Editorial

Disciplina contra la morosidad

La política de choque puesta en marcha por el Gobierno en 2012 para meter en cintura las finanzas de ayuntamientos y comunidades autónomas ha mejorado la situación en muchos casos, pero no la ha solucionado. Un ejemplo de ello es el desorbitante nivel morosidad que siguen arrastrando algunos ayuntamientos españoles. Los datos indican que hay un total de 184 municipios que pagan sus facturas con un plazo medio superior a los 100 días. A la cabeza de esta nada gloriosa lista figura un pequeño municipio de Orense llamado Os Blancos que salda las deudas con sus proveedores a 763 días. Pese a lo abultado de la cifra, se trata de un caso extremo, dado que el período medio de pago de los ayuntamientos es de 50 días. Además, hay unos 2.200 que presentan un índice negativo, es decir, que abonan las facturas por debajo de los 30 días a partir de los cuales la ley establece que computa el plazo medio de pago.

El retraso de las administraciones públicas a la hora de cumplir con sus proveedores ha sido uno de los factores responsables de la desaparición de una multitud de pequeñas empresas que durante los años previos a la crisis se beneficiaron de los contratos de un sector público expansivo en el que se practicaba el gasto con escaso control. Aunque la morosidad ha existido siempre en mayor o menor medida en las administraciones, la llegada de la recesión alargó los periodos medios de pago y ahogó financieramente a muchas compañías –la mayor parte de ellas pymes– hasta llevarlas en muchos casos a la quiebra.

Desde entonces, las dos principales medidas para atajar el problema –el plan de pago a proveedores y los mecanismos de control de la Ley de Estabilidad Presupuestaria– han conseguido reducir la deuda comercial y acortar los plazos medios de pago en los consistorios. Pero tanto en el caso de los ayuntamientos como en el de las comunidades autónomas, la morosidad sigue siendo un viejo vicio de la Administración Pública, cuya gravedad en una coyuntura de recuperación es mucho mayor que en una de bonanza.

La mayoría de las pequeñas empresas se enfrentan en este momento al reto de obtener financiación para mantenerse en el mercado, así como a la amenaza siempre presente de la falta de liquidez. Ello hace especialmente urgente seguir luchando contra la morosidad en las administraciones públicas y desterrar de una vez la posibilidad de que estas se financien a costa de unos proveedores cuyo nivel de solvencia no resulta suficiente para permitirles resistir los aplazamientos. Tanto en esta como en muchas otras asignaturas pendientes, se trata únicamente de hacer cumplir la ley.

 

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