Culpa a Hernández Moltó de falsear las cuentas de la caja

La Audiencia condena a dos años de cárcel al expresidente de CCM

El expresidente de Caja Castilla La Mancha y su exdirector general han sido condenados por la Audiencia Nacional por falsedad contable.

Los máximos responsables de Caja Castilla-La Mancha (CCM), entidad que terminó siendo intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, falsearon a sabiendas sus cuentas anunciando beneficios cuando se había incurrido en “perdidas galopantes”.

Así lo establece la sentencia que acaba de dictar la Audiencia Nacional, que condena al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable.

El fallo condena a ambos a dos años de cárcel y a la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena, es decir, otros dos años.

La sentencia dictada por el Juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia, a la que ha tenido acceso este diario, impone también a cada uno de los condenados el pago de una multa de 29.970 euros –a razón de 111 euros diarios durante 9 meses- y les obliga a satisfacer la mitad de las costas causadas por la causa a partes iguales.

La medida incluye sufragar los costes en que ha incurrido la acusación particular, ejercida por la propia caja, hoy en manos de Liberbank, y de la acusación popular, cursada por la asociación de usuarios de banca Adicae.

En paralelo, el fallo absuelve a Hernández Moltó y a Ortega del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones. Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida tras el caso Banesto.

La firma fue nacionalizada en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad con su gestión.

Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la “aquiescencia” de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su “situación financiera real”.

Deficiente control interno

La sentencia da fe de la “muy notable deficiencia en materia de control interno con especial incidencia en la actuación inversora de CCM” durante la gestión de Hérnandez Moltó y Ortega, y apunta como muy “relevante” el caso de la financiación del fallido aeropuerto de Ciudad Real o en una OPA parcial sobre Metrovacesa.

También se reseñan los importantes deterioros sufridos en 35 sociedades que estaban participadas por la caja así como el incumplimiento normativo de los límites relativos a la inversión en renta variable (activos disponibles para la venta), que se dispararon por encimad e los límites autoimpuestos incluso por el propio Consejo.

La sentencia destaca finalmente “la falta de control de la política inversora” de la entidad, que afectaba directamente a su liquidez por la “excesiva concentración de la inversión” en el sector inmobiliario.

93 millones de beneficios que no lo eran

La situación, vigilada por los inspectores del Banco de España, conllevó un requerimiento el 24 de octubre de 2008, para que CCM constituyera dotaciones por valor de 245 millones y registrase como pérdidas la caída de las acciones de Colonia, Afirma Grupo Inmoibilario, Parquesol, que habrían sufrido caídas del 40% den un año y medio.

“En definitiva, el reconocimiento de estas minusvalías por los resultados reales suponía que la caja tenía pérdidas y no, comos epretendía, unos beneficios de 93 millones de euros”, resume el fallo de la Audiencia Nacional.

Así mismo, el Banco de España comunicó a Hernández Moltó y a Ortega que “la caja era inviable en solitario por su pésima y deplorable situación financiera”, un punto que la defensa de los condenados no ha negado durante el juicio.

El expresidente de CCM y su exdirector general han alegado, sin embargo, que al haber propuesto un calendario por el que afrontarían las provisiones de forma progresiva podían eludir el requerimiento del supervisor.

“Maquillar unas pérdidas galopantes”

Conocedores de la obligación de reconocer estas pérdidas y a sabiendas de que hacerlo tendría consecuencias, “los acusados habían utilizado un ardid contable en el sentido más propio del engaño, disimulo o artimaña o si se prefiere treta o tergiversación”, recoge el fallo, que habla abiertamente de “tapar o maquillar unas pérdidas que bien se pueden denominar galopantes”.

Entre las posibles finalidades del engaño, la sentencia destaca que Hernández Moltó “estaba realizando actvisimas gestiones para fusionar la caja”, ya que el Banco de España le aclaró que en solitario era inviable.

Al afrontar la negociación con otras entidades, concretamente con Ibercaja y Unicaja, que en ningún caso llegaron a buen puerto, el fallo recoge que Moltó sabía que “no es lo mismo sentarse a negociar una fusión representando a una sociedad en pérdidas o con ganancias.

Perjuicio a terceros

El fallo también señala que la entidad pretendía emitir preferentes, y tilda de “como mínimo desasosegante” que estando su venta ligada íntima e indisolublemente a la obtención de beneficios, la entidad falseara sus cuentas para aparentar beneficios “haciendo creer a eventuales o potenciales inversores”.

Finalmente, la sentencia destaca que “ha quedado acreditado que los acusados alteraron la cuenta de resultados para que reflejara unos beneficios inexistentes, en el cierre del ejercicio en diciembre de 2008 y que este falseamiento de los resultados era un medio idóneo para causar un perjuicio económico a cualquier tercero que se relacionara con ella", incluyendo inversores, clientes o potenciales entidades con las que se podría haber fusionado.

El fallo, que no es firme y podrá ser recurrido, también descarta el argumento de las defensas de que las minusvalías de las cuentas podrían compensarse con potenciales plusvalías pues estas hubieran sido logradas ya en el año 2009 y además, habrían sido necesarios 400 millones de euros para ofrecer a la caja un dividendo de 250 millones con el que afrontar el agujero detectado.

Durante el juicio, Moltó alegó que desconocía el detalle de las cuentas de la entidad que presidía y declaró que su papel era más bien "reina madre" o "animador socio cultural" de la entidad. La Audiencia Nacional ha elevado su grado de responsabilidad.