Editorial

Un Gobierno con plena capacidad

El apercibimiento oficial realizado por Bruselas a España sobre el riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit para este año y el siguiente obliga al Gobierno en funciones a resolver en breve plazo esta cuestión. La hoja de ruta acordada con la Comisión Europea exige que el déficit español se reduzca al 4,2% del PIB en 2015 y al 2,8% en 2016. Mientras el Ejecutivo defiende que ese objetivo se cumplirá, Bruselas estima que hay una desviación de seis décimas en 2015 y será de ocho décimas este año. En ese marco de desacuerdo, la CE ha urgido a España para que corrija el rumbo a estos desfases de modo inmediato y ha señalado como foco especialmente problemático el gasto autonómico. La propia Hacienda consideraba el pasado noviembre que solo cinco regiones –País Vasco, Canarias, Baleares, Galicia y Asturias– cumplían en esa fecha el objetivo del 0,7% fijado para las autonomías en todo el año y que la media se situaba en el 1,31%. Todo apunta a que el cierre de 2015 superará esa cifra en el caso de algunas –Murcia, Cataluña o Comunidad Valenciana– que terminarán con déficit superior al 2%. Bruselas quiere que todos los retoques necesarios para cumplir con los objetivos pactados se incluyan en el Plan de Estabilidad que el Gobierno debe remitir a las autoridades europeas en abril. Ello supone que será Mariano Rajoy, un presidente en funciones, el encargado de asumir la tarea y de fijar, por tanto, los ajustes precisos para cuadrar las cuentas. Precisamente por la excepcionalidad de la situación, y dado que el próximo Ejecutivo podría no echar a andar antes de finales de verano si hubiere nuevas elecciones y puede ser de distinto signo al actual, el Plan de Estabilidad de abril deberá ser consensuado no solo con las Administraciones, sino con el resto de fuerzas políticas.

Para culminar ese proceso con éxito, España tiene ante sí dos dificultades de distinta naturaleza. Por un lado, la necesidad de exigir a las comunidades autónomas menos disciplinadas medidas adicionales de recorte de gasto para cumplir con los objetivos de déficit, y, por otro, la obligación de lograr un consenso político suficiente para presentar esa nueva hoja de ruta a Bruselas. Con el Plan de Estabilidad sobre la mesa, España y la Comisión Europea renegociarán probablemente una senda más flexible para alcanzar la consolidación fiscal, en la línea de lo ocurrido con Francia. El hecho de que sea un Ejecutivo en funciones el encargado de pilotar ese proceso dificulta la tarea en sí y constituye una consecuencia más de la anómala coyuntura política que vive en estos momentos España. Un panorama de incertidumbre y parálisis institucional que desincentiva la inversión, dificulta la toma de decisiones económicas y gubernativas, traslada una inestable imagen internacional y debería, por tanto, resolverse cuanto antes para dotar al país de un Gobierno con plena capacidad.