Un nuevo escenario político sin Gobierno

Las autonomías exigen a Hacienda cifras para hacer sus Presupuestos

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Las comunidades autónomas andan con la mosca detrás de la oreja. La dificultad en las negociaciones para un pacto de investidura entre PP y Ciudadanos, por un lado, y la negativa de Pedro Sánchez a facilitar un Gobierno presidido por Mariano Rajoy anticipan un panorama de investidura fallida que abre dos vías: o un nuevo intento a finales de septiembre, tras los comicios gallegos y vascos, o la convocatoria de nuevas elecciones.

Alertan de que tendrán que bajar el déficit al 0,3% si no se aprueba la revisión pactada en abril

En cualquier caso, el Ejecutivo no estaría conformado hasta finales de año, en el mejor de los escenarios, y lo más seguro es que el actual siguiera en funciones al inicio de 2017. ¿Cómo afecta eso a las comunidades? Fuentes autonómicas consultadas por CincoDías denuncian que Hacienda no les ha transmitido ninguna información sobre el techo de gasto (la referencia fundamental para saber cuánto pueden gastar o no), las liquidaciones presupuestarias del pasado ejercicio o las entregas a cuenta (la parte de los ingresos previstos que el Estado les adelanta a las autonomías y que en muchos casos suponen dos terceras partes de su gasto). Por lo tanto se ven atadas de pies y manos para diseñar unas cuentas tremendamente complejas, a tenor de la senda de consolidación fiscal que deben cumplir. Una de las regiones más beligerantes con la actitud del Ejecutivo ha sido Andalucía, cuya consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (el organismo que aúna a Hacienda y a las comunidades autónomas) a inicios de septiembre para tratar de desbloquear esta situación . “En los próximos días empieza la cuenta atrás para abrir la negociación de los presupuestos de 2017 con Ciudadanos. Pero todavía no ha habido contactos porque sin conocer el dato de las entregas a cuenta es muy difícil establecer un escenario posible”, resaltó. Montero, que cuenta con el apoyo de otras comunidades, espera que se proporcionen cifras del techo de gasto, de las entregas a cuenta y de las liquidaciones a principios de septiembre para elaborar unas cuentas “que puedan estar listas para finales de octubre”.

Algunas regiones ya están elaborando sus cuentas con las mismas cifras que utilizaron para las de 2016

Unos plazos muy generosos a tenor de la versión oficial que sale del departamento dirigido por Cristóbal Montoro. “Primero investidura, segundo Gobierno, tercero Presupuestos”, insisten machaconamente. Ante las dificultades de que esos tres hitos se cumplan este año, las autonomías piden a Rajoy que haga lo mismo que hizo Zapatero en 2011. “No hizo presupuestos y le dejó el encargo al siguiente presidente que saldría de las elecciones de diciembre. No obstante en verano convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las autonomías confeccionaran sus cuentas", apuntan fuentes regionales. No todas lo hicieron. Madrid y Andalucía si las presentaron, aunque la primera las modificó posteriormente cuando el presidente electo Mariano Rajoy presentó los Presupuestos Generales del Estado de 2012. Sin esa reunión, el escenario más plausible es la prórroga de las cuentas autonómicas de 2016.

Sobre esa hipótesis ya trabajan otras regiones. Es el caso de Castilla y León, donde las Consejerías ya trabajan en propuestas de gasto tomando como referencia los mismos ingresos del presupuesto de 2016. “El objetivo es tener el trabajo avanzado y poder adaptar el esquema de gasto al escenario de ingresos que comunique el Gobierno”, aseguran fuentes de ese Ejecutivo. Así trabajan con la tesis de llevar el déficit al 0,3% y aprovechar ese margen adicional, si finalmente se logra, para cubrir desviaciones del gasto sanitario.

Pero esa no es la única preocupación de las autonomías. Es la más evidente, pero no la más importante. El Ejecutivo central suavizó en abril a las regiones la senda de consolidación fiscal. Del 0,3% inicial que tenían que lograr este año se pasó al 0,7%, el mismo movimiento que se hizo con la Seguridad Social. Entre ambos asumieron las ocho décimas adicionales que concedió Bruselas a España para llevar el déficit al 3,6% este año y al 2,9 el año que viene. Esa senda se aprobó en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no ha podido ser aprobada por el Parlamento ante la ausencia de Gobierno. Todo ello podría llevar a que Bruselas obligará a cumplir los objetivos anteriores: un 0,3% para las autonomías y un 0,3% para la Seguridad Social. Unos límites imposibles de cumplir y que provocarían otra batería de ajustes.

Quincena de pasión con investidura y déficit

La presión que están ejerciendo algunas comunidades para elaborar sus Presupuestos coincide con una quincena de pasión. Hacienda dará a conocer el miércoles los datos de la ejecución presupuestaria del Estado hasta julio y una semana después las de las comunidades.

Los datos del Estado del primer semestre no fueron buenos y dejaron a las claras el optimismo del Ejecutivo. La recaudación por los impuestos directos (IRPF y Sociedades) está siendo sensiblemente inferior a la presupuestada antes de todos los procesos electorales.

En el caso del IRPF, los ingresos bajaron un 4,7% (de 32.690 a 31.140 millones) como consecuencia de la rebaja fiscal aprobada y adelantada por Rajoy a mediados de 2016, mientras que en el de Sociedades la previsión para el conjunto del año era obtener una recaudación de 24.868 millones, un 20,4% más. Hasta junio se mantenía en zona negativa con 221 millones menos.

Las buenas noticias vinieron del IVA, con un incremento del 4,4% (de 29.998 a 31. 313 millones) y de los impuestos especiales, con un alza del 4,2% (de 9.146 a 9.533 millones). La suma de ambos, sin embargo, no fue suficiente para compensar el deterioro experimentado por los impuestos directos, ofreciendo unos ingresos tributarios de 76.713 millones de euros, lo que supone una pérdida de 1.798 millones.

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