó un 10% por la renta aflorada de los períodos no prescritos. Para Hacienda, el informe de la Dirección General de Tributos que abordó las cuestiones de la prescripción no supuso un cambio de criterio, sino una mera aclaración de lo reflejado en el real decreto.

Precisamente por este motivo, el Partido Popular no apoyó y se abstuvo en la votación de los siguientes dos puntos en los que el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a anular el informe de la Dirección General de Tributos y reclamó que se ordene a la Agencia Tributaria iniciar las comprobaciones a los contribuyentes acogidos a la regularización fiscal. Ciudadanos justifica esa urgencia en el hecho de que el próximo 30 de noviembre prescribe el plazo para revisar las declaraciones de la amnistía.

Fuentes de diversos despachos fiscales también han mostrado sus dudas de que sea posible exigir ahora un gravamen adicional a los amnistiados, contradiciendo así la interpretación de un informe de Tributos y poniendo en marcha un nuevo proceso que probablemente acabaría dirimiéndose en los tribunales.

Además, los 40.000 millones que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que se afloraron con la amnistía fiscal son una estimación. Muchos contribuyentes solo consignaron en su declaración la renta aflorada de los ejercicios no prescritos y, por lo tanto, se desconoce el capital inicial defraudado.

Por otra parte, la proposición no de ley simplemente insta al Gobierno a adoptar determinadas decisiones, pero no obliga al Ejecutivo. De hecho, fuentes de Ciudadanos reconocen que las posibilidades de que se cumpla la propuesta aprobada por el Congreso son escasas por la falta de voluntad del Gobierno. En cualquier caso, Hacienda sí señala su disposición a revisar el proceso de la amnistía, pero sin contradecir el informe de tributos en el que se especificaba que el tipo del 10% solo regía para períodos no prescritos. Aun así, el Ministerio de Hacienda defiende que la amnistía fiscal y la obligación posterior de declarar los bienes en el exterior han supuesto medidas que han permitido el mayor afloramiento de rentas de la historia y, en consecuencia, han incrementado las bases imponibles en el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio.

En mitad del proceso del perdón tributario, el Ministerio de Hacienda anunció la nueva ley contra el fraude fiscal que incorporaba por primera vez la exigencia de informar sobre los bienes que se tuvieran en el extranjero y establecía un durísimo régimen sancionador que ha levantado duras críticas entre los asesores fiscales. Los últimos datos oficiales indican que desde que entró en vigor la nueva ley contra el fraude fiscal en 2012, más de 160.000 contribuyentes han declarado activos en el exterior por un importe total de 97.774 millones. El 34% de estas rentas y bienes se encuentra en Suiza y Luxemburgo. Actualmente, la Comisión Europea está estudiando el régimen sancionador que incorpora el modelo 720 de bienes en el exterior para determinar si vulnera el derecho comunitario.