Galicia se enfrenta al Estado al tramitar una tarifa eléctrica propia
La medida es inconstitucional, pues los peajes eléctricos son únicos en todo el país
El pasado 27 de enero, el parlamento gallego acordó por unanimidad admitir a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP), respaldada por 17.000 firmas, para poder fijar una tarifa eléctrica para Galicia y establecer medidas contra la pobreza energética en su territorio. El proyecto contó con el respaldo del Partido Popular que tiene mayoría absoluta.
Esta iniciativa se sumaba a otra similar aprobada por el parlament de Cataluña el pasado mes de julio, incluida en la ILP contra los deshaucios y la pobreza energética en dicha comunidad, si bien, la propuesta gallega es mucho más radical, ya que la catalana no hace referencia a unos peajes propios.
Promovida por la Confederación Intersindical Galega (CIG), la propuesta persigue una reducción del 30% de los costes de los peajes a los consumidores gallegos, lo que se traduciría en una reducción de su factura en aproximadamente la mitad de ese porcentaje. Los diputados defensores de la futura norma, argumentaron que es una contradicción que Galicia genere más energía eléctrica de la que consume (según ellos, exporta el 40%), y que pague la misma factura que el resto. Una menor factura eléctrica en Galicia también beneficiaría a empresas ubicadas en el territorio, como Alcoa, según sostuvo en el parlamento el exdiputado del BNG, Fernando Blanco.
Voces críticas contrarrestan este argumento asegurando que también el coste del mantenimiento de las redes eléctricas en Galicia (dada su orografía y la dispersión de la población) es mucho mayor que en el resto de España y no por ello pagan más peajes. Además, una cuestión es la generación (una actividad libre) y otra las redes de distribución (regulada).
Esta aspiración es sin duda inconstitucional, según fuentes del sector eléctrico. De hecho, se da por hecho que el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad si la norma prospera. El respaldo del PP se interpreta como un gesto frente a la oposición, pero se da por hecho que finalmente usará su mayoría absoluta para bloquear la ILP, al menos, lo referido a la tarifa gallega.
La Ley del Sector Eléctrico establece una tarifa de acceso única para todo el territorio. De hecho, algunos intentos en contra han terminado en agua de borrajas. Lo más que han conseguido las comunidades autónomas, como la propia Galicia es imponer tasas autonómicas medioambientales de todo tipo, que, finalmente, se queda Hacienda.
En el caso catalán, la citada ILP incluye medidas contra la pobreza energética. El objetivo es garantizar el suministro de agua, la luz y el gas con el objetivo de parar los costes de suministro a personas en peligro de exclusión, mediante un protocolo que obliga a la Administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos y “a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a donde perdido”. En un principio, la Generalitat aportó cinco millones de euros.
“Los peajes serán únicos en todo el país”
“Un parlamento autonómico no puede legislar sobre la tarifa eléctrica, pues esta es competencia exclusiva del Estado”. Así lo aseguran todas las fuentes jurídicas consultadas, que muestran su extrañeza por la iniciativa del parlamento gallego.
El artículo 16 de la Ley del Sector Eléctrico atribuye al ministro de Industria la potestad para fijar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se fijarán de acuerdo con la metodología establecida por la CNMC, que tendrá en cuenta los costes de estas actividades. También podrá fijar los cargos necesarios (lo que en la tarifa no son peajes), “que se establecerán según la metodología prevista para cubrir otros costes de las actividades del sistema.
Los peajes y cargos así calculados “serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos”, deja claro dicho artículo. Los peajes tendrán en cuenta los niveles de tensión y las características de los consumos por periodos horarios y potencia. En caso de que las actividades o instalaciones eléctricas fueran gravadas con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre tributos estatales, se podrá incluir un suplemento territorial que cubrirá el sobrecoste de esos tributos.
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