Editorial

Una tarea que no puede hacer Bruselas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. EFE

A medida que se van conociendo los datos de recaudación fiscal resulta más evidente el exceso de optimismo con el que Hacienda elaboró los presupuestos de 2016, aprobados antes de las elecciones generales y que apostaban por un sólido crecimiento de los ingresos durante el ejercicio. Los datos conocidos hasta el mes de junio muestran un panorama sustancialmente diferente y peor de lo previsto, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades. Durante el primer semestre del año, la recaudación por las rentas del trabajo alcanzó los 31.140 millones de euros, lo que supone un 4,7% menos que el ejercicio anterior, mientras que en Sociedades, las previsiones apuntaban a que alcanzaría los 24.686 millones a final de año. Hasta junio, la recaudación por este impuesto se mantiene en zona negativa, con 221 millones, debido principalmente al efecto de la reforma fiscal, que eliminó los pagos fraccionados incrementados y el tipo mínimo del 12% sobre el resultado contable.

La mala evolución de la recaudación hasta junio es uno de los motivos que explican que España no pueda cumplir a final de año con el objetivo de déficit del 3,6% del PIB, un porcentaje que el Gobierno ya suavizó respecto al límite del 2,8% fijado por la Comisión Europea. A la espera de que Bruselas confirme hoy la posibilidad de flexibilizar la senda de consolidación fiscal y fije el montante de una multa que probablemente será bastante más suave de lo previsto, las cifras revelan un desequilibrio notable. Los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señalan que el déficit público español a final de año será de entre el 4,1% y el 4,7% del PIB, a menos que se adopten medidas para corregirlo.

Entre las medidas que el Gobierno ha anunciado ya a Bruselas figura la recuperación de un tipo mínimo en el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades de al menos un 20%, aplicable a empresas, en principio, con 20 millones de cifra de facturación. Más allá de la carga que esta medida supondrá para muchas compañías en un momento de recuperación económica, dar otra vuelta de tuerca a la recaudación en Sociedades no va a ser suficiente para cuadrar las cuentas.

La economía española no puede permitirse seguir arrastrando un desequilibrio fiscal que puede poner en peligro la solidez de la recuperación y que desvirtúa gravemente el duro ajuste realizado durante los años de austeridad. Es necesario un esfuerzo urgente que dote al país de un Gobierno capaz de tomar las riendas del control presupuestario y de adoptar medidas de contención del gasto. Bruselas puede flexibilizar exigencias y reducir sanciones, pero el resto del trabajo corresponde exclusivamente a España.

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