El nuevo Gobierno tiene sobre la mesa el futuro de Bankia y BMN
Ampliar el plazo para la privatización de Bankia después de 2017 requiere un cambio de ley española
El nuevo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio tiene aún sobre la mesa varios frentes abiertos en el sector bancario heredados de 2012, cuando el Ejecutivo de Rajoy acudió a Bruselas para pedir ayudas para sanear el sistema financiero. Todo indica que la mejor solución para BMN es su fusión con Bankia en 2017, aunque Bruselas debe aprobar esta operación. Ampliar o no la fecha para privatizar Bankia es otra cuestión a resolver por el nuevo Gobierno.
El futuro Gobierno que se forme a partir del próximo 26 de junio tiene que despejar aún algunas importantes cuestiones sobre el sistema financiero español. Una de ellas es la petición oficial a Bruselas para poder recuperar un viejo proyecto, fusionar Bankia, en el que el Estado cuenta con el 64% de su capital, con BMN, entidad que tiene un porcentaje público similar.
La decisión definitiva de esta operación le corresponde al próximo Gobierno pero, de momento, los expertos y fuentes conocedoras de las opciones que maneja el Frob para BMN la más factible es la de su fusión con Bankia. Esta operación, no obstante, no se llevará a cabo hasta el próximo año, una vez que el futuro Ejecutivo esté asentado y haya realizado las consultas pertinentes, explican fuentes financieras.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ya comentó hace algo más de un mes que consideraba “muy lógico” que el Frob analizase diferentes alternativas de desinversión de Bankia y BMN, entre ellas las de una posible fusión entre ambos bancos. “El FROB continuamente tiene que analizar posibilidades. Y creo que es muy lógico que analice las diferentes alternativas de desinversión en Bankia y BMN”, explicó. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y Bruselas en 2012 para recuperar los 1.645 millones de euros en ayudas inyectadas en la entidad que preside Carlos Egea pasa por que las acciones de BMN coticen en Bolsa. Pero para ello, el banco tendría que cotizar a 1,19 veces por encima del valor en libros, y en las actuales condiciones del mercado parece casi imposible que se pueda alcanzar esta proporción a corto plazo (la fecha para tope para comenzar a cotizar es en 2017).
Las declaraciones del BCE del jueves en las que prevé mantener los tipos de interés al cero tres años más complican la cuenta de resultados de los bancos, razón por la que la solución para BMN debería tomarse antes de esa fecha límite.
Pero para sumar BMN a Bankia se necesita la autorización de Bruselas, ya que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri no puede implicarse en operaciones corporativas hasta junio del próximo año.
Ampliar o no la fecha de noviembre de 2017 para que el Estado complete su desinversión en Bankia es otro de los asuntos que el Frob debe abordar con el nuevo Gobierno. Según la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, (artículo 31, punto 4) el Estado tiene cinco años a partir de entonces para salir del capital de cualquier empresa que haya recibido ayudas públicas, con lo que le queda al Frob 17 meses para privatizar Bankia, entidad que ha recibido 22.429 millones.
El caso de esta entidad es muy diferente a la del resto de los bancos que recibieron ayudas públicas en 2012 al ser un banco sistémico y, además, cotizado. De ahí que la solución pase solo por su privatización, y la fecha para lograr este objetivo fue acordada por el Gobierno de Rajoy e incluida en una ley. Por esta razón, una posible ampliación en la fecha para que salga el Gobierno de su capital pasa por un cambio legislativo, que debe estar aprobado por el Parlamento. Fuentes financieras aseguran que el hecho de que se pudiera ampliar el plazo de la salida del Estado del capital de Bankia, no significa que se tenga que agotar, pero “sí puede suponer un alivio ya que la volatilidad de los mercados ahora y sobre todo de los valores bancarios hacen poco atractivo su venta para que el Estado pueda recuperar las ayudas”.
Otra fuente financiera añade que “el Frob no puede vender esta participación a precios de derribo. Va contra el espíritu del Estado, de ahí que lo lógico es que estudie ampliar la fecha de privatización”. De momento, la acción de Bankia cotiza a 0,76 euros, con una caída el viernes del 3,54%. Su precio está muy lejos del 1,51 euros por acción a lo que se colocó entre inversores institucionales a finales de febrero de 2014 el 7,5% de su capital. Este es el precio que quedó fijado como referencia para la venta del resto del paquete de títulos del Estado. Este valor, no obstante, parece ya muy lejano y difícil de conseguir en la actualidad.
Goirigolzarri ya ha respondido en más de una ocasión sobre un posible retraso en la privatización de Bankia. Considera que no es trascendental para la actividad de la entidad. El PSOE también ha comentado en alguna ocasión que es partidario de que se retrase su privatización antes de malvender. Mientras que Podemos pretende que Bankia se convierta en un banco público.
Mientras, alguna entidad ha comenzado a presionar para que la privatización de Bankia sea por subasta pública, algo que no está contemplado por Bruselas. BBVA, de hecho, ya ha defendido públicamente que la salida del capital público de BMN y Bankia se lleve a cabo a través una puja pública.
Unicaja también está sujeto a la modificación de sus planes
Otro banco que está pendiente del cambio de Gobierno para resolver su futuro más inmediato es Unicaja. La entidad andaluza debería salir a Bolsa antes de finales del presente año, según acordó con Bruselas tras adjudicarse Ceiss, entidad que había recibido 604 millones de euros en bonos convertibles contingentes (cocos). Pero la volatilidad de los mercados y la caída del negocio como consecuencia de operar bajo unos tipos de interés al 0% hacen prever un retraso en su debut en el parque.
La entidad tiene entre sus planes desde hace ya meses retrasar su salida a Bolsa como mínimo hasta 2017, pero para ello tiene también que decidir Bruselas y el Frob, según apuntan fuentes financieras.
Otra firma que también tiene cocos como ayuda pública es Ibercaja. La entidad que preside Amado Franco ya ha comenzado a devolver el próximo miércoles 30 de marzo una parte de las ayudas públicas que recibió su filial Caja3. Ha amortizado 20 millones de euros de cocos, el 5% del total. El resto de esta emisión de bonos convertibles, 386 millones de euros, lo reintegrará al Frob en dos fases el próximo año, aunque antes espera conseguir inversores para que compren estos bonos una vez canjeados en acciones o amortizarlos.
La entidad aragonesa tiene entre sus planes salir a Bolsa, como fijó a todas las antiguas cajas de ahorros Bruselas, pero su idea es retrasar lo más posible su estreno en el parqué. Si puede lo hará entre 2018 y 2019.
