Barreras a esquivar para trabajar para una Administración
Las garantías provisionales son una de las barreras más destacadas a las que se deben enfrentar las pymes y los autónomos de nuestro país.
Las garantías provisionales son una de las barreras más destacadas a la hora de acceder a concursos públicos. Las mismas consisten en unas sumas de dinero que las empresas han de adelantar por Ley para poder presentarse a una licitación. Estas cantidades, no obstante, deben ser inferiores al 3% de la cantidad total del contrato al que optan.
En cuanto a las garantías definitivas, que también afectan a los miembros de ambos colectivos, estas medidas apelan a la cantidad que se ha de poner cuando la empresa ha sido seleccionada por la administración para desarrollar una determinada función. Estas no pueden superar el 5% del total del mismo.
En este sentido, son varias las alternativas a las que pueden optar pymes y autónomos para hacer frente a las citadas garantías. Una de las más destacadas los avales técnicos. Dentro de estas se encuentran, por un lado, los avales profesionales, destinados a cubrir las garantías provisionales, y que son devueltos a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato.
Por otra parte, existen los avales de ejecución, que soportan las cargas de las garantías definitivas y que no son devueltos hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente los trabajos estipulados por contrato.
Por último, una tercera barrera es la morosidad de la administración. En concreto, este problema se caracteriza porque las empresas no cobran los trabajos realizados a las administraciones públicas en los plazos que marca la Ley. De hecho, estos se superan en una media superior a los 30 días.
