La estabilidad fiscal está para ejercerla
Las comunidades autónomas son las responsables primeras de la desviación del déficit fiscal del año pasado, ya que en vez de un 0,7% agregado han presentado una tarjeta con el 1,66%, nada menos que un agujero fiscal de 17.962 millones de euros cuando tenían comprometido únicamente un desfase de unos 7.000 millones de euros. Tamaña desviación, además de dejar fuera de juego las cuentas de todas las Administraciones públicas, condiciona mucho el objetivo de desequilibrio presupuestario comprometido para este ejercicio tanto entre las comunidades (déficit del 0,3%, según la senda del Programa de Estabilidad pactado con Bruselas) como a nivel nacional, que debería llevar ya el déficit por debajo del 3%, para abandonar la vigilancia comunitaria en materia fiscal.
Las comunidades autónomas han generado un agujero fiscal de 17.960 millones frente a los 7.000 comprometidos
Lógicamente, no está en las cuentas de las regiones la única dificultad para España, pues la Seguridad Social acumula un déficit muy cercano y, si no media una reforma rápida, no dará tregua a las finanzas públicas, dado el progresivo envejecimiento demográfico. Y en esta cuestión es el Gobierno de la nación el primer responsable, que, aunque públicamente haya alertado de tal dificultad y haya reclamado consenso político para resolver la financiación del Estado de bienestar, ha demorado las decisiones aun disponiendo de un margen político, el que tenía hasta diciembre, envidiable.
Pero incluso en las desviaciones de las comunidades autónomas es tan corresponsable como cada uno de los Gobiernos autonómicos, puesto que Hacienda tiene desde hace varios años las cuentas de las comunidades prácticamente intervenidas, lo que le proporciona información cuasi al detalle de cada euro que se gasta en cada territorio. Además, ha dispuesto de los instrumentos para neutralizar la actitud manirrota y desleal de las regiones, pero no los han utilizado. Seguramente tan seducidos como los gestores territoriales por el ambiente electoral de los últimos 15 meses, han hecho dejación de sus responsabilidades en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, un auténtico cepo para el gasto público que en caso de ser aplicada, España no tendría hoy que sonrojarse con una desviación en las cuentas públicas propia del pasado.
Ahora Montoro se ha puesto severo y exige a cada comunidad que para todo este año se aplique la regla de gasto, que obliga a ceñir el avance del gasto público al crecimiento nominal de la economía. Esté en funciones o no, tiene facultad para exigir tal comportamiento a las 12 comunidades con desviaciones para que en 15 días aprueben la no disponibilidad de créditos y congelen los gastos a los términos de hierro de la ley de gasto. Es obligado hasta que un nuevo sistema de financiación determine otra cosa, pero debió aplicarse con el mismo rigor el año pasado.