Editorial

Una carrera fiscal larga y por etapas

El proceso de consolidación fiscal que pesa como una losa sobre España se parece más a una larga carrera por etapas que a un veloz sprint. Aunque en los últimos ejercicios la política económica española ha buscado como principal objetivo la reducción del déficit fiscal, con menor éxito en el último ejercicio, la hoja de ruta del Pacto de Estabilidad incluye también el recorte, a partir de 2018, de la deuda pública. Ese compromiso exigirá del próximo Gobierno la adopción de duros recortes. España tendrá que reducir a un ritmo del 5% anual su exceso de endeudamiento –lo que supondrá inicialmente unos 20.000 millones de euros– durante un plazo de 20 años para tratar de alcanzar un umbral de deuda pública que no supere el 60% que exige Bruselas.

De momento, la próxima etapa de esta larga carrera está ya a la vuelta de la esquina. En julio, la Comisión Europea tendrá que decidir si impone a España una sanción, cuyo importe asciende al 0,2% del PIB, por el desvío sobre los objetivos marcados en el Pacto de Estabilidad. Y en septiembre, el Gobierno deberá presentar unos presupuestos públicos que hagan factible el cumplimiento de la nueva senda fiscal pactada con Bruselas, que incluye un déficit del 3,9% en este ejercicio y del 2,5% en el de 2017.

Es obvio que un ajuste como el que debe realizar España exige una política económica que incluya un control racional sobre el gasto público y una optimización de los ingresos, pero que al tiempo no ahogue el crecimiento. La Comisión Europea ha emitido ya una batería de recomendaciones para dirigir esa estrategia, que ataca el problema desde cuatro frentes: fiscal, laboral, formación y reformas de servicios. Entre las medidas que plantea Bruselas figuran viejas asignaturas pendientes de España que han sido planteadas de forma recurrente, pero no rematadas. Es el caso de la liberalización de los servicios profesionales y de horarios comerciales, la reforma de la formación para desempleados, la modificación de los servicios públicos de empleo y un nuevo modelo de contratación pública.

España debe ser consciente de que el largo esfuerzo realizado para salir de la crisis ha dado frutos –el país está creciendo a un ritmo del 3%– pero no ha finalizado. La política económica que deberá aplicar el próximo Gobierno no tiene mucho margen para la alegría, sino que deberá combinar recortes con estímulos a la actividad. Si el país quiere cumplir con los objetivos de déficit y no dañar el crecimiento con un aumento de la presión fiscal, hay que afrontar aún más medidas pendientes. Entre ellas destaca la eliminación de buena parte de la ingente maraña de deducciones que trufan la legislación tributaria, que sigue siendo farragosa y enormemente compleja, o la reforma de una Administración pública en la que abundan todavía ineficiencias y duplicidades.