Industria pone coto a las eléctricas piratas con un cambio regulatorio
Publicará un procedimiento para detectar con rapidez posibles fraudes
El rosario de quejas que el Ministerio de Industria ha recibido en las últimas semanas por parte de las compañías eléctricas contra el fraude de las llamadas comercializadoras piratas, ha surtido efecto. El Secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, ha aprobado un cambio regulatorio que puede poner coto a unas prácticas que han generado hasta marzo un agujero de 54 millones y que pueden llegar a 70 millones este año, según datos de la CNMC. Estas pérdidas las asume el resto de agentes del sector (generadoras eléctricas y comercializadoras) en función de los volúmenes contratados.
Las comercializadoras piratas adquirían mucha menos energía de la que luego vendían a sus clientes, por lo que solo pagaban lo que compraban. La diferencia o desvíos se saldaban con posterioridad a un precio muy superior al del mercado diario y, en función de ellos, el operador del sistema, REE, le imponía garantías excepcionales.
El quid de la cuestión, que quiere subsanar el ministerio, es que las liquidaciones definitivas de REE se produce a los ocho meses, lo cual significa que las comercializadoras tienen siempre pendiente las liquidaciones del consumo medido de sus clientes en el mes en curso y en los ocho meses previos. Un margen amplio que permite engordar el fraude y “que las piratas desaparezcan”, tal como aseguró recientemente Nadal.
Tanto las eléctricas independientes como las de los grandes grupos integrados, venían presionando a Industria desde hace más de un año para que redujese ese plazo, ya que las mediciones de consumo ya se conocen mucho antes gracias a los contadores inteligentes. Algo en lo que coincidían REE y la CNMC, aunque era el ministerio, el que tenía la última palabra.
Las garantías exigidas a las empresas se recortan un 50%, al reducirse el riesgo
Según confirman fuentes del sector, el secretario de Estado ya ha firmado la resolución, que publicará el BOE la semana que viene, con la propuesta de REE de modificar uno de los procedimientos de operación (14.1), el referido a las condiciones generales del proceso de liquidación de REE.
El cambio, cuyo informe fue aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria de CNMC el pasado 29 de marzo, se resume en que a partir de ahora el plazo para las liquidaciones se reduce de ocho a tres meses como máximo. Una medida que aunque no resuelve totalmente el problema puede disuadir a quienes pretendan vender electricidad sin haberla pagado, ya que el plazo para detectarlas y fijar las garantías se estrecha. Al reducirse el riesgo, las garantías por desvíos exigidas a los agentes se recortarán en un 50%, según propusieron en su día REE y la CNMC.
Si bien la detección precoz de prácticas fraudulentas será una vía de disuasión y una criba entre las empresas que actúan de mala fe, no supondrá la total desaparición del problema. Queda el dilatado plazo (casi un año) desde que el ministerio abre un procedimiento de inhabilitación para las que no cumplan hasta que este termina. Un sistema garantista propio de cualquier procedimiento sancionador, en el que el afectado tiene derecho a defenderse.
Una de las soluciones planteadas por el sector al ministerio es el endurecimiento de las condiciones para obtener la licencia de comercialización:un capital de tan solo 3.000 euros y una declaración jurada. Algo que los responsables de Industria consideran una traba a la competencia, pero que podría aceptar si hay consenso entre las empresas.
Unas pocas han hecho mucho daño al mercado
Además de la deuda por el agujero generado por las eléctricas piratas, que la CNMC calcula en 54 millones, que han asumido generadoras y comercializadoras, los impagos a las distribuidoras por los peajes de acceso ascendían a casi cinco millones de euros a noviembre de 2015. Una deuda de siete suministradoras de la que son acreedoras nueve distribuidoras, mayormente, Endesa (2,4 millones) e Iberdrola (1,85 millones). El fraude cometido por unas pocas compañías, está haciendo mucho daño a un mercado eléctrico en el que es muy difícil competir.
Por eso, existe consenso entre el ministerio y el resto del sector en que es preciso distinguir entre las empresas que actúan de mala fe y las que hayan tenido problemas para poder aportar las garantías y en que es necesario dejar clara la diferencia entre un procedimiento de inhabilitación y la inhabilitación.
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