La factura de una política fiscal expansiva
España presentará hoy un pliego de alegaciones a la Unión Europea para tratar de evitar la multa por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015. La posible sanción, equivalente al 0,2% del PIB (2.000 millones de euros), es el resultado del dictamen condenatorio contra Madrid que aprobaron ayer los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Las alegaciones de España incluyen como medida estrella una propuesta para recaudar 6.000 millones de euros más en 2017 a través del impuesto sobre sociedades y asegurar así que el déficit se sitúe por debajo del 3% el próximo año.
La idea es establecer un tipo mínimo a partir de un cierto umbral en los pagos a cuenta de este tributo que se realizan en abril, octubre y diciembre. A ello se unen dos medidas más: un ahorro de 1.500 millones de euros por el pago de intereses de la deuda y una mejora de la recaudación prevista por la lucha contra el fraude fiscal. La intención del Gobierno en funciones es lograr que el procedimiento contra España finalice con una multa de cero euros. Un objetivo que confía obtener no solo con esa batería de propuestas, sino también con el argumento de la celeridad con la que España ha iniciado la recuperación.
La primera pregunta que generan las medidas anunciadas por el Ejecutivo es si la reforma del impuesto sobre sociedades supone una subida de la fiscalidad empresarial, extremo que este niega con razón, dado que esta no constituye un incremento, sino un adelanto del montante, que si sobrepasa la cuota definitiva a pagar a final de año será devuelto a las arcas de las compañías. No hay duda, sin embargo, de que la propuesta va a tener un impacto evidente sobre la tesorería de las empresas, porque supone cargar sobre las espaldas del sector privado el deber de proporcionar liquidez al público. Además, si ese pago fraccionado mínimo se extiende a 2018 y a otros ejercicios, su efecto equivaldrá de facto a una subida de impuestos.
España está obligada a presentar un plan que permita al país cumplir con la disciplina fiscal de 2017 y corregir un desvío en el objetivo de déficit público de 2015 que se explica, en parte, por el impacto que han tenido en las arcas públicas algunas medidas fiscales expansivas, como la rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades, tal y como ha señalado la propia Bruselas. La factura de ese error de político económica no solo impactará en la liquidez de las empresas, sino que lo hará en una coyuntura en la que resulta esencial respaldar la actividad empresarial como motor del crecimiento. Se trata de una lección, aunque tardía, que el Ejecutivo debería asumir y, sobre todo, no olvidar.