“En justicia es más importante la calidad que la rapidez”
“La ciudadanía exige desde hace tiempo un consenso político y social sobre la justicia” “Deberían suprimirse las tasas a las pymes, que tienen una realidad diferente a las grandes”
Tras obtener el respaldo mayoritario de los decanos de los 83 colegios de abogados en las elecciones celebradas en enero, Victoria Ortega es la nueva presidenta de la abogacía española. Nacida en Palencia en 1958 y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, ha desarrollado su vida profesional en Cantabria, donde fue decana de su colegio de abogados entre 2000 y 2008. Ha ejercido como vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008 y fue su secretaria general desde 2011 hasta su elección como presidenta, cargo del que tomo posesión ante más de 300 representantes del mundo del derecho, la política y la sociedad civil el pasado 28 de enero en el Ateneo de Madrid.
En su discurso de investidura, Victoria Ortega señaló como objetivos de su mandato “fortalecer la influencia de la abogacía en el proceso legislativo, impulsar desde la abogacía un pacto de Estado para la justicia y reorganizar la estructura del Consejo en la dirección de consolidar un proyecto estratégico para el mismo”. Objetivos que requieren, para la nueva presidenta de la abogacía española, la “unidad, fortaleza e independencia” de la profesión.
Pregunta. Reclama un pacto de Estado para la justicia. ¿Qué medidas debería contener este acuerdo que propone?
Respuesta. Las líneas maestras que permitan que en España tengamos una justicia que merezca tal nombre en un Estado de derecho. Lo fundamental es generar un consenso sobre los puntos principales, para luego desarrollar las medidas concretas que permitan llevar este acuerdo a la práctica.
P. ¿Lo cree usted posible, teniendo en cuenta la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas que se manifiesta desde las últimas elecciones?
R. Mantengo un total respeto sobre el proceso político actual y, una vez que tengamos un Gobierno definido, no tengo la menor duda de que llegaremos a un acuerdo, que llevará más o menos trabajo, pero que no dudo que conseguiremos. La ciudadanía exige desde hace mucho tiempo un consenso político y social sobre la justicia y todos estamos obligados a lograrlo.
P. La abogacía viene reclamando que se apruebe una ley orgánica del Derecho de defensa. ¿En qué consiste su propuesta?
R. Efectivamente, es una reivindicación de hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora hemos elaborado un anteproyecto de ley, que hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia. El contenido, alcance y respeto al Derecho de defensa debe estar contenido en una ley orgánica, dada su trascendencia y relevancia en un Estado de derecho. Lamentablemente no ha habido mucho interés hasta el momento para abordar esta regulación, pero, en todo caso, yo prefiero mirar al futuro y no lamentarme por el pasado. Tengo el convencimiento de que lograremos esta ley.
P. Su primera actuación como presidenta fue visitar a los letrados del turno de oficio. ¿Por qué?
R. Es importante transmitir a la sociedad la relevancia del trabajo que realizan los letrados del turno de oficio. Todos los días del año, todas las horas del día, hay abogados que garantizan los derechos de los ciudadanos desde el turno de oficio, y quienes critican su funcionamiento deberían conocerlo mejor.
P. ¿Ha concluido la guerra contra las tasas que encabezó la abogacía en la pasada legislatura?
R. No hablo de guerra, pero en nuestro ánimo está que deberían suprimirse las tasas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que tienen una realidad muy diferente a la de las grandes corporaciones. Seguimos reclamándolo, pero no quiero llamarlo guerra
P. Desde Bruselas se sigue insistiendo en que se debe liberalizar la oferta de servicios profesionales. ¿Temen que el nuevo Gobierno retome la decaída Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a la que tanto se opusieron en la última etapa?
R. Yo no tengo muy claro qué es lo que exactamente exige Bruselas. La regulación española de los colegios profesionales es muy similar a la de otros países de nuestro entorno y no tengo por qué pensar que vayan a obsesionarse con nosotros. Creo que efectivamente será un asunto que volverá a estar en discusión, y por ello creo que debemos ponernos a ello para lograr una Ley de Servicios y Colegios Profesionales consensuada y razonable. No nos vamos a oponer a que se regule de una manera lógica.
P. El 53% de los ciudadanos, según el Barómetro de la Abogacía, cree que la justicia es lenta. ¿Tiene usted la misma impresión?
R. Que la justicia no es muy rápida es una impresión que compartimos todos, pero yo no creo que la celeridad sea el valor principal de la justicia. Los procedimientos deben durar lo que necesiten. Lo importante es lograr una justicia de calidad, sin que por ello sea más lenta de lo necesario.
P. Desde enero, las comunicaciones en la Administración de justicia deben ser exclusivamente electrónicas. ¿Se resisten los abogados a este cambio?
R. Los cambios siempre dan pereza, pero la abogacía ha asumido con toda naturalidad la adaptación tecnológica. Hemos invertido mucho tiempo y recursos para ello porque es positiva. Es cierto que las disfunciones en su funcionamiento no animan mucho al entusiasmo por el desarrollo tecnológico, pero no tengo la menor duda de que con el tiempo y la colaboración de todos llegaremos a solucionar los problemas.
