Financiación a medida de las pymes
Las distintas fórmulas de financiación alternativa se abren paso de forma creciente en España como opción al modelo tradicional gestionado por la banca. En ese marco, la CNMV ha empezado a conceder este mes las licencias para las firmas de préstamo de particulares o crownlending, cuyo objetivo es también poner en contacto a inversores y pymes. Reguladas en 2015 dentro del marco legal del crowfunding, estas entidades han estado operando en el mercado de forma provisional a la espera de recibir las autorizaciones. Las plataformas de préstamo de particulares necesitan contar con una autorización del Banco de España, que también ha iniciado el proceso para concederlas.
Las firmas –cuyo objetivo es facilitar préstamos sin la intermediación de una entidad financiera– se basan en la existencia de particulares interesados dispuestos a financiar a empresas directamente. Este tipo de préstamos han disparado su crecimiento en España en un tiempo récord. Si se analizan únicamente los datos de las firmas nacionales, se concluye que su concesión ha aumentado hasta los 15,9 millones de euros entre enero y mayo de este año, frente a los 16,8 millones de todo 2015.
Tras el repliegue crediticio que las economías han vivido en los últimos años como consecuencia de la crisis, todo apunta a que las fórmulas de financiación alternativa están llamadas a ocupar un lugar clave en la canalización de recursos dirigidos a irrigar la actividad empresarial. Las exigencias de recapitalización que han tenido que asumir las entidades financieras tradicionales, unidas a una política de concesión de crédito con una mayor aversión al riesgo, ha perjudicado especialmente a las pequeñas empresas y dificultado su acceso a los recursos para acometer nuevas inversiones.
En ese contexto, la irrupción de las distintas modalidades de crowfunding en España y su regulación legal supone una oportunidad para incentivar la inversión en proyectos de economía real y canalizar recursos hacia al pequeño tejido empresarial. Si se tiene en cuenta que el perfil mayoritario de la empresa en España se corresponde con la pyme, y que el número de emprendedores está creciendo exponencialmente, parece evidente que agilizar y facilitar la actividad de las plataformas de préstamos de particulares constituye en sí misma una medida de estímulo a la actividad. En esa misma línea, resulta urgente también regular las fintech –compañías financieras basadas en soluciones tecnológicas– con un marco legal que normalice su actividad e impulse su crecimiento. El reto para los reguladores ante todos estos modelos consiste en aunar la protección al inversor y la indispensable seguridad jurídica con una legislación altamente flexible, transparente y competitiva.