Hacienda cobrará este año a las empresas los 6.000 millones extras de sociedades
El ministro explica en el documento que tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y aplicará la reforma, con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones en 2016
En un documento de 22 páginas redactado en inglés, De Guindos hace un exhaustivo repaso a las fuertes medidas de recorte de gasto que ha tomado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy para contener la cifra de déficit.
El ministro asegura en el documento que "España reitera su compromiso firme e inequívoco de poner fin a la situación de déficit excesivo, situando su déficit público por debajo del 3% del PIB en el año 2017"
Y explica que "como muestra del firme compromiso con las obligaciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, España está dispuesta a adoptar compromisos adicionales".
En particular, subraya; "tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y aplicará una reforma del Impuesto sobre Sociedades, con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016. Esto significa que la intención del ejecutivo es que sea este mismo ejercicio, aún quedan dos períodos de liquidación del impuesto de sociedades —octubre y diciembre—, se recauden todo ese montante de dinero. Por tanto el ejecutivo adelanta a este año en contra de lo que dijo el miércoles que las medidas se contabilizarían ya de cara al presupuesto de 2017.
Además,, prosigue el escrito enviado a Europa, "se adoptarán medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros) y se adelantará el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto público.
El documento concluye que "existen razones de peso para no imponer una multa a España. Sería paradójico imponer una sanción, en base a la desviación de un sólo año, a un país que ha estado siempre plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria"
Esto es aún más evidente, dice, si se tienen en cuenta las inconsistencias metodológicas que existen a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España. La revisión actualmente en curso de la metodología no hace sino reforzar aún más la necesidad de un enfoque prudente.
España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro. La decisión de imponer una multa a España, no sólo sería incoherente, sino también contraproducente.
