Ante la ausencia de Gobierno
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Las autonomías alertan de nuevos retrasos en el pago a proveedores

El Ejecutivo advirtió el domingo que las autonomías se tendrán que ajustar a un déficit del 0,3% y no al 0,7% pactado con Hacienda en abril, lo que supondrá un ajuste de 4.000 millones. Los responsables autonómicos consultados confirman que retrasarán pagos a proveedores para obtener liquidez. En mayo, último dato disponible, las regiones debían a sus proveedores 9.431 millones de euros, el 70% ligado a Sanidad.

En total, el Estado se ha gastado en cinco años 208.000 millones de euros en rescatar a las comunidades autónomas, asfixiadas por la falta de acceso a los mercados para financiar su déficit y por la deuda comercial generada durante los primeros años de la crisis. El 45% de los fondos (93.582 millones) que ha prestado a las regiones ha servido para saldar la deuda a proveedores, que se convirtió en el recurso favorito de las regiones para lograr liquidez. Si había que pagar vencimientos de deuda y no se disponía de tesorería, se retrasaban los pagos a los proveedores, lo que llevó a que se acumulara una ingente bolsa de deuda y que las regiones pagaran sus facturas a plazos en algunos casos superiores a los 300 días. El reloj se puso a cero a principios de 2015. Los que peor lo pasaron fueron los laboratorios farmacéuticos, las empresas de tecnología sanitaria y las farmacias, que actualmente acumulan el 70% del pasivo. La deuda con los proveedores ha crecido un 7,7% en los últimos doce meses hasta los 9.431,36 millones.

Los responsables autonómicos consultados por Cinco Días confirman que esa cifra crecerá con fuerza en breve si finalmente, tal y como anunció Guindos el domingo en China, el nuevo objetivo de déficit de las autonomías (Hacienda pactó en abril con las regiones que pasaría de un 0,3% a un 0,7%) se quedará en el 0,3% ante la ausencia de un Gobierno que pueda aprobar la decisión adoptada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes de Hacienda revelan que la cifra acordada tiene que ser aprobada en el Congreso y en Consejo de Ministros, algo improbable en el actual escenario, por lo que tampoco podría ser trasladada a Bruselas antes del 15 de octubre. El mensaje oficial, por lo tanto, es que el déficit de las autonomías tendrá que bajar al 0,3% este año y al 0,1% el que viene, frente al 0,7% y al 0,5% que se fijó en abril. En cualquier caso, algunas autonomías ya tienen cerrados encuentros esta semana con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que desde su departamento lo circunscriben a encuentros normales para revisar la situación particular de cada autonomía.

Hacienda se reúne esta semana con algunos responsables regionales

Las casuísticas, sin embargo, son diferentes. La gran mayoría de las autonomías ya ha dispuesto de la parte que le correspondía de esos 4.000 millones de euros adicionales. Y ahora les quedan dos alternativas: aprobar nuevos ajustes o mejorar su liquidez a través del retraso en el pago a los proveedores. La primera parece poco probable, teniendo en cuenta la dieta estricta a las que han estado sometidas la gran mayoría en los últimos años. La segunda parece más plausible por conocida. Otras como, Castilla y León, no ha hecho uso de ese remanente, puesto que se lo reservaron para hacer frente a un más que probable repunte del gasto sanitario en el último trimestre del año.

Esta partida se come gran parte del presupuesto de las autonomías y buena prueba de ello es que siete de cada diez euros que adeudan las comunidades autónomas lo deben a laboratorios farmacéuticos, empresas de tecnología sanitaria y farmacéuticos. En el caso de Castilla y León, que debe 534 millones, 489 millones (un 91,5%) lo deben a proveedores sanitarios.

El otro gran frente que deben asumir las comunidades autónomas es elaborar las cuentas públicas para el próximo ejercicio. En ejercicios anteriores, el Ejecutivo les daba antes del verano la referencia del techo de gasto (el máximo que podían gastar) y a partir de esa cifra elaboraban sus presupuestos que tenían que presentar antes del 15 de octubre. Este año todo es distinto. Por ello, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reclamó ayer al Ejecutivo en funciones que asuma su “responsabilidad” ante la UE y tome decisiones sobre el techo del déficit, “que condiciona las cuentas catalanas”.

 

 

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