Bruselas amenaza a España con congelar el 20% de los fondos estructurales
El ala dura de la Comisión Europea busca revancha tras cancelar la multa por el déficit
Vuelven a la carga. El bando de la Comisión Europea (CE) partidario de castigar a España y Portugal por incumplir el objetivo de déficit en 2015 fracasó en julio en su intento de imponer una sanción multimillonaria a ambos países. Pero esperan ahora tomarse la revancha con una congelación parcial de los fondos estructurales de 2017 de hasta el 20%, según los cálculos de Jyrki Katainen, vicepresidente de la CE.
El ala ortodoxa de la Comisión, encabezada por el vicepresidente Valdis Dombrovskis, peleó antes del verano hasta el último minuto por imponer una multa de hasta el 0,2% del PIB, según revelan las actas de las reuniones de la Comisión del pasado 20 y 27 de julio, que acaban de ver la luz.
El documento muestra el devastador contraataque del comisario de Economía, Pierre Moscovici, que impuso su lógica política en contra de unas multas que, a su juicio, restarían apoyo al proyecto europeo en España y Portugal, generarían tensión institucional y dañarían innecesariamente la economía.
Dombrovskis, según las actas, asumió la derrota, pero logró mantener abierta la segunda vía de sanción en forma de retirada de fondos estructurales. El conservador letón advirtió que si España no cumplen con las nuevas exigencias presupuestarias, ya de por sí muy rebajadas, “la Comisión avanzaría en la segunda parte de la decisión y no dudaría en recomendar una suspensión parcial de los compromisos financieros de los fondos estructurales”.
La normativa europea prevé en ese caso una suspensión de hasta el 50% de los créditos de compromisos, es decir, los contratos o subvenciones que aún no se han firmado. En el caso de España eso podría afectar a unos 5.000 millones de euros. Pero la norma también contempla atenuantes, como la tasa de paro y los años de recesión, lo que rebaja sustancialmente la cantidad susceptible de ser congelada.
El vicepresidente Katainen, según las actas de la CE, calcula que la suspensión afectaría como mucho a una quinta parte de los compromisos. El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, durante su última comparecencia en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados, cifró la posible pérdida en unos 1.325 millones de euros.
En todo caso, la congelación sería temporal, no afectaría a partidas ya en ejecución y podría recuperarse tan pronto como España presente medidas de ajuste aceptables para la Comisión. El Gobierno confía en que el anunciado aumento de la retención del impuesto de sociedades, para recaudar 6.000 millones de euros más al año, bastará para que la CE levante la suspensión de los fondos.
Para el gobierno de António Costa puede resultar más difícil, porque la CE ha exigido a Lisboa un ajuste estructural del 0,25%. Y la congelación de los fondos resultaría mucho más dañina para la economía de Portugal porque suponen en torno al 80% de una inversión pública arrasada por la interminable crisis del euro.
El Parlamento Europeo ha terciado a favor de ambos países. En julio logró frenar la medida, reclamando a la CE un “diálogo estructurado” sobre la suspensión de los fondos. Más allá del fondo de la cuestión, la filibustera maniobra de los parlamentarios ha logrado ganar tiempo e impedir que Dombrovskis, Katainen y compañía pongan en marcha el castigo.
Pero el ala ortodoxa de la CE no se ha rendido. E interpreta que, a diferencia de la multa, susceptible de ser cancelada, la suspensión de los fondos debe ser automática y, por tanto, no habrá margen para una nueva batalla como la que perdieron en julio.
Las actas retratan la victoria del socialista francés frente a los conservadores del norte. Moscovici alertó sobre las peligrosas consecuencias de una multa a dos países que han sufrido mucho con la crisis financiera y dos de los pocos socios donde no cunde todavía el euroescepticismo. El francés defendió que “por prudencia económica y sabiduría política”, debían cancelarse las multas. E incluso rechazó la posibilidad de una multa “simbólica”, propuesta como último recurso por los ortodoxos, porque también “supondría decenas o cientos de millones de euros”. Los derrotados, según el acta, consideran un error “dejar de aplicar las normas por miedo a que sean impopulares”. Y quieren enmendarlo a través de los fondos.
