Por una vicepresidencia digital
España ocupa el puesto 15 de los 28 países de la UE en el uso de internet, en la conectividad o la integración de las tecnologías digitales
La XII Legislatura ha arrancado con la constitución del Congreso de los Diputados y sus órganos de dirección. Tenemos Congreso, pero no Gobierno, todavía. Y parece que no hay, de momento, un escenario despejado. Quizá es la hora de recordar que lo importante no es tener simplemente un Gobierno, sino un buen gobierno: el que se necesita para abordar, en profundidad, los retos que tenemos. Desafíos inaplazables, urgentes, críticos.
No hay duda de que entre esos retos se encuentra el de la economía digital como una grave y persistente asignatura pendiente. Estamos retrasados y sin una estrategia nacional completa. El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de la Comisión Europea ha actualizado recientemente sus métricas, en las que se puede observar que pese al rápido crecimiento producido en los dos últimos años, España ocupa el puesto 15 de los 28 en el uso de internet, en la conectividad o la integración de las tecnologías digitales.
El conjunto de indicadores y de índices publicados reflejan déficits, algunos críticos. Nuestro modelo productivo necesita una profunda transformación y no parece que seamos conscientes de que el futuro del empleo en España —nuestra prioridad principal— pasa, en buena medida, por la economía del conocimiento alineada con el cumplimiento de los acuerdos COP21 y los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La economía digital no es sólo un nuevo sector de gran peso (el que más empleo genera en toda Europa) sino un nuevo ecosistema que lo transforma todo, como pone de manifiesto el Índice sobre la Vida Digital (Index on Digital Life), que Telefónica publicó este pasado mes de junio. En los comités de dirección de la mayoría de las grandes compañías españolas del Ibex 35, en los dos últimos años, se ha producido un cambio relevante en la actitud hacia el mundo digital que les ha llevado a incorporar la transformación digital en la estrategia de negocio de manera acelerada. Mientras, las compañías de nueva creación y las startups son más rápidas y ágiles en adaptarse al nuevo ecosistema. Hoy, el poder ya no depende del tamaño o la posición, sino de la conexión y la relación. Los nuevos emprendimientos lo entienden perfectamente, los caducos modelos se resisten y se defienden, a riesgo de descarrilar.
Se trata de un organismo que lidere una política pública potente en el marco de este terreno
Para mejorar, el tejido empresarial español debería, tal y como se pone de manifiesto en el Informe DESI de la Comisión, anteriormente mencionado, ocuparse de transformar los modelos de negocio y no sólo digitalizar procesos. La revolución digital es un cambio cultural y no un programa de inversión en software. Además, estamos sentados sobre un polvorín.
España es disfuncional y está en riesgo de brecha digital, territorial y generacional: por un lado, tiene una alta tasa de conectividad, (el 77% de los hogares dispone de redes de banda ancha) y somos líderes en algunos servicios públicos digitales. Pero nuestros desempleados tienen niveles muy bajos de competencias digitales y son no aptos para la demanda actual en la sociedad de internet. El vínculo causal desconectado-desempleado es cada vez más peligrosamente evidente como pone de manifiesto el profesor Calestous Juma de la Kennedy School of Government de Harvard en su libro La innovación y sus enemigos: por qué la gente se resiste a las nuevas tecnologías.
España es disfuncional y está en riesgo de brecha tecnológica, territorial y generacional
En este sentido, las opiniones fundamentadas que insisten, desde diferentes responsabilidades y competencias, en la necesidad de convertir la prioridad digital en una prioridad de gobierno con mayor capacidad son cada vez más potentes. La ASTIC (Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas), por ejemplo, considera que la transformación digital de España sólo será posible si el nuevo Gobierno la convierte en un objetivo común de país y cree que para ello sería conveniente crear un consejo digital, de carácter consultivo e independiente, similar al que existe en Francia.
Además, la Comisión de Industria del Congreso reclamó en abril, por unanimidad, una nueva Estrategia Integral para la Transformación Digital de España. El Congreso se comprometió a promover la creación de una subcomisión parlamentaria en la que estudiar medidas para desarrollar la industria 4.0. El acuerdo defiende la aprobación de una Agenda Digital 2020, la creación de un nuevo Consejo Nacional para la Transformación Digital y un Observatorio Digital que vigile transparentemente el proceso.
Lamentablemente, en los programas electorales de las pasadas elecciones, la retórica escondía algunas miopías e incapacidades notables, aunque el partido que ganó las elecciones afirmaba con rotundidad, en contradicción con lo que ha sido su política en la legislatura pasada, que “la economía digital va a ser el eje del crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad en el futuro”.
Pero no hay prioridad política sin liderazgo y poder. ¿Por qué no una Autoridad Digital, con rango de vicepresidencia, como ya sucede en otras Administraciones? La complejidad y alcance del reto requiere de un organismo que diseñe, ejecute y dé seguimiento a las iniciativas tecnológicas y las medidas para el desarrollo del ecosistema digital. En pleno proceso de negociaciones políticas para la gobernabilidad, me parece que sería interesante y pertinente reflexionar sobre la conveniencia de que el futuro Gobierno, contemple una Autoridad Digital que sea capaz de coordinar todas las propuestas del entorno digital.
Una Autoridad para liderar una política pública potente; impulsar una alianza público-privada a fondo; explorar la tecnopolítica; acelerar las prácticas de open data; y promover una movilización social y cultural por la tecnología al servicio de nuestra sociedad y que promueva el acceso a internet como un derecho universal, tal y como el pasado 27 de junio adoptaba el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este liderazgo cohesionador, movilizador e inspirador, debe emerger de entre la sociedad civil y la cultura empresarial. En Estados Unidos, por ejemplo, Megan Smith, la primera mujer en ser nombrada CTO (Jefa de Tecnología) del Gobierno, era —antes de aceptar el reto del presidente Obama— una de las vicepresidentas de Google, además de atesorar una larga trayectoria como activista social y emprendedora tecnológica. Barack Obama, al ofrecerle el cargo, le pidió: «utilizar el poder de los datos, la innovación y la tecnología para ayudar a los americanos».
El próximo Gobierno es clave para el futuro digital de España. Es imprescindible que las negociaciones se centren en las políticas. Y que otorguen prioridad a la cuestión digital. España necesita un Gobierno, sí. Pero lo que resulta prioritario es que se gobierne para afrontar los retos y los desafíos. Y de entre todos ellos, el de la economía y la cultura digital es decisivo. Necesitamos un presidente, sí. Pero es urgente —más que nunca— una vicepresidencia digital para alinear el presente con el futuro.
Antonio Gutiérrez-Rubí es Asesor de Comunicación