Tribuna

Lo que necesita España

La última encuesta del CIS muestra con rotundidad que el paro es el principal problema de los españoles (un 77,5% lo cita como uno de los tres problemas principales), seguido a cierta distancia por la corrupción y el fraude (40,1%). El paro es al mismo tiempo el principal motivo que hay detrás de la pobreza y fuente de desigualdad, por lo que debe ser el objetivo fundamental del Gobierno que se forme tras las elecciones de ayer domingo.

Dado que una gran parte de esa elevada tasa de paro es estructural, la prioridad no debe estar en las reformas coyunturales (cortoplacistas), sino en las tan mencionadas pero tímidamente implementadas reformas estructurales. Solo haciendo la economía más competitiva/productiva y yendo más allá en la reforma laboral (todavía hay una marcada dualidad en el mercado de trabajo entre indefinidos y temporales), será posible conseguir al mismo tiempo reducir la tasa de paro estructural y aumentar los salarios.

La economía española salió de la recesión a mediados de 2013, como demuestra el crecimiento desde entonces del PIB y la creación de empleo. Pero si bien las variables flujo van bien (menos parados, reducción del déficit en la balanza comercial, reducción del déficit público, recuperación del crédito, ganancias de productividad, etc.), los desequilibrios acumulados en términos de stock son enormes: 4,8 millones de parados-EPA, deuda pública equivalente casi al 100% del PIB, deuda externa neta que supone el 93% del PIB, una ratio deuda privada/PIB del 181%, etc. En resumen, un nivel de deuda de tal calibre que supone un lastre para la recuperación y una pésima herencia para las generaciones futuras.

Aunque es cierto que una parte de la recuperación de la economía española se debe a algunas de las medidas “domésticas” adoptadas, no es menos cierto que hemos nadado a favor de la corriente gracias a las múltiples y continuas medidas del Banco Central Europeo (que han permitido una reducción del coste de la financiación, tanto para el sector público como privado, y una depreciación del euro con el consiguiente impulso de nuestras exportaciones) y a la caída del precio del petróleo. El propio BCE cuantificó hace poco en un informe que una parte muy importante de la caída de la prima de riesgo de la economía española se debía a las medidas por él adoptadas. Pero si la corriente para (y parará), nadar costará más, salvo que con reformas estructurales fortalezcamos nuestra economía para que sea más competitiva. De las múltiples reformas pendientes, la fiscal debe ser una de las prioritarias, ya que como demuestran las estadísticas y nos recuerdan constantemente las instituciones internacionales (Comisión Europea y FMI, entre otras), no es compatible el peso de los ingresos públicos en el PIB con el actual Estado del bienestar. Tenemos un compromiso con Bruselas que debemos cumplir y que exige un esfuerzo de reducción del déficit público que no puede dejarse solo en manos del gasto, sino que exige un aumento de los ingresos públicos. Y el esfuerzo debe ser más equilibrado y equitativo del que hasta ahora se ha impuesto recayendo gran parte del ajuste en las Comunidades Autónomas, lo que exige además una reforma urgente del actual sistema de financiación autonómica.

La estabilidad política es un caldo de cultivo necesario para implementar las necesarias reformas estructurales, que no es fácil de conseguir en Gobiernos en coalición como el que se anticipa. Además, la recuperación será más intensa si cuenta con el apoyo de la inversión extranjera que es muy sensible a los conflictos geopolíticos. Y el caso catalán está ahí y es centro de atención también desde fuera de España, lo que supone uno de los primeros problemas con los que tendrá que lidiar el nuevo Gobierno.

Siguiendo con las necesarias reformas estructurales, hay otra no menos importante que la fiscal y es insuflar más competencia en algunos de los sectores de la economía. Algo se ha avanzado con la ley de Unidad de Mercado, pero hay que ir más allá. Y para que los sectores sean más competitivos, hay que la eliminar todo tipo de obstáculos (como los regulatorios) para que las empresas ganen tamaño. A la lista de reformas estructurales habría que añadir la energética y la reforma de la reforma del sistema de pensiones, dado que en el futuro tiene problemas de sostenibilidad financiera.

Si el objetivo prioritario es reducir el paro estructural y aumentar el potencial de crecimiento de nuestra economía, hay que tener en cuenta que eso exige ganar productividad y los economistas tenemos muy claro cuáles son sus factores determinantes. El nuevo Gobierno debería incentivar el I+D+i (que ha sufrido un enorme recorte con la crisis), el capital humano (con propuestas de reformas educativas estables y no sujetas al vaivén del ciclo político y que involucren a todos los agentes implicados en la formación, incluyendo la formación de los parados), la internacionalización y el tamaño de las empresas. Si la economía gana productividad (problema endémico de nuestra economía desde hace años), todos salimos ganando, la generación presente pero también las futuras.

Joaquín Maudos es Catedrático de Economía de la UV, Director Adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.

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