Tribuna

Los desempleados no están en funciones

Cómo le podemos explicar ahora a los millones de parados que ya no pueden resistir más que otra vez tenemos que ir a votar y que los desempleados y desempleadas no son la prioridad, como asimismo, que hemos confundido lo urgente con lo necesario. Hemos perdido la oportunidad, durante casi 12 meses, hasta la formación de un nuevo Gobierno que surja del 26 de junio próximo, de diseñar y aplicar medidas de políticas de empleo contra los altos niveles persistentes de desempleo producidos por los graves efectos de la crisis económica.

Hemos pasado más tiempo buscando culpables de la ausencia de pacto que buscando soluciones para los más desfavorecidos. Con todo ello, dejamos la solución de los problemas laborales en manos del “viejo modelo económico”. De momento, estamos fiándolo todo al sector turismo (40% del empleo total creado) para que, por sí solo, cree los puestos de trabajo. Incluso tenemos que esperar a que jóvenes emprendedores tomen la iniciativa de crear más establecimientos en dicho sector de la hostelería o tiendas de cigarrillos electrónicos. Qué podrán pensar las personas que han depositado su voto para que se produzca un cambio de rumbo en la política económica y se desesperan viendo que no cambia su signo. Y eso que no será por transparencia informativa, ya que la mayoría de personas conocen bien que el desempleo es la primera preocupación de los españoles, prácticamente en todas las ediciones del Barómetro del CIS desde su creación en 1985.

En ese contexto, las desigualdades en el ámbito de las personas o de los hogares se refieren en principio al trabajo y el empleo ya que es en el funcionamiento del mercado de trabajo donde generalmente tienen su origen. En concreto, la fuente de desigualdades reside en las diferencias de acceso al empleo. Las personas con rentas más bajas son las más expuestas al riesgo de encontrarse en situación de desempleo de larga duración, mientras que las rentas medias o elevadas son las que normalmente han realizado estudios universitarios sin pasar por periodos de paro prolongados.

Nuestro mercado laboral muestra grandes desequilibrios y desigualdades laborales que requieren una pronta solución. Hay que tener en cuenta que el mercado laboral cambia constantemente, pero nunca lo ha hecho a la velocidad de hoy. Por ello, nuestro país necesita con urgencia la elaboración de un plan de emergencia social para atender, sobre todo, aquellos hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro y que han aumentado, en el primer trimestre de 2016, en 54.300, hasta situarse en más de 1,6 millones.

Además, el paro de larga duración es muy elevado (cerca del 60% del total de desempleados), lo que genera la necesidad de establecer un plan formativo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las cualificaciones de los desempleados de larga duración se queden obsoletas. Hay que tener en cuenta que los empleos que se han destruido son muy distintos a los que se han creado, por lo que es necesario una reestructuración de los contenidos y planes formativos ya que si tenemos que trabajar de manera diferente habrá que formar de manera diferente.

Otra de las desigualdades más agravantes es la de los jóvenes. A los problemas antiguos de inserción hay que añadir los nuevos problemas, consecuencia de la crisis económica, que los sitúa en peor posición que el resto de colectivos. En concreto, su tasa de paro (46,5%) es, tras la de Grecia, la más elevada entre los países miembros de la Unión Europea.

Entre los jóvenes también existen desigualdades entre los que tienen estudios y los que no. Los datos demuestran que cuanto mayor es la cualificación y preparación formativa, menor es la tasa de desempleo. Su tasa de empleo se sitúa por debajo del 20%. En concreto, el 19,3% frente al 50,3% de los mayores de 25 años. Y, además, los jóvenes se encuentran mayoritariamente representados con contratos inestables y empleos de mala calidad.

Por último, es necesario que se produzca un incremento salarial para aliviar la desigualdad del mercado de trabajo y la pobreza laboral de los trabajadores pobres (the working poor) y contratos precarios. Para ello, hay que modificar las reglas que producen dicha precariedad. Ante este escenario, es muy difícil llegar a comprender la ausencia de un Gobierno progresista que elabore un plan de choque mediante políticas activas de empleo adecuadas que combata las desigualdades y promueva una mayor cohesión social. Así, lo urgente y prioritario debe ser la creación de más empleo de calidad. Una inversión social rentable para las personas.

Vicente Castelló es Profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local