Agujero en las autonomías y las pensiones
La indisciplina fiscal de las comunidades autónomas ha sido una constante a lo largo de la pasada legislatura y un escollo para cumplir con los objetivos de déficit público impuestos a España por Bruselas. Mientras la Administración central y los ayuntamientos han adoptado medidas para la consolidación fiscal (con la excepción notable del sistema de pensiones), las regiones han mantenido una actitud generalizada de resistencia frente a sus compromisos. Los datos del ejercicio 2015, difundidos ayer por el Gobierno, arrojan un desvío de casi un punto sobre el objetivo de España, el más elevado de toda la legislatura. Un injustificable desfase, especialmente en una economía en crecimiento, cuya corrección exigirá un ajuste de unos 24.500 millones de euros y puede provocar, además, una multa de otros 2.000 millones por parte de la CE. La oposición en bloque acusó ayer al Ejecutivo de ocultar o maquillar unas cifras cuya rebaja será tarea ya del próximo Gobierno. Es cierto que el Ministerio de Hacienda ha fracasado en su deber de controlar la evolución del gasto en las administraciones públicas. También es indiscutible que urge reformular la financiación de las autonomías, pero eso no debe servir de excusa a las incumplidoras, que son una mayoría.
Cristóbal Montoro anunciaba ayer su intención de poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para hacer frente a esos incumplimientos. Ello supone como primer paso un requerimiento a los gobiernos autonómicos para que aprueben un acuerdo de no disponibilidad de gasto público. La medida no obliga directamente a recortar gasto, sino a no aumentarlo, y a renunciar a utilizar el incremento de 10.000 millones de euros previsto para este año en la financiación de las regiones. Pese a que la norma incluye la posibilidad de intervenir a las autonomías rebeldes, no es previsible que un Gobierno en funciones adopte una medida de ese calibre y sería deseable que ni siquiera el próximo llegue a ese extremo. Mención parte merece la Seguridad Social, generadora de un 1,26% del déficit frente al 0,6% previsto. Este dato es muy preocupante en un momento en que se está recurriendo al ya disminuido Fondo de Reserva, y anticipa el que será uno de los grandes debates de la próxima legislatura, pospuesto en un año electoral y ausente de los discursos políticos. El dato introduce algo más que un matiz en el discurso oficial que culpa de todo a las autonomías. El resbalón de España reviste especial gravedad por la imagen que traslada al exterior, por lo que supone de incremento de una deuda pública al borde del 100% del PIB y por el riesgo que supone para una economía que aún debe consolidar su crecimiento. Es imprescindible recuperar la disciplina fiscal:también afrontar de una vez los problemas que se escondieron de cara a las citas con las urnas.