Relevo en el Gobierno británico

Los inesperados retos de Theresa May tras el 'brexit'

La líder del Partido Conservador no tiene intención de reingresar en la UE

El Parlamento británico debatirá el próximo 5 de septiembre una petición ciudadana para celebrar un segundo referéndum

La secretaria de Interior y futura primera ministra, Theresa May, sale ayer del número 10 de Downing Street.
La secretaria de Interior y futura primera ministra, Theresa May, sale ayer del número 10 de Downing Street. REUTERS

Situada desde hace tiempo en todas las quinielas como firme sucesora de David Cameron en el Partido Conservador británico y en el 10 de Downing Street, seguro que Theresa May nunca imaginó que su nombramiento como primera ministra estaría marcado por la victoria del brexit en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio. Antes de que los británicos se pronunciaran sobre su permanencia en la Unión Europea, llamó a la unidad del país en estos “tiempos inciertos y difíciles”. Ahora, tras la inesperada y pírrica victoria del no a Europa, esa unidad es más necesaria que nunca, ya que la consulta ha dinamitado a la sociedad británica.

Así, el mandato de la segunda mujer en ocupar el número 10 de Dowing Street desde que lo hiciera Margaret Thatcher en 1979, se verá marcado desde el inicio por la gestión del brexit. A sus 59 años y con seis años de experiencia como titular de la cartera de Interior, la primera decisión a la que se enfrenta es decidir el momento adecuado para invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. La puesta en marcha de este precepto no requiere aprobación parlamentaria y establece, a partir de su activación, un período de dos años para negociar los términos de la salida de la UE.
Con el mantra “brexit significa brexit”, May ha aclarado su nueva postura, modificando la que mantuvo durante el referéndum, partidaria de defender la permanencia en el club europeo.


La futura primera ministra advirtió que no tiene intención de convocar un segundo referéndum ni de reingresar en la UE por la puerta trasera: “como primera ministra, me aseguraré de que abandonemos la UE”, apostilló. Respecto a cuándo se llevará a cabo, la nueva líder del Partido Conservador tranquiliza a quienes son contrarios a una solicitud precipitada y garantiza que no se tomará una decisión sobre cuándo aplicar el Artículo 50 “hasta que la estrategia negociadora británica no haya sido acordada y esté clara, lo que significa que no será invocado antes del final de este año”. Esta idea fue corroborada por su aliado y líder de la Cámara de los Comunes, Chris Greayling: “Lo haremos cuando estemos listos”.

Por supuesto, su primera responsabilidad será la de reformar el Gabinete, donde podría dar cabida a algunos de los dirigentes que no fueron tan leales a Cameron en la defensa del sí a Europa. Además, May tratará de aplacar a una sociedad en la que muchos se sienten defraudados con la élite política y abandonados por las fuerzas de la globalización y el cambio económico. A ello se suma su prioridad de reclamar el control sobre las fronteras, incluso a cambio de sacrificar el acceso al mercado común. La conservadora ha reiterado desde que se hizo oficial su candidatura para suceder a Cameron que “el voto brexit era también un mensaje de que necesitamos controlar la libre circulación de personas, que no puede continuar como hasta ahora”. Sin embargo, el precio de adoptar esta postura ante la UE es claro, tal y como recuerda la canciller alemana, Angela Merkel: “cualquiera que quiera tener libre acceso al mercado interno europeo, tendrá que aceptar a cambio todas las libertades básicas, incluyendo la libre circulación de personas”. Esta misma idea fue defendida ayer por el primer ministro irlandés, Enda Kenny, ejemplo de la situación fragmentada que vive Reino Unido desde el referéndum.

Por si la salida de la UE hubiese enconado poco el debate político en el Reino Unido, ayer el Parlamento británico anunció que debatirá el próximo 5 de septiembre una petición ciudadana para celebrar un segundo referéndum.

Al margen del brexit, May se ha comprometido a llevar a cabo medidas severas para evitar la evasión fiscal de individuos y compañías, bajar los costes de la energía y reducir la “insana” brecha entre los salarios de los altos ejecutivos y los de sus empleados.

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