Rajoy baraja pedir más ajustes a las autonomías para contentar a la UE
El clima de buen entendimiento entre Bruselas y el Ejecutivo español se quebró ayer con el apercibimiento al Ejecutivo por el riesgo de que no cumpla el déficit este año ni el que viene. La senda pactada con Bruselas establece que el déficit se reduzca al 4,2% del PIB en 2015 (la cifra se conocerá el 31 de marzo) y al 2,8% en 2016. El Gobierno cree que lo cumplirá y Bruselas considera que habrá un desvío de seis décimas en 2015 y ocho décimas el que viene.
En ese contexto, las autoridades comunitarias han elevado el tono de sus advertencias, con el primer apercibimiento al Ejecutivo español para que aplique medidas de corrección de forma inmediata, en especial en el gasto autonómico. Los últimos datos de Hacienda, correspondientes a noviembre, constataban que solo cinco autonomías (País, Vasco, Canarias, Baleares, Galicia y Asturias) cumplían el objetivo del 0,7% marcado para todo el año y que la media se situaba en el 1,31%. El cierre se situará por encima de esa cifra con algunas autonomías como Murcia, Cataluña o Comunidad Valenciana, con un déficit superior al 2%.
Los recortes para cumplir el déficit están ligados a lograr una senda más flexible de consolidación fiscal
La Comisión ya ha comunicado al Ejecutivo que quiere que esos ajustes estén contemplados en el Plan de Estabilidad, que el Ejecutivo en funciones remitirá a Bruselas en abril. En esa fecha, con independencia del resultado de las negociaciones que mantienen los distintos grupos políticos, no habrá nuevo Ejecutivo y será el que preside Mariano Rajoy el que tenga que fijar los ajustes en el documento que remita a Bruselas. Fuentes del Gobierno confirman que disponen de margen para la fijación de esas medidas a través de lo marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, el artículo 19 fija la advertencia ante una situación de riesgo de incumplimiento. “En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria...el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia de la misma. Formulada la advertencia, el Gobierno dará cuenta de la misma al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si la advertida es una comunidad autónoma. La Administración tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo”, señala el texto oficial.
La excepcionalidad de la situación también obligaría a que la medida sea consensuada, no solo con las autonomías, si no también con el resto de formaciones políticas, puesto que el Ejecutivo que surja de las actuales negociaciones o de unas nuevas elecciones puede ser de signo distinto al actual. Ese Gobierno, que echará a rodar el próximo otoño, se encontrará con la patata caliente de diseñar los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
El actual Ejecutivo en funciones es consciente de que el apercibimiento de Bruselas forma parte de la negociación con España para lograr una senda más flexible en la reducción del déficit público, tal y como sucedió con Francia. El vecino galo se había comprometido con Bruselas reducir el desfase entre ingresos y gastos fiscales por debajo del 3% en 2015. El cierre de 2014 mostró un desfase de un punto y obligó al Gobierno francés a comprometerse a nuevas reformas estructurales y a nuevos ajustes.
Algo similar puede suceder en el caso de España, aunque el margen para ajustar (ya sea vía ingresos o gasto) en las autonomías que más se han desviado (Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón) parece limitado y no es coherente con los presupuestos expansivos aprobados para este ejercicio.
La CE reprocha a Rajoy su tolerancia con las regiones
El apercibimiento de la Comisión Europa a España reprocha al Gobierno español su presunta tolerancia con los desviaciones presupuestarias de las comunidades autónomas. El dictamen de Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos exigiendo mano dura, subraya que a pesar de los poderes otorgados al Gobierno por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, “el Consejo de Política Fiscal y Financiera solo adoptó uno de los 13 planes de ajustes de los Gobiernos regionales que no alcanzaron sus objetivos de déficit en 2014”. Esa aparente negligencia “impidió que el Ministerio de Hacienda llevara a cabo su control”, según subraya la Comisión Europea. Bruselas lamenta que la situación se haya repetido este año, lo que ha dejado impune el grave derrape fiscal registrado en 2015. Los últimos cálculos indican que el déficit agregado de las comunidades autónomas se situó en el 1,3% del PIB, casi el doble del objetivo marcado (0,7%).
Además, reclama al Gobierno que utilice todas las armas previstas en la Ley de Estabilidad, incluidas las medidas preventivas y las correctivas. Y que informe en primavera a la Comisión sobre las medidas adoptadas en el marco de la actualización del programa de estabilidad para 2016.
La Comisión también arremete contra el Gobierno central, por considerar que la rebaja del IRPF ha impedido que se redujera en mayor medida el déficit público. El propio departamento de Moscovici señala algo muy diferente a sus recientes previsiones de primavera, donde afirmaba que “a pesar de las rebajas en el impuesto de la renta, los ingresos fiscales han resistido bien”. Pero coherencia e imparcialidad son dos valores que no cotizan al alza en la CE.
