Editorial

España gana la batalla a Bruselas

Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.
Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

No hay multa para España ni para Portugal por haber incumplido deliberadamente los compromisos de reducción de déficit pactados con Europa. El sentido común y la cordura ha iluminado al colegio de comisarios para no castigar con un suplemento de gasto público a dos de los países que más esfuerzos de austeridad han aplicado en los últimos años y que más reformas estructurales han puesto en marcha, y que, al menos en el caso de España, más crece y más aporta a la recuperación del empleo en la ulcerada economía de la zona euro. El Gobierno español ha hecho valer estos criterios y otros que aportó en las alegaciones presentadas en Bruselas, como un incremento importante en los ingresos por la imposición de un elevado tipo de pago anticipado en el impuesto sobre Sociedades, para ganar una batalla en la que contaba con el apoyo de los expertos europeos. El ala dura de la Comisión ha perdido su apuesta, y España la ha ganado doblemente, puesto que además de eludir la multa (que podía ascender a algo más de 2.000 millones de euros), ha logrado una importante relajación en el nuevo calendario de ajuste fiscal para llevar el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB. No tendrá que hacerlo hasta 2018, en una senda que exige llegar al 4,6% este año, al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Pero fácil tampoco es, y menos teniendo en cuenta que la lógica del pasado según la cual una bajada de los impuestos incrementaba su recaudación por el avance de la actividad, ha resultado cuanto menos discutible, o al menos eso parece con los datos de ejecución presupuestaria conocidos hasta junio.

El esfuerzo que se pide a España no es pequeño, pues debe reducir el déficit en unos 16.000 millones de aquí a diciembre de 2017, con un presupuesto muy austero, muy rígido, y otros 10.000 millones adicionales en 2018, contando en ambos ejercicios con avances en los ingresos o recortes en los gastos. Aunque quien administre la economía tiene en teoría tres años para reducir el déficit hasta 2,2% acordado, solo dispone de dos, puesto que 2016 empieza a estar amortizado, y no es poco lograr que desde el 5,1% de 2015 se logren llevar las cuentas a un desequilibrio del 4,6% cuando no hay Gobierno y no se puede actuar con firmeza en las variables de ingresos y pagos.

El calendario es exigente, pero asumible. Lo que no puede ser es que España siga generando déficits tan abultados año tras año, uno por negligencia gubernamental por ser ejercicio electoral y otro por la parálisis política en busca de Gobierno, cuando la deuda está ya en el 100% del PIB y con las pensiones con un futuro muy incierto, que conjuntamente pueden poner en solfa la financiación del Estado y de la economía. Ya no hay excusas para que haya pronto Gobierno, y no hay excusas para que ponga coto al sobrevenido descontrol de las cuentas con todas las armas.

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