El Alto Tribunal tramita la querella y fija un importe equivalente a los bonus cobrados

La Audiencia pide a Benjumea y Sánchez Ortega 16 millones de fianza por Abengoa

Los exdirectivos deberán devolver el dinero en un plazo máximo de 24 horas

En paralelo, 250 accionistas minoritarios presentan una demanda contra el consejo

Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa.

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la querella por administración desleal contra Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega como exdirectivos de Abengoa. Les exigirá como fianza los importes que cobraron como bonus, y solo tienen 24 horas para devolverlos. El primero, presidente hasta finales del pasado septiembre, se llevó 11,5 millones de euros, y el segundo, consejero delegado hasta mayo, cuando Santiago Seage se embolsó 4,5 millones.

El Alto Tribunal les acusa de un delito de administración desleal y de uso de información privilegiada. La Audiencia ha solicitado a la CNMV que remita toda la información de que disponga sobre los pagos a Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega; también todos los datos sobre las operaciones de compraventa de Blackrock, gestora a la que fue a trabajar Sánchez Ortega dos meses después de salir de Abengoa y que apostó contra las acciones de Abengoa. La auditora de las cuentas del grupo, Deloitte, también está bajo la lupa de la Justicia: tendrá que enviar el último informe elaborado sobre las cuentas de Abengoa. 

Los minoritarios cargan contra el consejo de administración

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha presentado la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de un grupo de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios.

Según ha informado hoy el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo -responsable de la defensa de estos accionistas-, la demanda se ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que deberá decidir sobre su admisión a trámite.

La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Inicialmente tiene carácter civil y su objetivo es “la reparación del daño patrimonial” sufrido por los accionistas minoritarios, pero “no se descarta” el ejercicio de acciones penales si se dedujeran indicios de los que desprendieran responsabilidades criminales.

Según aseguró el pasado día 1 ante los medios el socio director del despacho, Javier Cremades, la argumentación es similar a la que han utilizado varias demandas de 'class action' presentadas en Estados Unidos, que ponían de manifiesto que la información financiera suministrada a los inversores por los directivos de Abengoa no se correspondía con la situación real de la empresa.

Cremades explicó que Abengoa cuenta con inversores de más de 50 nacionalidades y que los accionistas que representan han sufrido unas pérdidas entre 400.000 y 6.000 euros.

Abengoa solicitó el pasado noviembre el preconcurso de acreedores y negocia con los acreedores un plan que evite la que sería la mayor insolvencia en la historia de España

El pasado 16 de diciembre, la Fiscalía solicitó a la jueza Carmen Lamena que admitiera a trámite una de las querellas que han sido presentadas tras la solicitud de preconcurso de acreedores de Abengoa. Es la impulsada por dos bonistas contra el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por administración desleal. Finalmente, la Audiencia ha encontrado suficientes indicios de delito para admitirla a trámite, aunque el auto publicado hoy 

En un informe transmitido a la jueza de la Audiencia Nacional, el fiscal consideró que los dos querellados “realizaron conscientemente una administración desleal” primando “sus intereses patrimoniales a los de la sociedad”. Además, recoge la conexión citada en la querella de Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado de Abengoa desde mayo, y BlackRock, gestora de fondos que reconoció posiciones bajistas en la empresa –llegó a tener un 0,51% del capital según datos recogidos por la CNMV–, que podría ser constitutivo de delito de uso de información privilegiada.

La querella, presentaba por los despachos Ius Aequitas e Izquierdo Asociados el pasado 30 de noviembre, en nombre de dos bonistas con una inversión de 104.000 euros, destaca que la caída en Bolsa de Abengoa y su filial estadounidense Yield “tiene su origen en una horrible gestión”. El texto también hace referencia al abono a los exdirectivos de sendas indemnizaciones, de 11,48 millones de euros para Felipe Benjumea, y de 4,48 millones para Sánchez Ortega, además de 3,3 millones en concepto de bonus variable que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”.

El ministerio público coincide con los demandantes sobre las diligencias exigidas, tales como la certificación por parte de Abengoa del abono de dichas indemnizaciones a ambos directivos y la solicitud a la CNMV de la remisión de las operaciones de compraventa de títulos de la compañía sevillana realizados por el fondo de inversión desde el 1 de agosto. Además, pidió al juzgado de Sevilla que tramita el procedimiento de insolvencia una copia de la solicitud del preconcurso y a la auditora de la compañía Deloitte el último informe de las cuentas del grupo sevillano. Por último, reclama para los antiguos ejecutivos de Abengoa una fianza equivalente a las cantidades recibidas en concepto de indemnizacione

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