Escándalo financiero

Los dueños de BPA acusan a la Policía de extorsionarles

Los Cierco denuncian que la Policía española les exigió datos de los Pujol

Dos policías caminan frente a la sede de BPA, en Andorra.
Dos policías caminan frente a la sede de BPA, en Andorra.

Los dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad intervenida en marzo de 2015 acusada de blanquear dinero para redes del crimen internacional, defienden la legalidad de su negocio y aseguran que fueron extorsionados por la Policía española para entregar información sensible sobre la familia Pujol.

Así lo han asegurado ante la juez instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance, los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini y Ramon Cierco, quienes han defendido que la entidad actuó siempre siguiendo el marco legal andorrano.

Higini Cierco detalló a la juez que mucho antes de la intervención del banco venía recibiendo una serie de amenazas y extorsiones de las que fueron objeto por parte de mandos policiales españoles.

En aquel momento, aseguran los Cierco, ya se les advirtió que de no colaborar con ellos se actuaría contra BPA, si hacía falta, a través de la administración estadounidense.

Siempre según la versión de los accionistas mayoritarios de la entidad intervenida, el Ejecutivo andorrano, incluyendo a su máximos responsable, Toni Martí, habrían estado al corriente de estas presiones.

Los Cierco han declarado ante la juez en el marco de la querella que les ha impuesto el Gobierno de Andorra para dilucidar su responsabilidad en la supuesta trama de blanqueo de capitales detectada.

Según Higini Cierco, en su momento no denunciaron las amenazas por temor a las hipotéticas represalias de España (que según su relato se acabarían materializando en la liquidación de Banco Madrid) y también por el pleno convencimiento de que la presión no iría a más.

La denuncia de los Cierco quedaría enmarcada en lo que se conoce como el “caso Pujol” u “operación Cataluña”, y según los accionistas de BPA se originaron por el intento de las autoridades españolas de hacer público el patrimonio que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, habría tenido depositado en el Principado.

El relato de los hechos, según los Cierco

Según la declaración de Higini Cierco ante la juez, el entonces presidente de BPA recibió en mayo de 2014 una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole de que sería conveniente que viera unas personas en Madrid. Higini Cierco, que no conocía a Barroso, se encontró con este en las instalaciones exteriores de Indústries Montanya (IMSA) y el policía español reiteró a Cierco la necesidad de encontrarse con unas personas en la capital española "o delo contrario el banco morirá. Ya entonces me dijo que los estadounidenses estaban al corriente y ya sabían cómo hacerlo".

En ese momento, la filial española de BPA, Banco Madrid, estaba sometida a una inspecciónn ordinaria del servicio de prevención de blanqueo de capitales, el Sepblac. Higini Cierco dirigió el agregado de Interior al consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que lo recibió en la sede central de la entidad.

Allí, prosuge el relato de Cierco, Barroso insiste en que si no se colabora con lo que les pedirán "el banco desaparecerá" y que recibirá una llamada de una persona a la que se identifica con el apodo de Félix y que le dará nuevas instrucciones.

Félix resulta ser el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la policía nacional española Marcelino Martín Blas. De la situación también está al corriente la jefa delos servicios jurídicos de BPA y secretaria del consejo de administración del banco Rosa Castellón.

Miquel y Martín Blas mantienen un encuentro en Madrid y el comisario le reitera las amenazas todo exigiéndole, como ya había hecho con Higini Cierco, información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias. Los responsables del banco conscientes del peligro de la advertencia, hacen varias consultas legales, entre ellas al abogado Josep Maria Fusté Fabra, profundo conocedor de los cuerpos de seguridad del Estado español. El consejero delegado del banco y el alto mando de la policía española mantienen otras reuniones. El resultado de los datos que se facilitan es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al ex presidente de la Generalitat a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero. BPA nunca tuvo más de 5 millones, en cifras redondas, de la familia Pujol.

Higini Cierco explicó que Joan Pau Miquel no denunció entonces los hechos, en junio de 2014, porque Martín Blas le advirtió que, de hacerlo, el FinCEN americano intervendría en quince días. El presidente de BPA coincidió con posterioridad en el banquete de una boda con el comisario jefe de Asuntos Internos de la policía española y con el director adjunto operativo del mismo cuerpo, Eugenio Pino, y "tuve la percepción de que el foco sobre Banco Madrid y BPA desaparecía ". Pero no fue así y, "probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra" los hechos derivaron con la nota del FinCEN construida a partir de información "errónea, parcial o incompleta".

Una vez estalla la crisis de marzo del 2015, Higini Cierco expone la situación vivida a la familia y, con posterioridad, se ha ido informando gradualmente de los hechos a varias personas. El jefe del Gobierno, Toni Martí, o los ministros de Finanzas, Jordi Cinca; de Administración, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé; y de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot, han sido conocedores de todo lo acontecido. Estas comunicaciones se han ido haciendo de forma gradual y a medida que se ha tenido elementos que han permitido ir corroborando todo lo que presumiblemente habría sucedido. Higini Cierco y los asesores legales han puesto los hechos en conocimiento de la juez para que adopte las medidas legales pertinentes y han anunciado el impulso de cuantas acciones legales sean necesarias una vez ya ha quedado la situación denunciada en sede judicial.

Normas