Las consecuencias del referéndum británico

España solicita acoger la sede de la EBA tras el ‘brexit’

El supervisor financiero europeo busca nueva ubicación tras la éxito del 'bréxit'

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, hoy en La Moncloa.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, hoy en La Moncloa. EFE

España se postula para comenzar a hacerse con los despojos de la City londinense, en la que ha estallado una suerte de éxodo financiero tras el resultado favorable a la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del pasado 23 de junio.

Para empezar, el Gobierno español en funciones tratará de que el país acoja la sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que esta semana confirmaba su intención de abandonar su actual sede en Londres para establecerse en otra capital que pertenezca al mercado único.

Así lo anunció el viernes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Andrea Enria, presidente de la EBA, ya había anunciado que no tendría sentido mantener la sede de esta autoridad, y a sus 159 empleados, en un Reino Unido que no forme parte de la Unión Europea.

Más allá, Sáenz de Santamaría avanzó el viernes que el Ejecutivo ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar y con el concierto de representantes de los distintos ministerios con el objetivo de impulsar la llegada a España de las sedes secundarias de los bancos internacionales implantados en la City.

Grandes corporaciones como HSBC ya han anunciado que reubicarán un millar de empleados en una nueva sede continental mientras que otras firmas estudian directamente cambiar su cuartel general a otro país que sí pertenezca al mercado común.

Para el sector financiero es clave adaptarse ya que Reino Unido está abocado a perder el llamado pasaporte europeo que permite a las entidades implantadas en un país de la Unión Europea operar en cualquier otro.

El grupo de trabajo español analizará los efectos del brexit sobre la ubicación de estas entidades y se encargará de difundir las fortalezas adicionales que presenta España al respecto. Para comenzar, Sáenz de Santamaría ha puesto en valor el crecimiento del PIB español y los índices de competitividad que presenta España.

El equipo, detalló la vicepresidenta, trabajará de “forma intensa” para analizar las posibilidades de España desde el punto de vista laboral y fiscal, entre otros aspectos. “España está en condiciones óptimas para postularse. España es un país competitivo, con un sector financiero muy importante y saneado”, ha reivindicado la vicepresidenta, para después justificar la creación del grupo del trabajo para analizar esta cuestión “con tiempo” y ofrecer las mejores condiciones tras el brexit.

Fráncfort, Berlín, Ámsterdam o París ya han iniciado sus propias estrategias para captar el negocio que salga de Reino Unido.

La Autoridad Bancaria Europea coordina la regulación de los bancos de la Unión Europea y tiene un papel protagonista en el diseño y ejecución de las pruebas de resistencia al sector financiero europeo.

Precisamente en estos momentos, la autoridad ultima los nuevos test de estrés a los que se someterá a las 51 mayores entidades financieras europeas, incluyendo seis españolas (Santander, BBVA, Criteria-Caixa, BFA-Bankia, Popular y Sabadell), sete verano.

La gran novedad de estos exámenes, que se harán públicos el 29 de julio, es que este año no aclararán quien aprueba o suspende, lo que podría evitar el castigo de los mercados, sino que se informará a los supervisores financieros de las fortalezas y debilidades de capital de cada entidad para exigirles que refuercen sus solvencia o preparen planes de contingencia si fuera necesario.