Rajoy pide más dinero a las empresas para cumplir con la UE
El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ha indicado el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a establecer en 2017 un tipo mínimo en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades para elevar la recaudación en 6.000 millones
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron ayer por unanimidad el dictamen que culpa a España (y Portugal) por “no haber tomado medidas efectivas” en 2015 para corregir el déficit. El informe, aprobado por unanimidad de todos los países de la zona euro (los únicos que podían votar) pone en marcha una cuenta atrás de 20 días para una sanción equivalente al 0,2% del PIB de cada país, que en el caso española supone más de 2.000 millones de euros. El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, anunció nada más terminar la reunión que hoy mismo presentará las alegaciones de España para intentar neutralizar el castigo.
Además de los argumentos invocados hasta ahora (como la baja inflación), Guindos anunció una reforma del impuesto sobre sociedades que, según sus cálculos, permitirá aumentar la recaudación de ese impuesto en unos 6.000 millones de euros. Los ingresos por ese capítulo se acercarían, siempre según estas previsiones, a los 30.000 millones de euros y España estaría en condiciones de situar el déficit ligeramente por debajo del 3% a finales de 2017, tal y como le exige la Comisión Europea. En cualquier caso, deberá ser el próximo Gobierno y el nuevo Congreso quien apruebe la medida.
La reforma consistiría en una modificación de los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades que se abonan en abril, octubre y diciembre como un adelanto de la declaración anual que, para las empresas que siguen el año natural, se presenta en julio de cada año. La medida podría afectar a grandes empresas que facturen más de 20 millones. El Gobierno, que ya ofreció esa reforma en la última actualización del Programa de Estabilidad (un mes antes de las elecciones del 26J), asegura que el cambio no supone elevar la fiscalidad sobre las empresas.
Hacienda insiste en que el aumento del pago fraccionado tiene un efecto “puramente financiero”, ya que el adelanto se compensa en la liquidación definitiva del impuesto. Ese argumento puede volverse en contra porque Bruselas exige reformas que corrijan el déficit estructural y no solamente el nominal, como sería el caso. El Ejecutivo solo podría alegar que esta medida es estructural si se consolida en el tiempo. El objetivo del Ejecutivo es rebajar los números rojos por debajo del 3% y salir así del procedimiento de déficit excesivo en el que está inmersa España desde 2008. El incremento de los pagos fraccionados es una medida recurrente cuando el Gobierno necesita rebajar los números rojos. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con Elena Salgado al frente del Ministerio de Hacienda, ya aprobó en 2011 una subida de los pagos fraccionados. El hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticó esta medida porque suponía un mero cambio de calendario que consistía en trasladar el problema al año siguiente. Aun así, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó medidas similares nada más llegar al poder. El departamento de Cristóbal Montoro incluyó una subida de los pagos fraccionados en la primera ley que aprobó en diciembre de 2011 y volvió a elevarlos en julio de 2012. Estas medidas se acompañaron de otras como la limitación de la deducción de los gastos financieros o del fondo de comercio.
La reforma fiscal que aprobó Rajoy y que entró en vigor a partir de 2015 supuso eliminar los tipos incrementados en los pagos fraccionados y una rebaja del tipo nominal del impuesto sobre sociedades, que pasó del 30%hasta el gravamen vigente hoy del 25%. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que la recaudación avanza mucho peor de lo previsto.
Los ingresos por el impuesto sobre sociedades se mantuvieron hasta mayo en una tasa negativa de 537 millones, lo que significa que las devoluciones fueron superiores a los pagos. En mayo del año pasado, la recaudación ya alcanzaba los 1.800 millones. Este deterioro se explica precisamente por la reducción de los pagos fraccionados. El Gobierno había estimado que el impuesto sobre sociedades aportaría este ejercicio 24.868 millones, un 20% más que el año anterior. Resulta improbable que la situación mejore tanto en lo que queda de año hasta el punto de cumplir las estimaciones. La recaudación del IRPF también va peor de lo previsto y las posibilidades de incumplir también este año el objetivo de déficit aumentan. Si ello sucede, el itinerario dibujado para situar los números rojos por debajo del 3% en 2017 queda en entredicho.
