Reunión con el presidente de la FEMP

Hacienda prohíbe a los ayuntamientos gastar el superávit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Los municipios acudían a la reunión con el Ministerio de Hacienda con la esperanza de que se les ofreciera algún guiño como contraprestación a su austeridad fiscal. Más aún después de la tormentosa reunión del viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas. En ella se mostró dispuesto a seguir asistiéndolas a través de los fondos para garantizarles la liquidez, siempre y cuando que las trece regiones que no cumplieron con el déficit el pasado ejercicio presentaran sus planes de ajuste en quince días.

Un escenario radicalmente diferente al de los municipios, que cerraron el pasado ejercicio con un superávit del 0,44% (5.000 millones de euros), encadenando cuatro ejercicios con números negros. Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo consideraba como un aval suficiente para arañar a Montoro concesiones en algunas de las dos propuestas que le iba a presentar.

En primer lugar flexibilizar la regla de gasto, que fija que ninguna administración puede gastar más allá de crecimiento de la economía española a medio plazo. Este indicador, que lo revisa anualmente el Ministerio de Economía, está fijado en la actualidad en el 1,8%, lo que significa que el gasto no puede crecer más allá de esa cifra, aunque se haya cumplido el objetivo de déficit. La aplicación estricta de esta regla impide a consistorios saneados (más de dos tercios del total) elevar su gasto por encima de esa cifra. En segundo lugar modificar la norma que fija el techo de gasto, el límite que marca Hacienda para diseñar los presupuestos municipales. La FEMP quería que se fijarán sobre las necesidades futuras y no sobre lo presupuestado el ejercicio anterior.

Ni una ni otra. Hacienda rechazó ambas peticiones y lo que propuso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fue la elaboración de un dictamen sobre la “capacidad” que puedan tener las corporaciones locales para modificar la regla de gasto dentro de lo que permite la “gobernanza europea”, la ley de Estabilidad que se aplica en España. “Lo que estamos planteando al Gobierno es que tenemos vocación de cumplir los objetivos europeos, pero no de superar los objetivos y aportar recursos para que lo gasten otras administraciones. Nosotros superávit, el resto déficit. Estamos pidiendo que se nos permita lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria y queremos recuperar los 5.000 millones que hemos aportado”, remarcó enfadado Caballero.

Esa propuesta, que será discutida en una próxima reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), deberá estar siempre dentro de los límites de la normativa europea sobre déficit, deuda y regla de gasto. Los municipios no cumplieron el último punto el pasado ejercicio, pese a lo cual lograron superávit.

Conscientes del inmovilismo de Hacienda en materia presupuestaria, donde cuenta con la vigilancia de la Comisión Europea, algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, optó directamente por saltarse la regla para poder gastar el excedente presupuestario y no tener superávit este año. Eso les permitirá disponer de 100 millones para inversión. “El Ayuntamiento de Barcelona considera que tiene una situación muy saneada por lo que no tiene sentido esta política de austeridad”, remarcan fuentes municipales.

Madrid, otro gran ayuntamiento con saldo positivo, no ha ido tan lejos y ha optado por exprimir al máximo la figura de las inversiones financieramente sostenibles, la alternativa propuesta con Hacienda. Se trata de un conjunto de proyectos, al que se puede destinar parte de superávit con una serie de condiciones:el proyecto debe tener una vida útil mínima de cinco años, debe ejecutarse en el ejercicio presupuestario en vigor y no puede destinarse a la compra de bienes o vehículos, excepto en el caso de que se dedique a transporte público. Madrid dedicará 266 millones este año frente a los 45,9 de 2015. La partida más importante se dedicará a la compra de 200 autobuses por 64,6 millones.

El objetivo pasa por recuperar 5.000 millones

La reunión mantenida entre Montoro y Caballero fue la antesala del encuentro de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que se celebrará la próxima semana y en la que Hacienda pedirá a la FEMP que lleve una propuesta alternativa para poder gastar los 5.000 millones de excedente. “Esta petición no es nueva. El anterior presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ya lo planteó en su época y no se encontró una solución. Lo que queremos es recuperar esos 5.000 millones”, dijo Caballero. La propuesta será remitida a la Intervención General del Estado.

Desde la Airef remarcan que el principal riesgo de incumplimiento de la regla de gasto se produce en los ayuntamientos con las cuentas públicas más saneadas. “En ese caso es cuando el crecimiento del gasto puede verse limitado por la regla de gasto”, precisa uno de sus estudios.