Solución para las cuentas autonómicas
El Estado de las autonomías tiene en la financiación de estas uno de sus problemas más serios. La reforma del modelo era considerada prioritaria sobre el papel por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero quedó pendiente en su legislatura a pesar de las buenas palabras y de los intentos de última hora a los que no benefició para nada la tensión soberanista en Cataluña. Hoy, cuando los españoles siguen pendientes de la formación de Gobierno, las cuentas autonómicas presentan un panorama preocupante, un sudoku cuya dificultad no deja de aumentar. Y todo ello, mientras el déficit continúa creciendo y en un ambiente en el que algunos representantes políticos, con el populismo por bandera, se permiten hablar de “sublevación” contra los recortes autonómicos.
La realidad de los números, sin embargo, dice que el coste del rescate a las comunidades por el Estado central sigue al alza. El último balance del Ministerio de Hacienda lo eleva a 208.000 millones en cinco años, de los que el 45% de los fondos (93.582 millones) se han destinado a pagar deudas regionales con los proveedores. El Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un plan de rescate a las autonomías, que se prolongó durante toda su legislatura y ha tenido luces y sombras. Entre las primeras, se saldaron las importantes deudas con los proveedores, irresponsablemente acumuladas en legislaturas anteriores, y se dio acceso a los mercados de capitales a autonomías que llegaron a situaciones críticas al no poder emitir deuda a causa del deterioro de sus cuentas. Entre las sombras está el crecimiento imparable de la deuda, ya que aunque sea en plazos los fondos recibidos por las regiones para pagar a proveedores o vencimientos se tienen que devolver. El pasivo de las autonomías se ha disparado hasta superar con creces el cuarto de billón de euros en el segundo trimestre de 2016, lo que lo multiplica casi por cuatro desde el inicio de la crisis. De esa cantidad, el 48,3% está en manos del Estado central.
El denominador común es que las autonomías han heredado una deuda tan elevada que, en su mayoría, difícilmente podrán devolver. Especialmente significativas son las cifras de cuatro comunidades, cuya deuda supera el 30% del PIB regional en términos relativos: Comunidad Valenciana, con un 41%, seguida por Castilla-La Mancha (35,4%), Cataluña (35,1%) y Baleares (30,4%). Y eso mientras solo entre tres (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía) absorben dos de cada tres euros que ha aportado el Estado central. Ante este inquietante escenario se hace más urgente el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica que, además de equidad, suficiencia y eficacia, debe incluir entre sus características la comprensibilidad. Porque si sigue siendo ininteligible para un ciudadano medianamente formado, seguirá siendo utilizado como indeseable arma demagógica en una carrera que no tiene fin.