Los municipios no podrán gastar 5.500 millones sin Presupuestos
Rebajas fiscales en el IBI como las que planea Carmena en Madrid no podrán llevarse a cabo si no se forma Gobierno
Los ayuntamientos se encuentran en el mismo laberinto que las comunidades autónomas. Tienen que hacer sus Presupuestos y necesitan conocer los ingresos con los que cuentan (conocidos técnicamente como participación en los ingresos del estado) y el techo de gasto, que marca el máximo en el que pueden incrementar los recursos. La ausencia de Gobierno, que con toda seguridad se prolongará hasta finales de este ejercicio (si finalmente hay terceras elecciones), obligó a Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a reclamar una reunión urgente con Hacienda. “Exigimos la convocatoria de un Consejo Nacional de la Administración Local (órgano en el que está representado Hacienda) para conocer nuestra participación en los ingresos del Estado, el techo de gasto y saber si podemos gastarnos el superávit que vamos a generar este año”, apuntó en rueda de prensa tras la reunión de la Junta Directiva de la FEMP.
Datos
Superávit: Entre 2012 y 2015 siempre ha tenidosaldo positivo entre ingresos y gastos. En 2016 estará en torno al 0,5% del PIB (5.500 millones).
Deuda: El pasivo de los ayuntamientos asciende a 35.107 millones en julio de 2016, menos de la mitad de lo que debe Cataluña.
Madrid: Es un caso paradigmático entre los grandes consistorios. Pese a haberse reducido a la mitad en tres año, adeuda 4.563 millones, tanto como todo Asturias.
La Administración Local ha sido la más estricta con la consolidación fiscal y, pese a que su objetivo inicial en cada uno de los cuatro años de la anterior legislatura era el equilibrio presupuestario, cerró cada ejercicio con un superávit de medio punto. Este año tampoco será una excepción y todo apunta a que cerrará con un saldo similar, lo que supone un remanente cercano a los 5.500 millones. “Queremos saber si lo vamos a poder gastar al igual que en ejercicios anteriores”, recalcó Caballero. Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano, el excedente que generen los ayuntamiento solo lo pueden dedicar a un capítulo denominado “inversiones financieramente sostenibles”, que se incluye en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Al no haber cuentas para 2017, los ayuntamientos reclaman a Hacienda mecanismos para que los consistorios saneados puedan gastar ese dinero, siempre y cuando estén al corriente de pago de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, a actuaciones ligadas a saneamiento de aguas, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, industria, energía, comercio, recursos hidráulicos, transporte, parque o jardines…. “No queremos que se utilice ese excedente para cubrir gasto excesivo de otras administraciones”, apuntó Caballero en alusión al déficit crónico de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas.
El alcalde de Santander y vicepresidente de la FEMP, Íñigo de la Serna (PP), alertó también sobre otra consecuencia que puede suceder ante la ausencia de Ejecutivo. “Ha habido un gran número de consistorios que han actualizado los valores catastrales a la baja y que al no poder ser incluidos en unos Presupuestos Generales del Estado no se podrán aplicar”, apuntó. “Hay muchos alcaldes que queremos bajar impuestos y no hay posibilidad sin reducir los valores catastrales”. Entre ellos se encuentra Madrid, dirigido por Manuela Carmena.
Quieren que la policía local se jubile a los 59 años
El presidente de la FEMP aprovechó su comparecencia para anunciar que se había alcanzando un acuerdo unánime en la Junta de Gobierno para solicitar que la policía local se pueda jubilar con 59 años. “Creemos que es una actividad de riesgo y consideramos que hay 90.000 personas que se encuentran a las puertas de salir del mercado laboral que se deben ver beneficiadas”, reclamó Caballero, que avanzó que en los próximos días solicitará un encuentro con la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, para tratar el asunto.
El principal escollo se encuentra en la edad de salida del mercado laboral, ya que anteriormente se había pactado con Empleo prejubilaciones a los 60 años y no parece fácil retrasarla un año más, teniendo en cuenta además que todas las iniciativas legales van justamente en la dirección contraria (alargar la carrera laboral del trabajador hasta los 70 años).
En lo que sí hay consenso entre Empleo y la FEMP es que la medida se aplicará sin coeficientes reductores, lo que en la práctica se traduce en que no habrá pérdida de poder adquisitivo.
Caballero también avanzó que peleará con Hacienda para evitar el cierre de empresas públicas deficitarias, tal y como le reclamó Montoro en varias cartas antes del verano. “Muchas de ellas no pueden cesar porque prestan servicios públicos indispensables, como el transporte público. Hay un choque de legitimidades y queremos saber como orientar esa cuestión”, dijo.
Asimismo avanzó que también tratará de aclarar con Montoro la petición realizada a algunos ayuntamientos para que devuelvan lo recibido por la supresión del céntimo sanitario, “cuando todavía ni lo han cobrado”.
