Empleo ha repartido casi todos los 139 millones de las ayudas anuladas
Los expertos creen que no deberán devolverse estas subvenciones Aproximadamente la mitad de esta cantidad ha ido a parar a patronales y sindicatos y el resto a centros privados de formación
A última hora del lunes se supo que la Audiencia Nacional había anulado la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, para trabajadores prioritariamente ocupados de 2014. Los magistrados de la sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo, estiman así una demanda de tres patronales (del metal, hostelería y dependencia) y consideran que la Comisión Estatal de la Formación para el Empleo –dependiente del Servicio Público de Empleo– debería haber emitido un informe preceptivo, tras informar a las organizaciones patronales y sindicales de la distribución de las ayudas. Así, entienden que la omisión de este informe “ha supuesto la privación del derecho de participación de los trabajadores y empresarios a través de los agentes sociales que les representan”.
Es por este motivo que la Audiencia anula las ayudas que, según la resolución ministerial a la que se refiere, ascienden a 139 millones de euros. ¿Qué pasa entonces con este dinero? ¿A quién se ha repartido y deberá devolverse? Fuentes del Ministerio de Empleo explicaron ayer a CincoDías que “con este recurso se ha puesto en riesgo la convocatoria de ayudas del año 2014, que está en estos momentos ejecutada y en fase de abono por el SEPE del tercer anticipo, una vez que los beneficiarios justifiquen la ejecución de la misma”.
Esto significa que ya se han repartido casi todos los 139 millones presupuestados ya que, tal y como prevé la ley, se ha abonado el primer anticipo del 50% de los fondos antes de empezar la formación; y el segundo, del 25%, que se paga una vez que se ha justificado la realización de más de la mitad del curso formativo. Por lo tanto, el SEPE estaría repartiendo ahora el último 25% de estas ayudas, a medida que los beneficiarios justifican la finalización de los cursos.
Aproximadamente la mitad de estas ayudas se habría repartido entre patronales y sindicatos y la otra mitad entre centros formativos del sector privado.
Si bien desde el Ministerio de Empleo confían en que no llegue la sangre al río y los abogados del Estado puedan corregir el vicio procesal y no tengan que devolverse estas ayudas. Así, recuerdan que la propia Audiencia Nacional en su sentencia deja una puerta abierta para la subsanación del motivo que originó el recurso, al señalar que acuerdan la anulación de la convocatoria “sin perjuicio de que pueda, en fase de ejecución de sentencia, solicitarse dicho informe”.
Por ello, los expertos consultados aseguran que, después de que el SEPE aporte el informe preceptivo, el asunto quedará resuelto y los beneficiarios no deberán devolver las subvenciones. Una vez comunicada la sentencia al SEPE, éste tendrá dos meses para aportar el informe y subsanar lo que se le solicita.
Una vez comunicada la sentencia al SEPE, este tendrá dos meses para el cumplimiento de la misma. La socia de Litigación y Arbitraje de Garrido Abogados, Silvia Ara, explica que, “si transcurrido este plazo, las patronales demandantes consideran que no se ha cumplido con el fallo de la sentencia por considerar que la subsanación no implica el cumplimiento del mismo (que obliga a la anulación de la Resolución), podrán presentar una demanda de ejecución exigiendo su cumplimiento, o en su caso promover incidente para decidir cuestiones relacionadas con la ejecución”.
Reproches a las organizaciones empresariales
En el Ministerio de Empleo esta sentencia no ha caído bien. Consideran que sí han cumplido con sus obligaciones de informar a los agentes sociales sobre el reparto de las subvenciones para la formación de 2014. “La Administración considera que dicha consulta a los órganos de participación institucional se efectuó en 2014, al incluirse el reparto de los fondos, tanto en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, como en el Plan Anual de Política de Empleo, que fueron sometidos a la consulta del Consejo General –órgano consultivo y de participación institucional en materia de política de empleo– y en los que se incluyeron la distribución y asignación” de dichos fondos, justificaron fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez.
Además, estas mismas fuentes recalcan que las patronales demandantes “además de pertenecer a CEOE han participado como beneficiarias de subvenciones en los planes de sectoriales de la convocatoria recurrida”.
En este sentido, fuentes de una de las patronales demandantes pusieron de manifiesto la “relevancia política” de la sentencia, y confiaron en que, tras ella, el Ministerio de Empleo tenga en cuenta a los agentes sociales “como dice la ley”. Es más, desde esta patronal creen que también ha llegado el momento de que CEOE –organización a la que pertenecen las demandantes– “lidere las próximas reivindicaciones”, también respecto a la otra cuestión reclamada (que las cotizaciones de formación sean finalistas).
El adjunto de Formación del sindicato CC OO, que es uno de los receptores de estas ayudas, Francisco Moreno, también confió en que “con esta sentencia, que refuerza el papel de los interlocutores sociales, se revise la actual situación que no nos tiene en cuenta”.
Pasos a seguir tras conocer la sentencia
Comunicación: Hay 10 días para comunicar la sentencia al SEPE.
Ejecución: Recibida la comunicación, el SEPE tiene dos meses para cumplirla.
Siguientes actuaciones: Si pasados dos meses las patronales creen que la subsanación del Ministerio es insuficiente, pueden presentar demanda de ejecución y exigir que se cumpla el fallo y se anule la convocatoria.
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