La banca cree que Benjumea fuera del consejo allana un pacto

Las claves del golpe de mano en Abengoa y sus efectos en el grupo

Exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla).
Exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla). EFE

Las fuerzas rebeldes –léase bancos y bonistas– llevaban armándose desde hace meses para sacar al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, de la compañía. Este, máximo responsable de la multinacional desde 1991 hasta septiembre de 2015, se resistía a dejar el poder y tras su dimisión en septiembre asumió el rol de consejero externo, lo que en la práctica le mantenía al frente de la toma de decisiones del grupo. Era el poder en la sombra, acudía a las reuniones del consejo y movía todos los hilos.

José Domínguez Abascal, que tomó, sobre el papel, las riendas de la compañía dos días después de la solicitud de preconcurso, trató de templar gaitas con los acreedores y al tiempo intentó mantener su lealtad a la familia Benjumea. Pero él mismo había interiorizado que las exigencias de su expresidente eran un torpedo en las fuerzas que tratan de llegar a un acuerdo que salve Abengoa.

Felipe Benjumea reclama que Inversión Corporativa, el vehículo a través del que la familia y otros conocidos linajes andaluces controlan la multinacional, mantenga el 12,5% del capital de Abengoa inmediatamente después de la reestructuración financiera. Esta prevé la metamorfosis en acciones de alrededor de 6.000 millones de euros en deuda corporativa, de los 9.400 que suma en total.

Es más, el expresidente pedía a los acreedores que se le devolviera hasta un 17,5% adicional si Abengoa cumple el plan de viabilidad diseñado por Álvarez & Marsal y que contempla un flujo de caja libre de unos 700 millones en 2020. Es decir, quería recuperar hasta el 30%. Inversión Corporativa tiene en su poder el 51% de los derechos de voto, pero solo un 18,8% de las acciones de Abengoa.

Antonio Fornieles Melero, nuevo presidente ejecutivo de Abengoa
Antonio Fornieles Melero, nuevo presidente ejecutivo de Abengoa EFE

La familia cuya gestión ha detonado el preconcurso de una multinacional española de bandera a nivel planetario exigía mantenerse como uno de los accionistas de control de la nueva empresa. Y los acreedores marcaron ahí una línea roja: “Quien deja de pagar la hipoteca, como mínimo pierde la casa”, resume uno de lo negociadores con la empresa.

Los bancos del G7 –Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole–, en alianza con los bonistas liderados por Houlihan Lokey, han apartado a Felipe Benjumea de la toma de decisiones en Abengoa. El contrato de asesoramiento por un millón de euros al año que firmó tras su marcha de la presidencia, fue rescindido el martes por la noche.

Fuentes financieras matizan que la destitución de José Domínguez Abascal no fue una petición de los acreedores, sino del propio Benjumea. Este aceptó la rendición, al menos momentáneamente, pero arrastró en su caída al hasta ahora presidente del grupo. Otras personas al corriente de las negociaciones explican que los acreedores sacrificaron a Domínguez Abascal con tal de quitarse de en medio, aunque sea solo en los consejos, a Felipe Benjumea. “La cúpula ha sido renovada con la intención de allanar la posibilidad de llegar a un acuerdo que salve la compañía. Otra cosa es que Benjumea todavía pueda maniobrar, pues controla más de la mitad de los derechos de voto del grupo”, resume otra fuente implicada.

No en vano, el hombre elegido para pilotar la reestructuración de Abengoa está íntimamente ligado a KPMG, el actual asesor de los bancos en las negociaciones encaminadas a encontrar una salida para Abengoa. Antonio Fornieles Melero entró en la multinacional andaluza en enero de 2015 como vicepresidente, pero toda su carrera ha estado vinculada al ámbito de la auditoría. En 1984 entró en KPMG, y fue ascendiendo hasta ocupar cargos de máxima responsabilidad, como el de jefe de la firma en Andalucía entre 1994 y 2004, fue responsable de Auditoría en España entre 2004 y 2011, y director de operaciones de esa actividad a nivel global de 2011 a 2012. En declaraciones recogidas por Eldiario.es, Fornieles reconoce que ha aceptado el reto de presidir Abengoa “para cumplir con los requisitos” [de los acreedores].

Su consejero delegado será el hasta ahora director general, Joaquín Fernández de Piérola, nombrado tras la reorganización posterior a la solicitud del preconcurso. Es un hombre de la casa, con responsabilidades desde 2003 en Befesa, Abeinsa y Abengoa México.

 

La liquidez de emergencia, pendiente de un banco

La posibilidad de que Abengoa logre un acuerdo ratificado por acreedores con al menos tres quintas partes de su pasivo total y del 75% del financiero antes del 28 de marzo disminuye cada día. KPMG sigue analizando los planes financiero e industrial de Abengoa. Se esperaba que la consultora, contratada por los bancos que lideran las negociaciones, tuviera esta semana una solución, pero varias fuentes apuntan que es posible que este hito se retrase. “Es complicado que se pueda firmar un acuerdo con el quórum necesario con solo unos pocos días de margen”, señalan fuentes conocedoras de las negociaciones. Además de los bancos del G7, hay más de 200 entidades financieras implicadas. Ylas hay con pasivos muy significativos de entre 200 y 450 millones, como Bankinter, el sudafricano Nedbank, el francés Natixis, Citi, el japonés Sumitomo Mitsui, el brasileño BTG Pascual y la entidad con sede en Dubái (Emiratos Árabes) Mashreq. Además, a los proveedores se les deben casi 4.400 millones.

Mientras, los trabajadores siguen sin cobrar las nóminas de febrero, debido a que al menos uno de los bancos del G7 se niega a ceder las garantías del 25,5% en Yield que se tomaron para dar créditos de emergencia por 231 millones en septiembre y diciembre. Los bonistas liderados por Houlihan Lokey exigen que se les entreguen en prenda una parte de esas acciones para inyectar hasta 165 millones de euros. Los dueños de la deuda cotizada están dispuestos a dar alrededor de 1.000 millones, de los 1.130 que Abengoa necesita entre este y el próximo año para ejecutar su plan. A cambio, exigen en torno al 70% de la compañía reestructurada y que el G7 aporte 800 millones en avales. Los bancos no aceptan, de momento, estas condiciones.