El demagógico debate de las diputaciones
Eliminar las diputaciones provinciales es una vieja reivindicación de los nuevos partidos políticos, y un viejo refugio de los vetustos para sus políticos de provincias. El argumentario utilizado por quienes quieren defenestrarlas y quienes las defienden son bastante demagógicos, porque nada de lo que de las diputaciones se dice es del todo cierto.
Lo único cierto es que existe un elevado grado de poder y de capacidad presupuestaria en las diputaciones como para tratar de conservarlo, y que se conforman con una especie de democracia indirecta o delegada manifiestamente mejorable. En España, excepciones hechas de las diputaciones forales, hay 38 diputaciones provinciales, con 6.400 millones de euros de presupuesto y algo más de 60.000 trabajadores, que se dedican fundamentalmente a la provisión de servicios municipales (recogida de basuras, abastecimiento de aguas, tendido de carreteras y su mantenimiento, etc.) de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, y que son vítales de todo punto en los centros de población más pequeños y más difuminados en el territorio, especialmente en las Castillas, Galicia, Extremadura o Andalucía.
El PSOE controla desde la elecciones municipales pasadas el mayor número de diputaciones, unas 18, con algo más de 3.300 millones de euros de presupuesto, frente a los 1.760 millones de las quince diputaciones del Partido Popular.
El argumento crítico de los nuevos partidos es que son máquinas de contratación de los partidos viejos, especialmente de políticos retirados de la circulación nacional, y con elevada presencia de gestos nepóticos (de lo que hay varios ejemplos).
Pero parece que las acusaciones a la falta de competencias no se sostiene en pie. Si desaparecen las diputaciones, alguien tiene que hacer su trabajo de vertebración del territorio en materia de servicios a la ciudadanía; la propuesta de crear un Consejo de Alcaldes en cada provincia para mancomunar la gestión de los servicios sería lo mismo que las diputaciones, pero con otro nombre. Si la provisión es más cara o más barata, dependerá, lógicamente, del volumen de los contratos y la capacidad de gestión y las garantías de competencia en los concursos. Vaya, como ahora.
Si lo que sobra es burocracia y funcionarios, despídanse, pero no desnudemos a un santo para vestir a otro con los mismos ropajes solo porque se la haya ocurrido al señor Rivera, que ha vivido siempre en una ciudad grande. Claro que puede ser que el servicio que hacen 60.000 personas pueden hacerlo 30.000; no me cabe duda alguna sobre ello. Gestión profesional y con criterios privados siempre.
De hecho, puede que este tipo de servicios puedan ser cubiertos por las comunidades autónomas, que se han dedicado a absorber competencias con su presupuesto como si fuesen Estados, pero sin descender al terreno de las pequeñas poblaciones. No me atrevería yo a decir hoy que el territorio está mejor integrado que antes de existir el Estado autonómico.
Por cierto, qué dice el señor Rivera sobre las diputaciones forales vascas y navarra, o los cabildos. O en este caso se trata de oinstituciones democráticas y de solvencia probada.
Menos demagogia.