El ‘caso Banesto’, un agujero de 36.000 millones
Mario Conde, detenido hoy por supuesto blanqueo de capitales, fue condenado en 2002 a 20 años de cárcel por el llamado "caso Banesto", en el que se produjo un fraude contable de unos 3.000 millones de euros (501.200 millones de pesetas, entonces) y un agujero de 3.636 millones (605.000 millones de pesetas).
El Tribunal Supremo dio carpetazo al caso el 29 de julio de 2002, casi diez años después de que saliera a la luz el escándalo financiero que se descubrió cuando el Banco de España cesó al equipo gestor de entonces, presidido por Conde, y colocó a Alfredo Sáenz Abad, entonces vicepresidente del BBV, como nuevo presidente provisional de la entidad.
La investigación del Banco de España, que concluyó en febrero de 1996, ponía de manifiesto un fraude contable continuado por parte de los gestores de Banesto, que ascendía a 501.200 millones de pesetas y un agujero de 605.000 millones de pesetas.
Dada la complejidad de los hechos analizados, tanto la instrucción como el juicio oral convirtieron este caso en uno de los procesos más largos de la historia de los delitos económicos.
El juicio se prolongó desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 3 de diciembre de 1999, y la sentencia de la Audiencia se conoció el 31 de marzo de 2000.
El Tribunal Supremo decidió aumentar de diez a veinte años de cárcel la pena impuesta por la Audiencia Nacional al expresidente de la entidad, Mario Conde.
También amplió de seis a diez años la condena del exconsejero Rafael Pérez Escolar y condenó a cuatro años de prisión al financiero Jacques Hachuel y al ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte, que habían sido absueltos por la Audiencia Nacional, por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, respectivamente.
Sin embargo, el Supremo mantuvo la pena de trece años y ocho meses para el exvicepresidente Arturo Romaní y la de seis años del director general, Fernando Garro.
El 29 de julio de 2002 Mario Conde, Enrique Lasarte y Rafael Pérez Escolar entraron en la prisión de Alcalá-Meco y Arturo Romaní en la cárcel de Soto del Real.
Al día siguiente, Jacques Hachuel fue encarcelado en la penitenciaría de Alcalá-Meco y Fernando Garro, un día más tarde en Soto del Real.
El 20 de septiembre de 2002, Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel abandonaron la cárcel de Alcalá Meco tras obtener la libertad condicional anticipada por enfermedad.
Pérez Escolar, con 75 años y condenado a 10, permaneció encarcelado 54 días, y Hachuel, de 72 años, estuvo 53 días encerrado en Alcalá Meco.
El Tribunal Supremo consideró que la retirada de caja de 300 millones por parte de Mario Conde, que según él fueron a parar al partido Centro Democrático y Social, no había prescrito como había entendido la Audiencia Nacional.
Y también consideró que fueron delitos los “artificios contables”, el maquillaje de las cuentas en los últimos años de gestión.
La sentencia de la Audiencia Nacional, de 31 de marzo de 2000, condenó a Mario Conde a seis años de prisión por un delito de estafa, a través del Grupo Dorna, y otros cuatro años y dos meses por apropiación indebida realizada en el Grupo de las Cementeras de Banesto.
También condenó al exvicepresidente de Banesto Arturo Romaní a 13 años y ocho meses de cárcel por las mismas operaciones que a Conde y por la apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas, cometida a través de la operación Carburos Metálicos.
Asimismo, condenó a Fernando Garro a seis años de cárcel por apropiación indebida en Locales Comerciales y a Rafael Pérez Escolar, a seis años de prisión por estafa en el Caso Dorna y por apropiación indebida en Carburos Metálicos. Además, los cuatro imputados fueron condenados al pago de 7.149 millones de pesetas a Banesto por los perjuicios causados.
En los casos de Conde y Romaní se añadió la pena de suspensión de cargo público e inhabilitación para la administración de empresas durante la duración de la pena. El resto de los acusados quedaron absueltos.
Con anterioridad, en febrero de 1998, Mario Conde había sido condenado por el Tribunal Supremo por apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust, esto es, el dinero desviado desde Banesto a esta sociedad instrumental.
Por este asunto fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión, al pago de una multa de 15 millones de pesetas, a una indemnización a Banesto de 600 millones de pesetas y a la inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras durante la duración de la pena.
Conde permaneció en prisión más de 17 meses, aunque desde septiembre de 1998 disfrutó del tercer grado restringido y, finalmente, fue puesto en libertad condicional el 10 de agosto de 1999.
No era la primera vez que iba a prisión, ya que el 23 de diciembre de 1994 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó su ingreso en la cárcel de Alcalá-Meco por apropiación indebida, estafa de 7.000 millones, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas durante su gestión al frente de Banesto.
Tras pasar 34 días encerrado, el 31 de enero de 1995 quedó en libertad provisional bajo fianza de 2.000 millones de pesetas.
