Acuerdo para que el Pacto de Toledo decida sobre las pensiones
Si se sigue utilizando el fondo como hasta ahora, sus recursos se agotarán a finales de 2017 El dinero ahorrado en el pasado ha generado hasta el 1 de julio rendimientos netos de 27.490 millones de euros
El Ministerio de Empleo convocó para esta tarde a los sindicatos y a los empresarios a una reunión de seguimiento del Fondo de Reserva de las pensiones. Los representantes de CC OO y UGT en esta comisión habían criticado duramente que el Gobierno tomara el pasado 1 de julio la decisión de disponer de otros 8.700 millones de la conocida como hucha de las pensiones sin haber informado previamente a los agentes sociales e intentando que el acto pasara despercibido al no realizar una comunicación pública. Esta disposición se produjo para poder abonar la paga extra de verano de más de nueve millones de pensiones contributivas.
Ahora, el fondo dispone de poco más de 25.176 millones, el 2,33% del PIB y, de no incrementarse notablemente los ingresos por cotizaciones debido a una mejora del empleo y, sobre todo, de los salarios, la hucha podría terminarse a finales de 2017; si el Ejecutivo continúa sacando dinero de este remanente para hacer frente al abono de las pagas extras de los pensionistas. No son pocos quienes han puesto el grito en el cielo urgiendo al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias del Pacto de Toledo a que tomen medidas para aumentar los ingresos del sistema.
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, que asistió a la reunión, aseguró que la última disposición del fondo “se ocultó” a los agentes sociales en la reunión de la Comisión General del Sistema Nacional de Seguridad Social, celebrada en la víspera. “En dicha reunión pedimos que se nos dieran respuestas exactas sobre disposiciones del fondo y sobre cómo se cubriría el déficit del mismo”, dijo Barrera, algo que, según aseguró, no se produjo.
Ante esta situación, UGT reclamó y así se lo trasladó esta tarde a los responsables del Ministerio de Empleo, que las decisiones que se adopten sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no deben tomarse en el seno del Gobierno, sino que deberían pasar por el Pacto de Toledo. Una petición que fue finalmente atendida.
En este mismo contexto, Barrera explicó que este año vence la habilitación legal por la que el Gobierno en funciones puede disponer de más del 3% de los activos del fondo en un solo año, por lo que Barrera consideró que es el momento de “llevar el debate al Pacto de Toledo para que el Gobierno no se apropie de un mecanismo que debe pertenecer al marco del consenso”. Fuentes del Ministerio de Empleo confirmaron que en el encuentro celebrado hoy, se decidió convocar al Comité de Gestión del Fondo de Reserva, el máximo órgano gestor.
Las mismas fuentes explicaron que para abordar cualquier propuesta sobre el sistema de pensiones todas las partes acordaron que deberá hacerse en el Pacto de Toledo, cuando éste se constituya, puesto que aún no ha comenzado la nueva legislatura. Así, el citado Comité de Gestión será el encargado de determinar los activos en los que invertir en función de los criterios establecidos en la norma, los informes técnicos correspondientes y las condiciones de los mercados.
Este órgano está presidido por el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y cuenta con dos vicepresidentes: el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, y la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás. Desde su creación y hasta el 1 de julio de este año, el Fondo de Reserva ha generado rendimientos netos de 27.490 millones, de los que 1.395 millones se generaron en lo que va de año.
Los expertos plantean posibles soluciones
Una de las primeras tareas que deberá abordar la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es convencer de la necesidad de tomar decisiones urgentes para financiar la totalidad de las pensiones ante la perspectiva de que el Fondo de Reserva se agote a finales de 2017 o comienzos de 2018.
Para tomar estas decisiones es previsible que los responsables políticos consulten a los expertos. De momento, el actual Gobierno ya incluyó en los Presupuesto Generales del Estado de 2016 una disposición adicional para que se estudie la posibilidad de financiar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos, en lugar de con cotizaciones sociales. Estas prestaciones cuestan unos 23.000 millones de euros anuales al sistema.
Sin embargo, el economista de Fedea, José Ignacio Conde Ruiz, explicó hoy a Europa Press que este trasvase solo subsanaría una cuarta parte del desfase que hay entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. El PSOE apuesta por crear un nuevo impuesto específico destinado a sufragar parte de las pensiones de jubilación. Por su parte, el catedrático de la Universidad de Zaragoza e Investigador de Funcas Eduardo Bandrés, planteó la posibilidad de vincular parte de la recaudación de un IVA reformado a la financiación de las pensiones. Mientras que desde el BBVA, su economista jefe, Jorge Sicilia, apostó por financiar parte del sistema con impuestos indirectos y poder bajar las cotizaciones.