La ruptura de Schengen costaría 100.000 millones como mínimo

La canciller alemana y el presidente francés se reunieron anoche en Estrasburgo para abordar, entre otras cosas, la crisis de refugiados, que amenaza con dividir a la Unión Europea y llenarla de nuevo de controles fronterizos e interminables colas para el transporte de pasajeros y mercancías entre un país y otro.

Las negociaciones entre Angela Merkel y François Hollande intentan allanar el camino hacia un acuerdo a nivel europeo que permita salvar Schengen, el Tratado que suprimió a partir de 1995 los controles fronterizos en la mayor parte del continente europeo.

Bruselas se ha fijado un plazo de dos meses, hasta la cumbre europea de marzo, para buscar una solución a la crisis de los refugiados y evitar así el derrumbe de Schengen.

El peligro de ruptura es tan real que el centro de estudios estratégicos del Gobierno francés ya ha empezado a calcular el coste de la reaparición de los puestos fronterizos. Los asesores del primer ministro francés, Manuel Valls, cifran en 100.000 millones de euros, como mínimo, el impacto en la economía de los 26 socios de Schengen, lo que supondría una merma equivalente al 0,8% del PIB de todos esos países.

El comercio bilateral entre los miembros de la zona podría caer entre un 10% y un 20%, según el informe del centro estratégico del Gobierno francés, publicado la semana pasada. Solo para Francia, la factura podría alcanzar los 10.000 millones de euros.

El coste podría ser incluso mayor, porque los analistas galos no han valorado las consecuencias del fin de Schengen para los flujos financieros y la inversión extranjera. “Es muy probable que también se vieran afectados, pero los efectos son difíciles de cuantificar”, asegura el estudio francés, publicado la semana pasada.

El servicio de estudios de la Comisión Europea también está revisando las potenciales consecuencias económicas del no-Schengen, pero aún no ha facilitado datos concretos. El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ha advertido que el coste sería enorme para un continente donde “hay 1,7 millones de empleados transfronterizos, que cruzan a diario las fronteras (...); se hacen cada año 24 millones de viajes de negocios de un país a otro y 57 millones de camiones atraviesan las fronteras”.

La CE calcula que, solo en el sector del transporte por carretera, cada hora de retraso en cruzar una frontera supone un coste de 55 euros por camión. Una factura que reduciría la competitividad de los países de la periferia, cuyas exportaciones dependen en gran medida del mercado europeo. Por Alemania, centro neurálgico de ese mercado, pasan cada año más de 18 millones de camiones procedentes de otros países europeos, según datos recogidos por el centro de estudios Bruegel.

Los expertos del Gobierno francés consideran que el impacto en transporte, turismo y trabajadores transfronterizos se sentiría de manera inmediata, tan pronto como se confirmase el reestablecimiento de unos controles fronterizos que ya han empezado a aparecer. A finales del año pasado, Austria, Alemania y Francia (en este caso, por la amenaza terrorista), introdujeron controles de manera temporal (hasta tres meses). Este año han sido Suecia y Dinamarca. Bruselas ha amenazado con expulsar de facto a Grecia de Schengen si no refuerza la seguridad de sus fronteras exteriores Y la Comisión ya prepara el mecanismo legal para que los controles internos se puedan mantener hasta dos años.

Los atascos de tráfico ya han aparecido en numerosos cruces fronterizos, pero el daño va mucho más allá de la posible incomodidad de un retraso en el viaje. Europa está mucho más integrada que cuando se firmaron los acuerdos en Schengen (localidad de Luxemburgo) en 1985 y que cuando entraron en vigor hace 20 años. La libre circulación sin cortapisas habituales se ha convertido en un activo de la UE, alimentado también por factores como la unidad monetaria, la caída de precios en el sector aéreo o los programas de intercambio laboral y educativo (Erasmus).

Juncker ha llegado a advertir que “sin Schengen y sin la libertad de movimiento de trabajadores y ciudadanos, el euro no tiene sentido”. Desde un punto de vista estrictamente legal, el hundimiento de Schengen no tendría por que arrastrar a la moneda única, señala Guntram Wolf, director de Bruegel. “Irlanda y Chipre, miembros del euro, están fuera de Schengen”, pone como ejemplo. Pero Wolf, como la mayoría de los analistas, admite que la abolición de Schengen no es solo un riesgo económico, sino político “porque es un símbolo visible y muy poderoso de la integración europea”.

12.000 marinos españoles reclaman una pensión en Noruega

Long Hope es el desesperado nombre de la asociación que desde hace 20 años defiende las reclamaciones de 12.000 marinos mercantes españoles que trabajaron entre 1971 y 1994 para navieras de Noruega.

Los demandantes aseguran que cotizaron en aquel país nórdico y reclaman a las autoridades de Oslo que les reconozcan el derecho a una pensión o les reembolsen los millones de euros pagados.

Noruega se niega porque asegura que esos marinos nunca estuvieron afiliados al sistema nacional de pensiones. Y España no les reconoce los años trabajados en el extranjero, si no presentan un certificado de las autoridades noruegas con las cantidades cotizadas.

Pero la batalla continúa y los eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida pidieron el mes pasado a la comisaria europea de Empleo, Marianne Thysen, que interceda en el caso para garantizar los derechos de esos miles de pensionistas.

Thyssen reconoce la difícil situación en que se encuentran los marinos españoles y aboga por un acuerdo bilateral entre Madrid y Oslo para resolver el conflicto, según la respuesta a los parlamentarios fechada el 3 de febrero.

La comisaria subraya, además, que el Tribunal de Justicia europeo está dirimiendo un caso similar que enfrenta a marinos austríacos con navieras holandesas. “Si el Tribunal falla a favor de los demandantes, será de gran interés para los marinos españoles que trabajaron en los navíos noruegos”, alienta la comisaria en su misiva a los europarlamentarios.

Thyssen recuerda, sin embargo, que la CE no tiene potestad para obligar a Noruega a permitir la incorporación retroactiva de los marinos en el sistema de pensiones del país ni para forzar a Madrid y Oslo a pactar una solución bilateral.

En 1994, entró en vigor el Reglamento de coordinación de regímenes de Seguridad Social a cuyos efectos los marinos son residentes en el país de bandera del navío. Pero hasta 1994, Noruega consideraba a los españoles no residentes y sin acceso a sus pensiones., así que se quedaron en tierra de nadie.