Más protección al pequeño inversor
La CNMV ha decidido poner coto a las comisiones desorbitantes –en algunos casos de hasta 5.000 euros– que bancos e intermediarios bursátiles pueden llegar a cobrar por traspasar una cartera de valores a otra entidad. En una circular que entrará en vigor después del verano, el organismo que preside Elvira Rodríguez establece un nuevo sistema de tarifas que consiste en una comisión máxima por cada clase de valor, cuya cuantía no será un fijo como hasta ahora, sino un porcentaje del importe de los valores traspasados, acompañado de una cantidad máxima en euros. La circular detalla el modo de elaborar el cálculo, según se trate de renta variable o de renta fija, así como la base para fijar los porcentajes. Los folletos con las nuevas comisiones deberán estar listos antes del 1 de septiembre y empezar a aplicarse el 1 de octubre.
El diagnóstico del regulador de los mercados es claro y justificadamente severo. La cuantía de algunas de las las comisiones que se cobran por los traspasos “no es proporcional” con la calidad del servicio prestado por entidades e intermediarios. Además, el coste para el cliente –que llega a ser, en ejemplos extremos, hasta 50 veces superior al de vender la cartera– puede llegar a dificultar la competencia, porque retiene a aquellos clientes que no estén dispuestos a asumir una factura de esa cuantía. En algunos casos, al inversor le resulta menos gravoso liquidar la cartera y traspasar el efectivo a otra entidad que ordenar el traspaso de los valores.
La CNMV llega a plantear que las comisiones más elevadas podrían llegar a considerarse cláusulas abusivas, aunque recalca que no es su función pronunciarse sobre ese extremo. La heterogeneidad de las tarifas cobradas por bancos e intermediarios incluye desde los 30,05 euros que cobra BBVA por clase de valor hasta los 1.000 de Sabadell. En el caso de las sociedades de valores, los costes pasan por los 50 euros de BEKA Finance o los 100 de Renta 4.
La cultura de protección al consumidor ha ido ganando peso a lo largo de los últimos años en todos los mercados y sectores, pero en el caso del financiero se ha visto reforzada aún más por los casos de mala praxis –cuando no de praxis abusiva– que han salido a la luz con la crisis económica. Ejemplos como el que describe la CNMV, en los que el coste de traspaso de la cartera equivale al de su custodia durante más de 40 años, resultan inaceptables desde cualquier punto de vista e incompatibles con un sector financiero y bursátil sometido a supervisión. La protección del inversor en unas economías cada vez más abiertas y globalizadas es una pieza clave para generar confianza y atraer capital. En ese escenario, la banca y los intermediarios bursátiles españoles tienen que apostar por la claridad y la transparencia no solo en beneficio del cliente, sino también en el propio.