La obligación de pagar a los proveedores
Uno de los grandes caballos de batalla del Gobierno de Mariano Rajoy en los cuatro años de legislatura que acaba de expirar ha sido tratar de solucionar el ingente retraso acumulado en el pago de las Administraciones a los proveedores. ElMinisterio de Hacienda puso en funcionamiento un complejo plan -tal vez el único en el conjunto de los últimos cuatro años que contó con la unanimidad del resto de partidos políticos- cuyo objetivo era poner a cero el contador de esas deudas. Con este mecanismo, se abonaron en torno a 42.000 millones a todo tipo de proveedores.
Una vez concluido este proceso -y siempre con la intención de controlar el montante de esa deuda-, el departamento que dirige Cristóbal Montoro articuló el denominado Fondo de Liquidez Autonómico, e introdujo el concepto de periodo medio de pago, que es utilizado como espita reguladora del traspaso de dinero a las regiones.
Ahora, poco más de un año después de que el equipo de Montoro comenzara a hacer público el periodo medio de pago por parte de las Administraciones Públicas, el panorama que se dibuja es variopinto. Un total de nueve comunidades autónomas incumplen con claridad el plazo legal de pago fijado, que es de 30 días. Además, ocho regiones pagan hoy con más retraso que hace doce meses.
El hecho de que las Administraciones Públicas cumplan a rajatabla con sus obligaciones de pago debe ser algo absolutamente inexcusable. En primer lugar, por el deber de ejemplaridad. En unos momentos en los que la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas está en su máximo nivel, cumplir con las obligaciones pecuniarias se hace indispensable, en especial cuando el siguiente requerimiento de los gobernantes a los gobernados es que respondan a sus obligaciones fiscales.
Y en segundo lugar, porque la morosidad pública ha provocado un sinfín de sociedades cerradas, trabajadores condenados al paro y familias con problemas. La economía española tiene como sustrato principal una auténtica pléyade de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son muy dependientes de las Administraciones Públicas. De ahí lo trascendente, lo vital que es que el flujo de los pagos funcione correctamente. En definitiva, todo parece indicar que el modelo diseñado por Hacienda funciona correctamente, aunque necesitará de ajustes permanentes y de vigilancia constante y contundente. El Gobierno dispone de herramientas para exigir que se cumplan los límites y los plazos. Pero ha de hacerlo con prudencia y analizando muy detenidamente los motivos de los hipotéticos incumplimientos.Las comunidades autónomas, por su parte, han de ser coherentes y respetuosas con los criterios que con alto grado de consenso se fraguaron sobre este espinoso y trascendental asunto.