La UE exigirá a España un severo ajuste de 20.000 millones este año

Desde 2007, el Gobierno sólo ha cumplido el objetivo de déficit en una ocasión

El Gobierno anunciará hoy que el déficit público cerró el año pasado en torno al 5% del PIB frente al umbral del 4,2% exigido por la Unión Europea. Un desvío que complica aún más el cumplimiento del objetivo de déficit de 2016, fijado en el 2,8%. Bruselas no se plantea, de momento, suavizar el límite, lo que significa que España debe afrontar en mitad de la parálisis política un improbable ajuste de más de 20.000 millones de euros este año.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció por primera vez en febrero que España superó el objetivo del 4,2%, un hecho que conocía con anterioridad a las elecciones generales. Anunció un desfase del 4,5% del PIB, que previsiblemente será mayor y se encontrará en torno al 5%.

El Ejecutivo culpará a las comunidades

Las comunidades autónomas aparecerán hoy como la Administración que más se ha alejado de su objetivo de déficit público. El Ministerio de Hacienda exigirá a los Gobiernos autonómicos que ajusten su presupuesto para reducir el déficit público. De hecho, ya ha reclamado que las comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que son la mayoría, presenten planes de reequilibrio. En cualquier caso, esta escena se observa cada ejercicio y el incumplimiento del objetivo de déficit público se repite cada año desde el inicio de la crisis.

 

Para 2016, las comunidades tienen el reto de cerrar con un déficit del 0,3% del PIB, lo que equivale a realizar un ajuste superior a los 10.000 millones de euros. Si bien la financiación de las comunidades aumentará este año, resulta improbable que las autonomías cumplan el objetivo.

Más allá de la cifra definitiva, incumplir el déficit público se ha convertido en algo habitual en los últimos años. Desde 2007, sólo en una ocasión no se rebasó el límite (ver gráfico). El incumplimiento de 2015 saldrá a la luz en mitad de las negociaciones por formar gobierno y en una situación de parálisis política. En este contexto, Bruselas exigirá nuevos ajustes para cumplir el objetivo de este año. La Comisión Europea reclama que España rebaje su déficit público al 2,8% del PIB. Ello supone reducir los números rojos entre 2,2 o 1,7 puntos de PIB en función del dato definitivo de cierre. Implica un ajuste en torno a los 20.000 millones de euros.

Resulta difícil imaginar que España asuma un recorte de esta magnitud y más en una situación como la actual. De hecho, no es descabellado pensar que las negociaciones poselectorales acaben en nada y se celebren elecciones en junio. Además, si finalmente un candidato logra los apoyos parlamentarios para formar Gobierno, es improbable que opte por iniciar el mandato subiendo los impuestos o recortando el gasto para reducir el déficit.

De hecho, todos los partidos políticos, incluido el PP, defienden que es preciso renegociar con Bruselas una nueva senda de consolidación fiscal más realista y que permita una reducción más suave del déficit. Sin embargo, la Comisión Europea solo está dispuesta a revisar la senda de consolidación fiscal a cambio de reformas estructurales que en muchos casos van en la dirección contraria a las propuestas de los partidos. Por ejemplo, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos apuesta por aplicar un tipo reducido al IVA cultural. En cambio, Bruselas recomienda que España reduzca el número de bienes y servicios que aplican tipos bonificados. La idea incluida en el pacto entre PSOE y Ciudadanos de revisar la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, que consagró el principio de estabilidad presupuestaria, tampoco cuenta con el entusiasmo de las autoridades comunitarias. Además, en un clima prácticamente preelectoral, proliferan las propuestas de elevar el gasto público a través de medidas como un ingreso mínimo vital o un complemento salarial garantizado. Y Bruselas pide justamente lo contrario, mayor contención en el gasto público.

Los datos que presentará hoy el equipo de Cristóbal Montoro reflejarán que el desvío fue especialmente acusado en las comunidades autónomas. Su objetivo de déficit público se fijó en el 0,7% y ya en noviembre el desfase autonómico superó el 1,31%. Esto significa que las comunidades duplicarán el límite impuesto por Hacienda. La Comisión Europea reclamó en el último informe sobre España que el Gobierno aplicara sin contemplaciones la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé sanciones y medidas coercitivas para las comunidades que incumplan reiteradamente el objetivo de déficit. Cataluña, que vio como Eurostat le obligaba a imputar 1.300 millones de gasto de años anteriores a 2015, será la comunidad con mayor déficit.

La Seguridad Social también incumplirá su límite, que se estableció en el 0,6% del PIB. En este caso, el Gobierno de Mariano Rajoy sobreestimó los ingresos, lo que explica el desvío. La Administración central es probable que cumpla su objetivo de cerrar en el 2,9% del PIB. Los ayuntamientos, nuevamente, serán los que saldrán mejor en la foto. Hacienda exige a los municipios equilibrio y, sin embargo, todo apunta que lograrán un superávit que rondará el 0,5% del PIB. En cualquier caso, no será suficiente para compensar los desvíos autonómicos y de la Seguridad Social.