La prórroga del déficit a España bordea la ilegalidad

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha logrado una cuadratura del círculo de dudosa legalidad: conceder un año de prórroga a España para ajustar el déficit (hasta 2017) sin pronunciarse sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido con el Pacto de Estabilidad. La jugada recuerda peligrosamente a otra de 2003, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) esquivaron el pacto para no aplicárselo a Francia y Alemania. Poco después, el Tribunal de Justicia europeo anuló aquella artimaña legal.

Otra vía

La artimaña utilizada esta vez por la Comisión para saltarse el Pacto ha consistido en aprovechar la revisión del Plan Nacional de Reformas y de la actualización del Programa de Estabilidad para fijarle a España una nueva senda de consolidación fiscal que suaviza la anterior y aplaza hasta 2017 la consecución de un déficit por debajo del 3%. Esa fórmula ha evitado valorar la situación presupuestaria en base al artículo 126 del Tratado de la UE, que podría haber desembocado en un procedimiento sancionador. Bruselas ha utilizado la misma vía con Portugal.

Doble regalo

En el caso de Portugal, la CE ha invocado como excusa que el dictamen anterior ya había expirado a finales de 2015 y debía actualizarse. En el de España ni siquiera había esa urgencia, porque el dictamen (de 2013) sobre los ajustes sigue en vigor (hasta final de año). Pero al adelantar un nuevo calendario, Juncker hace un doble regalo al Gobierno de Rajoy: se anuncia la prórroga antes de las elecciones del 26J, con una dudosa base legal, y se aplaza para después de los comicios la aplicación del Pacto de Estabilidad (artículo 126). La jugada se ha extendido a Portugal para que Lisboa no proteste, aunque la CE podría haber revisado ya la situación presupuestaria de ese país en base al artículo 126, como hizo el miércoles con Italia, Bélgica y Finlandia.

Dudas legales

La Comisión Europea reconoce que ha tardado varias semanas en dar con la fórmula para encajar legalmente la prórroga de España. El servicio jurídico de la CE dio luz verde al plan y aseguró que respeta las obligaciones de vigilancia del organismo comunitario. Pero varios países, entre ellos, Alemania, albergan serias dudas. Y Bruselas cruza los dedos para que nadie impugne el dictamen. Muchos recuerdan que en noviembre de 2003 un servicio jurídico, en aquel caso el del Consejo, también tranquilizó a los ministros y les aseguró la legalidad de su decisión. Ocho meses después, los jueces europeos declararon ilegal la congelación de los procedimientos contra Francia y Alemania.

Marca Juncker

Desde la decisión de 2003 han cambiado muchas cosas, pero sigue habiendo un denominador común: Jean-Claude Juncker. El actual presidente de la CE era entonces ministro de Finanzas de Luxemburgo y como tal fue un elemento decisivo para salvar a Francia y Alemania y, de paso, desautorizar al comisario europeo de Economía de aquella época, el español Pedro Solbes.

Juncker fue un aliado incondicional de Berlín y París. Hubo países, como Bélgica y Grecia, que navegaron entre dos aguas e intentaron salvar a Francia y Alemania sin dejar en evidencia a la Comisión. Juncker, en cambio, fue de los que no solo no secundó las propuestas de Solbes, sino que también votó a favor de la fórmula inventada por Italia (que ocupaba la presidencia semestral) para esquivar el pacto. En ese bando franco alemán y antipacto solo militaron Luxemburgo, Italia, Irlanda y Portugal, estos últimos porque también estaban en el punto de mira de Solbes.

Bronca interna

Juncker ha vuelto a militar ahora entre los partidarios de aplicar el Pacto de Estabilidad en función de las condiciones políticas reinantes, marcadas esta vez por las elecciones en España y, sobre todo, por el referéndum en Reino Unido sobre la continuidad de ese país en el club. El retraso de la decisión sobre España por esos motivos ha provocado una gran bronca interna en la Comisión, que tuvo que debatir el expediente durante dos de sus reuniones semanales (11 y 18 de mayo). El 13 de mayo, el equipo de Juncker ya dio por parada la sanción. Pero eso no impidió una nueva trifulca porque la mayoría de los comisarios, según las fuentes consultadas, son partidarios de aplicar las normas del pacto, aunque supongan sancionar a un país como España, que ha reducido a la mitad el déficit público en apenas cuatro años.

Barullo de excusas

La decisión sobre España ha sido tan conflictiva que la CE ha intentado explicarla con un barullo de excusas incoherentes y hasta contradictorias. El comisario de Economía, Pierre Moscovici, aseguró que el aplazamiento se debía a la ausencia de un Gobierno con plenos poderes. Al mismo tiempo, añadía que la decisión se tomará “a principios de julio”, a sabiendas de que para entonces España seguirá todavía con un Ejecutivo en funciones. La CE también ha aludido a su deseo de no interferir en las elecciones españolas, aunque eso no le ha impedido anunciar por adelantado la prórroga de un año para cumplir el déficit, éxito que ya se ha anotado Rajoy. Mientras algunos partidos (como PSOE y Ciudadanos) piden flexibilidad a Bruselas, él ya la ha conseguido, subrayó el presidente en funciones durante un encuentro con la prensa en Palma de Mallorca al día siguiente de anunciarse la prórroga.

Dombrovskis, helado

Además de Juncker, hay otro testigo de las maniobras de 2003 y 2016 para esquivar el pacto: Valdis Dombrovskis. Hace 13 años, como convidado de piedra, porque asistía a la reunión del Ecofin que congeló el pacto como ministro de Finanzas de Letonia, país a punto de ingresar en la UE, pero todavía sin voto. Ahora, como vicepresidente económico de la CE es un firme partidario de imponer sanciones. Pero su opinión ha pesado tan poco como en 2003, aunque intentará resarcirse tras el 26J.