Corrupción

Griñán y Chaves explican el presunto fraude de los cursos en el Parlamento andaluz

El expresidente de la Junta José Antonio Griñán ha mostrado hoy su convencimiento de que la Administración regional actuó, en el caso de los fondos de formación, de acuerdo con la legalidad y ha afirmado que “las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella”.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria sobre las subvenciones de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002, Griñán ha sostenido que en esta cuestión la Administración “ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas”.

El expresidente andaluz, que ocupó este cargo entre 2009 y 2013, ha resaltado que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones como “garantista” y ha subrayado que “no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía”.

“En esta cuestión el gran problema es que no hay suficientes recursos humanos para desarrollar todas las funciones” relacionadas con las ayudas, ha mantenido Griñán, quien ha recordado que desde 2010 la ley de presupuestos “cierra la apertura a cualquier aumento de plantilla”.

Por su parte, el expresidente de la Junta Manuel Chaves ha admitido que es “posible” que “no todo” estuviera “bien” en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha subrayado que “siempre” actuó dentro “de la más estricta legalidad” y ha descartado algún “fraude” en el seno de la Junta.

“Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena. Seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión”, ha dicho Chaves, que ha remarcado que “nunca” recibió ninguna “alerta” sobre “cualquier tipo de irregularidad” en la gestión de los cursos.

“Lo repetiré hasta el fin de mis días: durante mis años de Presidencia, nunca he tolerado, impulsado o mantenido ninguna ilegalidad en ningún ámbito”, ha enfatizado.

Antes de someterse a las preguntas en la comisión del Parlamento que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002, Chaves, que fue presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha señalado que es “posible” que se pudieran haber cometido actos ilícitos pero “sería por parte de quien lo cometió, no de ningún directivo de la Administración”, y ha reiterado que la ejecución fue “positiva, razonable, útil y eficaz”.

Tras recalcar que comparece ante esta comisión para “cumplir” con su “deber de ciudadano” y por el “respeto” que le tiene al Parlamento, ha defendido la gestión de las políticas activas de empleo y se ha remitido a la serie histórica de las tasas de desempleo en el periodo en que gobernó para resaltar que “dieron resultado”, pues en 2007 la tasa de paro fue de poco más del 12 %.

“Nunca, a lo largo de mi ejercicio de la Presidencia, firmé ninguna decisión ilegal”, ha remarcado Chaves, que ha asegurado que tampoco tuvo conocimiento de irregularidades “en el supuesto de que hubieran existido”, como tampoco dio “instrucciones ni recomendaciones” a nadie para que pudieran “alterar” la legalidad.

La mayoría de los portavoces de los grupos políticos han preguntado a Chaves por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, a lo que ha respondido que desconoce el número exacto porque “era exclusiva competencia del consejero” del ramo, de forma que “no pasaban por el Consejo de Gobierno”.

Ha dicho, además, que en aquel periodo nadie “alertó”, ni siquiera los medios de comunicación, al respecto, por lo que ha considerado que se está “inflando un tema que no lo merece tanto”, entre otras cosas porque la exceptuación “no es un perdón” y nadie puede “librarse” de justificar el pago de la subvención.

Aunque ha subrayado que tiene “plena confianza” en los dos consejeros que gestionaron estas políticas durante su mandato, en referencia a José Antonio Viera y Antonio Fernández, ha señalado que los tribunales tendrán que pronunciarse y la comisión de investigación decidir “si hubo o no responsabilidades políticas” de estos, que “tenían sus competencias y autonomía” para la gestión.

“Si me quiere hacer responsable político como presidente, lo puedo entender porque lo tienen claro desde el primer día de esta comisión”, le ha respondido al PP al final de su comparecencia, pero ha añadido: “Si me quieren hacer responsable político de lo que ha hecho un funcionario, un director, o incluso un consejero, no tengo esa responsabilidad porque tienen toda la autonomía”.

“Excusatio non petita, acusatio manifiesta”, ha replicado el PP, que ha añadido: “Yo, de momento, no quería imputarle ninguna responsabilidad política”.