Tribuna

Distancia moral: que corra el aire

Fraude es un término que, en el mundo de la formación, goza de un enorme prestigio, de una vis expansiva que le asigna la propiedad de ocupar, cuando se escribe o se pronuncia, todo el espacio argumental disponible. A fraude le ocurre como a sexo: es sabido que si alguien quiere concentrar sobre sí la atención de los participantes en un debate sobre la carga fiscal, solo tiene que decir sexo y el resto del grupo callará, momento que podrá aprovechar para dar su opinión sobre la carga fiscal. Además fraude remite, por su contundencia fonética, a simples conexiones mentales de fácil consolidación en la memoria pública (por ejemplo, si formación = patronal + sindicatos y formación = fraude, entonces, patronal + sindicatos = fraude) y en la promoción de esas conexiones mentales ha habido, según creo, falacia e intención.

Fraude es también polisémico y abarca en su versión populista desde una incorrecta justificación de costes hasta la conducta tipificada con ese nombre en el código penal, pasando por los regalos bonificables y otras malas prácticas de diverso grado. Sin embargo, en el registro intencional antes comentado, la dichosa palabra va levantando en torno a sí el borroso espejismo de que una palabra y la otra –fraude y formación– son inseparables, que conforman una presunción iuris et de iure, sin prueba posible en contrario. Yo también he creado mi propia conexión simplista y la quiero exponer en un par de conclusiones: La primera, que el fraude en la formación ha merecido una desproporcionada atención mediática si se pone en comparación con la atención prestada al fraude en otros ámbitos de la vida pública. Este enfoque intensivo sobre los casos concretos tiene el efecto de dificultar e incluso impedir la apreciación pública del esfuerzo (y el éxito) de las administraciones y de los jueces en la lucha contra el fraude en la formación.

Sin embargo, en los últimos años, cientos de millones de euros se han recuperado para el Tesoro público tras acreditarse su mala utilización o justificación por algunos beneficiarios. Si bien es cierto que una parte importante de ese retorno se debe a devoluciones voluntarias o al resultado de las comprobaciones técnicas y liquidaciones practicadas, otra parte importante tiene su origen en la actuación de la Inspección de Trabajo, la investigación policial y el seguimiento y control que realizan, con muy escasos medios, los Servicios Públicos de Empleo.

La otra conclusión que extraigo de mi conexión simplista es que el fraude en la formación sin duda existe y existirá. Entonces, ¿cómo reconocer y anticiparse al defraudador y al fraude para minimizar sus efectos? Manuel Vicent nos cuenta que una joven pasajera de su tranvía a la Malvarrosa, harta del progresivo manoseo, más o menos disimulado, de otro pasajero varón, encaró al baboso y le espetó “Ja té vosté la mà en la figa ¿I ara que fem?”. Hay un defraudador-tipo muy extendido en la formación que responde a ese perfil adherente. Despliega una cordialidad comercial, carente de afecto, desenfunda tarjetas de alto gramaje y acarrea todas sus fotos con gente importante.

Otea en cada evento presencias potables y se arroja sobre ingenuos y educados responsables políticos como una rapaz se tira sobre su pobre presa. Proclama tener amigos pero apenas se le conoce, carga y afrenta con su ingeniería de pillo, te lo encuentras en cada esquina de cada ciudad a la que te invitan y lo sufres en silencio. También existe el bobo arrogante y existe también algún lidercillo propicio al unte grasiento. Está el directivo que deambula ofrecido, el astuto formador que le sisa al profesor sus honorarios y asimismo el sinvergüenza que fabrica facturas falsas mientras duerme con un ojo abierto, como los conejos.

Y están los golfos que ofrecen como formación servicios pretendidamente bonificables y los que ensucian nuestra marca y nuestro logo al ponerlos junto a su nombre con la palabra gratuita, los cínicos que dando una formación de todo a cien se hacen pasar por custodios de las esencias del sistema y los que estando al límite del offside protestan airados cuando se lo pitan.

Desgraciadamente, aunque todos estos son muy pocos, embarran el campo de juego y provocan mucho ruido. La nueva Ley reguladora del sistema de Formación para el empleo, con un respaldo político pocas veces conocido, contiene medidas coactivas para corregir y eliminar estas conductas. Pero también contiene otras normas con vocación ordenadora que han tenido, al impedir la generación de beneficios desproporcionados a costa de la formación, un gran efecto depurativo sobre determinadas prácticas incompatibles con la ética. (Por ejemplo: algún rumboso dispensador de regalos con cargo a la cuota ha dejado de organizar formación bonificada y todo el sector de la formación, según me cuentan, lo ha celebrado como si ello representara el fin de una era odiosa).

Contemplados estos tipos desde una mínima distancia moral, todos ellos se ven tóxicos, porque en mayor o menor medida se apropian de la cuota de formación profesional que pagan los empresarios y trabajadores, abusan de la presunción de inocencia y horadan la confianza ciudadana en los agentes sociales y en los centros y entidades de formación. Aunque algunos se creen a salvo en su atalaya garantista, lo suyo con la justicia solo es cuestión de tiempo y no está lejos la hora en que, libre de su presencia en el sistema, el aire de la formación correrá, limpio de polvo y paja, entre la mà y la figa.

Alfonso Luengo es Director Gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo