Hacienda y los extranjeros en la Costa del Sol
No hay dinero en las arcas del Estado. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Pero centrémonos en un dato, síntoma sangrante de la necesidad: hace menos de una semana, el Ejecutivo volvió a meter mano a la sacrosanta hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social), exponiéndose una vez más a las iras de la turba. En este contexto, no es difícil imaginar el mantra predominante en el Ministerio de Hacienda: recaudar.
Quizá sea una casualidad –o quizá una causalidad–, pero en su lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria está intensificando especialmente sus inspecciones en relación a bienes inmuebles registrados a nombre de sociedades, particularmente en urbanizaciones de Marbella y Sotogrande que, como es sabido, son ubicaciones privilegiadas en las que muchos residentes extranjeros, en su mayoría británicos, adquieren propiedades como viviendas de segunda residencia.
En su Plan de Control Tributario de 2015, la Agencia Tributaria afirmaba que realizaría “actuaciones dirigidas al afloramiento de actividades y rentas ocultas (…) reforzando las visitas presenciales” con el objetivo de detectar alquileres no declarados por las sociedades mercantiles dueñas de dichos inmuebles, entre otras posibles conductas evasivas. Y es que en estas urbanizaciones de lujo, donde los alquileres medios pueden rondar los 6.000 euros, tener toda la documentación en regla es muy complicado para un contribuyente que no conoce nuestro idioma y mucho menos nuestra compleja Administración.
Así, probablemente fruto de ese desconocimiento, se están imponiendo sanciones muy elevadas al propietario de la sociedad titular de la vivienda en base a presuntos alquileres –inexistentes–, que obligan a los afectados a suscribir acuerdos de conformidad con Hacienda para librarse de sanciones mayores, aunque en realidad no haya actividad económica alguna –de hecho y en Derecho–.
A nadie se le escapa que la Costa del Sol es un nicho destacado para una Agencia Tributaria erigida en banco de donación de sangre para un Estado en permanente hemorragia. Según datos de la propia Agencia Tributaria, en 2014 los extranjeros no residentes en la Costa del Sol pagaron unos 71 millones de euros en impuestos y ya en 2015 adquirieron un total de 1.288 viviendas en la provincia de Málaga, un 10,9% más que en el año anterior.
¿Consecuencia? La presión inspectora se ha acentuado en los últimos años. Dos ejemplos bastan para ilustrar la afirmación anterior. El primero nos lleva a 2014, cuando el fisco inició una operación para buscar inmuebles no declarados en urbanizaciones y complejos residenciales, en 28 municipios malagueños. Aunque no hace falta irse tan lejos. A principios de este mismo año se cerró la Operación Davy Jones, en la que se detuvo a un ciudadano holandés por defraudar nada menos que 25 millones de euros.
Visto lo anterior, no es de extrañar que muchos asesores entendamos que, sin comprometer la necesaria, sana y recomendable lucha contra la evasión, se deberían desarrollar políticas fiscales para atraer y facilitar la inversión en España, en lugar de perseguir de forma tan impetuosa y vehemente a tantos contribuyentes, perjudicados por la legislación vigente y, sobre todo, por la agresiva interpretación que de la misma hace la inspección.
Sin embargo, la realidad es tozuda y se empeña en contradecir el sentido común, que parece que en temas de fiscalidad sea el menos común de los sentidos. Esa obstinada realidad insiste pertinazmente en primar sobremanera las políticas recaudatorias y en ampliar notablemente los poderes confiscatorios de una Hacienda anémica que, a falta de políticas que incentiven y atraigan la inversión internacional, acabará por desangrar la paupérrima economía nacional.
Figuras como la mal entendida ley Beckham, las extintas sociedades patrimoniales y la pobremente desarrollada Golden Visa (nacionalidad para extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en nuestro país) deberían reorientarse para hacerlas realmente atractivas de cara a un inversor que, ante la inestabilidad global, aún es lo suficientemente inconsciente como para mirar con buenos ojos a nuestro país. Mientras tanto, la abogacía y los fiscalistas seguiremos tratando de defender a quien aún se atreve a invertir en nuestro país y, por tanto, en nuestro futuro.
León Fernando del Canto es Managing Partner de Del Canto Chambers