España tiene un funcionario por cada cuatro asalariados privados
El año pasado se cerró con 18.094.200 ocupados en España, tras avanzar un 2,99%, de acuerdo con los datos proporcionados por Estadística. De ellos, 15,093 millones eran empleos de carácter privado, mientras que los 3,001 millones restantes tenían un pagador público, lo que supone el 16,58% del total. Se trata de una proporción ligeramente inferior a la alcanzada en 2011 (17,78%), que supone el punto álgido de la ocupación pública antes de que el Gobierno acometiese el recorte de las plantillas públicas para embridar las finanzas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Pero ciñéndonos exclusivamente al empleo asalariado, el de naturaleza pública siempre ha rondado el 20% del total (un 21% en 2011 y un suelo del 17,3% en 2007 por la altísima tasa de asalarización privada). Ahora hay en España 14,989 millones de asalariados, de los que 11,988 tienen pagador privado y el resto (3,001 millones) lo tienen público. Esto es: hay un empleo público por cada cuatro asalariados privados. Esa proporción estuvo cerca de uno por cada cinco en 2007, cuando los niveles de ocupación global y ocupación privada eran más elevados en toda la serie histórica (14,049 millones de trabajadores por cuenta ajena en el sector privado y 2,96 millones en el sector público).
Docentes, sanitarios, policías y jueces
Las administraciones públicas tienen a su servicio 2,544 millones de personas (1,37 millones de mujeres y 1,17 millones de hombres), y de los que la mitad trabajan en las estructuras administrativas de las comunidades autónomas, que han absorbido la práctica totalidad de las competencias del Estado, sobre todo aquellas muy intensivas en capital humano, como la educación y la sanidad.
Entre los tres niveles administrativos el colectivo más numeroso es el del área de la docencia, que junto con el personal adscrito a las universidades llega a 678.000 empleos, un 26,6% del total, aunque no todo el personal es de carácter docente. De ese colectivo trabajan en las universidades 141.000 personas.
A la actividad sanitaria se dedican 475.000 personas, un 18,68% del personal de todas las administraciones, mientras que 291.000 (el 11,3% del total) pertenecen a las fuerzas armadas (121.800), la Policía y la Guardia Civil (143.000), y las policías autonómicas (26.000). Las administración de justicia da empleo a 62.260 personas (un 2,44%), contabilizando la estructura estatal y autonómica.
De los ocupados dependientes del sector público, la inmensa mayoría trabajan al servicio de las administraciones públicas (2,847 millones) mientras que solo 154.000 están a nómina de las empresas públicas. La administración central da empleo a 529.000 funcionarios, las comunidades autónomas a 1,685 millones, los ayuntamientos a 600.000 personas, y la Seguridad Social a 33.000 funcionarios.
La presencia del empleo público en la economía no es igual en todo el territorio nacional. Donde tiene una implantación relativa superior es en las regiones con menos economía manufacturera y donde la iniciativa privada ha estadio más ausente. Los niveles de empleo público más elevados se concentran en Extremadura, con un 25,75% del total de la ocupación (uno de cada cuatro puestos de trabajo corren por tanto a cargo del presupuesto público o empresas públicas).
Y el contrapunto lo pone Cataluña, donde solo el 12,2% de la ocupación tiene naturaleza pública, un porcentaje que se queda en el 12,93% en Baleares y en el 13,86% en la Comunidad Valenciana. En Madrid, que dispone de un plus de empleo público por la capitalidad del Estado, dependen de pagadores públicos el 16,2% de los empleos. De hecho, Madrid es la única comunidad autónoma en la que el empleo en la administración pública central es superior al empleo que corre de cuenta de la comunidad autónoma: 156.353 funcionarios en la central por 149.000 en la autonómica; en el resto, los efectivos a cargo de la administración autonómica (que absorbe la sanidad y la educación públicas) cuasi triplican a los de la administración central.
Sobrepasan el 19% del empleo total con la ocupación púbica Andalucía, Cantabria o Castilla y León, y por encima del 20% (un empleo público de cada cinco), Asturias y Castilla La Mancha, además de la citada Extremadura. Ceuta y Melilla, por motivos de ubicación, tienen unos niveles de empleo público muy superiores, cercanos en los dos casos al 50%.
