Un limbo sindical inaceptable

Las ineficiencias de los sistemas de control son una constante en todas las organizaciones, cuyo coste asumimos todos los contribuyentes cuando se dan en el sector público. Un ejemplo de ello es la inaudita situación registral de miles de delegados de personal y miembros de comités de empresa de compañías que han desaparecido en los últimos cuatro años. Se trata de una suerte de representantes sindicales fantasma que siguen inscritos como tales en el registro oficial del Ministerio de Empleo, en su mayoría de CCOO y UGT, lo que posibilita que las centrales perciban de forma lícita subvenciones por ellos.

La explicación a esta anomalía está en la aplicación informática de elecciones sindicales, que prevé la baja automática de la base de datos de todos los representantes al cumplirse cuatro años de su elección. Mientras ese plazo no se cumple, esos nombres se mantienen en una suerte de limbo que acoge a entre 38.000 y 80.000 representantes y que desde 2013 cuesta a las arcas públicas 8,88 millones al año. La existencia de estos delegados fantasma es una ineficiencia flagrante del sistema que no debería tolerarse en tiempos de bonanza, pero que resulta absolutamente inaceptable en una coyuntura de control del gasto público y de obligación de cumplir con los objetivos de consolidación fiscal.