Puigdemont hace suyo y relanza el proyecto independentista de Mas

El nuevo presidente de la Generalitat dice que no le "temblarán las piernas" Elegido con los votos de JxSí y la CUP, apuesta por proclamar la independencia en 18 meses

Cuando faltaban pocas horas para agotar el plazo legal, el Parlamento catalán eligió con los votos a favor de Junts pel Sí y la CUP  a Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. La oposición en bloque (Ciudadanos, PSC, Cataluña sí que es pot y PP) votaron en contra de la investidura del ex alcalde de Gerona, que en su discurso se comprometió a cumplir la hoja de ruta soberanista impulsada por su antecesor, Artur Mas.

Supone un desenlace inesperado y fuera del cualquier pronóstico. Es la última jugada política de Artur Mas. Ante la evidencia de que la formación anticapitalista no apoyaría su investidura y ante las negras previsiones electorales, el que hasta ayer era el jefe del Ejecutivo catalán en funciones optó por impulsar a alguien de su confianza y de su partido a la Presidencia.

El discurso de investidura de Puigdemont, que abandonará la alcaldía de Gerona, incluyó numerosas referencias al que realizó Artur Mas el 9 de octubre. Fue la forma de demostrar que, “si bien cambian los nombres, el proyecto es el mismo”. El nuevo presidente de la Generalitat hizo suyos todos y cada uno de los puntos del programa secesionista que contempla un plazo de 18 meses para constituir el futuro Estado catalán. Puigdemont recordó la resolución independentista aprobada el 9 de octubre que “declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”. El Tribunal Constitucional anuló la resolución independentista, recordando que la soberanía nacional reside en el conjunto de España.

Puigdemont: "El programa de Govern que propongo es el mismo que propuso Mas el 9 de noviembre"

Sin embargo, Puigdemont insistió durante una intervención que duró algo menos de una hora que seguirá el proyecto soberanista y señaló que ello implica avanzar en la “construcción de estructuras de Estado” como la creación de una “Hacienda propia”. De hecho, la Generalitat ya ha incrementado los recursos de la Agencia Tributaria de Catalunya; sin embargo, la administración autonómica no cuenta con lo más importante: un censo de los contribuyentes. Un problema similar ocurre con la promesa de crear una Seguridad Social.

El presidente de la Generalitat señaló que el objetivo es poner en marcha cuanto antes una “ley de proceso constituyente” que fije los pasos a seguir para proclamar la independencia en el plazo de 18 meses. Puigdemont señaló que está abierto a la negociación con el “Estado español, la Unión Europea y la comunidad internacional”, aunque también avisó de que el proyecto soberanista es irreversible.

Artículo 155 de la Constitución

Las aspiraciones de los independentistas chocan frontalmente con la legalidad vigente y el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, así como los dos grandes formaciones políticas, Partido Popular y PSOE, que han manifestado que no hay margen para la secesión. El presidente del Ejecutivo en funciones recordó cuando todavía no se había producido la votación que el Estado cuenta con instrumentos para frenar el desafío nacionalista catalán.

El sucesor de Mas defiende la resolución secesionista que tumbó el Constitucional

Al final de la anterior legislatura, el Ejecutivo impulsó una reforma exprés del Tribunal Constitucional que contempla la posibilidad de inhabilitar a los cargos públicos que incumplan las resoluciones y sentencias del Alto Tribunal. De hecho, cuando el Constitucional aceptó a trámite el recurso contra la resolución independentista del 9 de noviembre, notificó la decisión a Mas y también a otros 20 altos cargos, recordándoles que debían cumplir las decisiones judiciales. Si Puigdemont sigue la resolución independentista corre el riego de ser inhabilitado. Por otra parte, Moncloa no oculta que cabe la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, que contempla la suspensión de la autonomía en los casos de que una comunidad “atente gravemente al interés general de España”. Nunca se ha aplicado este artículo.

Puigdemont, durante su intervención, señaló que “no le temblarán las piernas” a la hora de avanzar hacia la independencia. Ello hace presagiar un choque de trenes, aunque el presidente de la Generalitat también dijo en otro momento que “habrá coraje, pero no temeridad”.

La necesidad de pactar con la CUP, además de forzar a Junts pel Sí a postular un candidato alternativo, se reflejó en las medidas sociales que Puigdemont anunció que impulsará su Ejecutivo, que tendrá como uno de los hombres fuerte a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Puigdemont prometió la puesta en marcha de un plan de emergencia, defendió una suerte de renta básica y anunció su intención de garantizar el derecho a la vivienda. Cataluña prorrogó los Presupuestos de 2015 y ahora el nuevo Gobierno tendrá margen para aplicar cambios. Sin embargo, la situación de las finanzas catalanas es delicada. Cataluña lleva años incumpliendo el objetivo de déficit y no tiene acceso a los mercados. Depende del Ministerio de Hacienda para cumplir con sus obligaciones. Así, la tesorería de la Generalitat deja un margen escaso o prácticamente nulo para aplicar un “plan social” ambicioso.

Mas, “en la papelera de la historia”

El acuerdo que ha permitido sortear las elecciones entre Junts pel Sí y la CUP implica que dos representantes de la formación anticapitalista se incorporarán a la dinámica de la coalición que integra Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) y ERC. Además, el acuerdo in extremis contempla un punto en el que la CUP reconoce que su “beligerancia” contra Junts pel Sí ha puesto en “riesgo el proceso”. El diputado de la CUP Benet Salellas rechazó ayer que el pacto suponga una humillación para su formación y se jactó de que su partido ha enviado a “la papelera de la historia” a Artur Mas. Por otra parte, el acuerdo también contempla la renovación del grupo parlamentario de la CUP, que ayer decidió que, en cumplimiento del pacto con JxSí, dimitirán tras el debate de investidura los diputados Julià de Jodar y Josep Manel Busqueta, que serán sustituidos por Mireia Vehí y Joan Garriga.

Arrimadas: "Investimos al señor Mas... de lo mismo"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, consideró ayer que Carles Puigdemont será un presidente “continuista” que ha sido “puesto a dedo” para acometer un proyecto “ilegal” de independencia, y se comprometió a “dejarse la piel” en defensa de la democracia y de las leyes.

Durante su intervención en el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Arrimadas criticó que el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP pretende hacer un “cordón sanitario” al 52 % de los catalanes que no apoyan la secesión. “Hoy investimos al señor Mas... de lo mismo·, señaló Arrimadas. La jefa de la oposición recordó declaraciones pasadas de Puigdemont y denunció que el presidente de la Generalitat no es una persona “suficientemente moderada. “Los invasores serán expulsados de Cataluña”, dijo Puigdemont durante la campaña electoral, palabras que Arrimadas le recriminó.

Iceta pide tener en cuenta al 52% que votó no a la secesión

El líder del PSC, Miquel Iceta, reclamó ayer al nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que trabaje también por el 52% de catalanes que en las elecciones catalanas no votaron a los grupos independentistas de Junts pel Sí y la CUP porque no comparten sus planteamientos secesionistas ni su hoja de ruta. “El respeto por el pluralismo obliga a practicar el diálogo con la oposición, no bloquear por sistema sus iniciativas y debatir de forma constructiva sus propuestas”, destacó el portavoz del tercer partido más votado.

El líder de Catalunya sí que es pot, Lluís Rabell, aseguró que la maniobra política de Mas solo persigue ganar tiempo para refundar su partido y evitar el previsible batacazo electoral. El portavoz del PP, Xavier García Albiol, avisó de que el proceso independentista no llegará a ninguna parte porque el Estado y el Gobierno central tienen mecanismos para evitarlo.